Una comisión de la ONU concluye que Rusia ha cometido "crímenes contra la humanidad" por deportación de niños

A pesar de que en numerosas ocasiones el paradero y el destino de los menores trasladados resultó desconocido para sus padres y tutores, muchos de ellos emprendieron búsquedas personales sin contar con la información proporcionada oficialmente por las autoridades responsables. Según informó Europa Press, una comisión independiente de investigación de Naciones Unidas determinó que las autoridades rusas incurrieron en crímenes contra la humanidad al llevar a cabo la deportación y traslado forzoso de más de 1.200 niños ucranianos desde el inicio de la invasión militar a Ucrania, el 24 de febrero de 2022. El informe, al que accedió Europa Press, sostiene que las pruebas reunidas evidencian estos crímenes y documentan el retraso injustificado de repatriaciones, lo que también constituye un crimen de guerra según el Derecho Internacional.

Europa Press detalló que la investigación abarcó hechos ocurridos en cinco provincias ucranianas, así como en el territorio de la Federación de Rusia y otras zonas bajo ocupación rusa. De acuerdo con el reporte, los menores afectados, de entre 11 meses y 17 años, resultaron principalmente separados de sus familias en situaciones de conflicto armado o vivían en instituciones como orfanatos. La comisión documentó que los traslados se realizaron por medio de autobuses, trenes o aviones hacia centros de tránsito en Rusia o regiones bajo control ruso en Ucrania, y que la justificación oficial aludía a evacuaciones por motivos de seguridad. Sin embargo, el informe subrayó que las regulaciones del Derecho Humanitario establecen que estas evacuaciones deben ser temporales y responder únicamente a razones imperiosas de salud, tratamiento médico o seguridad inmediata, condiciones que según la comisión no se cumplieron.

La comisión consignó que, a cuatro años del inicio del conflicto, aproximadamente el 80% de los niños afectados en los casos investigados por el grupo todavía no ha regresado a sus lugares de origen. El informe sostiene que las autoridades rusas no establecieron un mecanismo eficaz para facilitar estos retornos, situación que generó largas separaciones familiares. Además, se constató que muchos menores recibieron la ciudadanía rusa y quedaron inscritos en bases de datos para adopciones en el país.

Según publicó Europa Press, el informe explicó que estas acciones estuvieron coordinadas mediante una política diseñada e implementada desde los niveles más altos del Estado ruso. El presidente Vladimir Putin, según la comisión, impartió instrucciones directas a instituciones clave, y desde el inicio de la ofensiva militar las autoridades coordinaron medidas legislativas, administrativas y prácticas orientadas a facilitar el traslado de menores. El reporte recogió viajes de funcionarios a las provincias ocupadas, visitas a centros de acogida y reuniones de coordinación interinstitucional.

Las autoridades de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk modificaron regulaciones locales para facilitar la asignación de niños deportados a familias rusas y agilizar estos procesos. Europa Press destacó que los traslados, por lo general, ocurrieron con la presencia de funcionarios rusos y recibieron significativa cobertura informativa en medios estatales, con la presencia de estos menores en eventos “festivos” organizados con fines propagandísticos.

El informe de Naciones Unidas, citado por Europa Press, recogió el testimonio de niños que, tras haber sido devueltos, declararon que durante su estancia en territorio controlado por Rusia los obligaban a escuchar a diario el himno nacional y que, si se negaban, sufrían amenazas o presión psicológica. También se reportaron casos de adoctrinamiento narrados por familias y tutores de menores trasladados.

La comisión observó que, en instituciones de la región de Jersón, los directores que se opuseron a colaborar con las autoridades rusas para la deportación de los menores fueron removidos de sus cargos y sustituidos por personas que autorizaron los traslados. Se consignó, además, que la información sobre el destino de los menores y los procedimientos seguidos no fue comunicada de manera transparente a los familiares afectados, lo que propició que muchos padres intentaran localizar a sus hijos por vías independientes y padecieran separaciones prolongadas.

La investigación de Naciones Unidas, de acuerdo a lo informado por Europa Press, se sustentó en 232 entrevistas a padres, tutores legales, menores, familiares, expertos, periodistas de investigación y autoridades gubernamentales, así como personal de las instituciones afectadas. Además, se analizaron más de 2.000 documentos, incluyendo registros de instituciones, listas de niños trasladados, documentos oficiales de identidad, 41 textos oficiales distribuidos por autoridades rusas y organismos de facto en zonas bajo control de Moscú, y publicaciones provenientes de sitios web gubernamentales y bases de datos públicas.

Europa Press consignó declaraciones del presidente ruso en las que sostuvo que la evacuación de niños de orfanatos se realizó “legalmente” bajo la tutela de los directores de estas instituciones, a quienes consideró tutores legales. No obstante, el informe de Naciones Unidas precisó que, en los casos documentados, no se solicitó el consentimiento de los directores designados por el Gobierno ucraniano y, en su lugar, se recurrió a la aprobación de autoridades locales o de directores que colaboraron con el aparato estatal ruso.

En el análisis presentado, la comisión independiente concluyó que el traslado y deportación de menores ucranianos constituyeron no sólo crímenes de guerra, por ejecutarse de forma ilegal y prolongada, sino crímenes contra la humanidad dados el carácter sistemático de las deportaciones, la intervención de altos funcionarios en la toma de decisiones y la ausencia de mecanismos efectivos para el retorno de las víctimas. La documentación relevada expuso que las familias de los niños siguen enfrentando obstáculos, retrasos y riesgos asociados a la búsqueda y aseguramiento del regreso de sus hijos.

El medio europeo recogió que la comisión evaluó la presencia de legislación modificada en territorios ocupados para facilitar la adopción o reubicación de niños ucranianos en familias rusas. Durante las reuniones intergubernamentales, estas medidas se coordinaron con la intención de consolidar la presencia de los menores en zonas bajo control ruso, dificultando aún más su retorno a Ucrania.

La extensión del informe, de 17 páginas, permitió recopilar no solo listados nominales, sino también testimonios y hechos que sirven como base para la acusación sostenida por el organismo dependiente de Naciones Unidas. Europa Press reportó que la comisión dejó asentado que, pese a los argumentos oficiales sobre protección y seguridad, la ejecución de estos traslados no se ajustó al marco legal internacional y provocó separaciones prolongadas con consecuencias directas en las familias y en la integridad de los menores afectados.