HRW denuncia más de 1.200 muertes en operaciones con drones contra grupos criminales en Haití

Un ataque con drones ocurrido el 20 de septiembre provocó la muerte de nueve menores de entre tres y doce años en un recinto deportivo de Puerto Príncipe, lugar donde varios niños se habían reunido para recibir regalos en un acto organizado por una pandilla. Estos hechos forman parte de una serie de operaciones aéreas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad haitianas contra agrupaciones criminales, que según Human Rights Watch (HRW), han generado un saldo de al menos 1.243 víctimas fatales, entre ellas 17 menores, en el periodo comprendido entre marzo de 2025 y enero de 2026. Las cifras detalladas por HRW fueron publicadas este martes y denuncian que los ataques perpetrados con tecnología no tripulada han ocasionado también cientos de personas heridas y múltiples daños a la población civil de Haití.

De acuerdo con el reporte divulgado por la organización y citado por HRW, se documentaron 141 operaciones con drones en once meses, enmarcadas en la ofensiva ordenada por el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, para combatir a bandas armadas en un país que enfrenta profundas crisis de violencia. Tal como consignó HRW, estas acciones no solo han apuntado a miembros de grupos armados sino también a habitantes que no mantienen ninguna afiliación con las bandas delictivas. El informe precisa que de las 1.243 muertes registradas, 43 corresponden a personas sin vínculo con las pandillas, incluidos 17 menores. Adicionalmente, al menos 738 personas han resultado heridas, 49 de ellas civiles sin relación con organizaciones criminales.

HRW destaca que se identificaron “ejecuciones extrajudiciales deliberadas” en el contexto de estas operaciones, detallando que los ataques se han intensificado especialmente en Puerto Príncipe en los últimos meses analizados. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, la capital haitiana registró 57 acciones armadas con drones, lo que equivale prácticamente al doble de las contabilizadas durante el trimestre anterior, correspondiente a agosto y octubre. El medio recalca que el temor y la inseguridad han llevado a los residentes de la ciudad a evitar abandonar sus hogares debido a lo que consideran una “constante fuente de terror” derivada del uso de estos dispositivos.

Los datos también incluyen el análisis de grabaciones difundidas en redes sociales, las cuales fueron revisadas por HRW y documentan incidentes en los que drones fueron utilizados contra individuos, algunos de los cuales se encontraban armados, pero que no estaban inmersos en episodios violentos o no constituían una amenaza inmediata de muerte. HRW señala que este tipo de intervenciones podrían ser catalogadas como ejecuciones extrajudiciales y no como acciones legítimas de respuesta policial que justifiquen la aplicación letal de la fuerza.

Respecto a la ejecución de las operaciones, el medio detalla que las fuerzas de seguridad haitianas colaboran con la firma militar privada Vectus Global, compañía que cuenta con una licencia para exportar servicios de defensa en el país, según el embajador de Estados Unidos en Haití. La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, instó a las autoridades a que ejerzan un control efectivo sobre los organismos de seguridad y los contratistas privados para evitar que continúen las muertes de menores. “Las autoridades haitianas deben controlar urgentemente a las fuerzas de seguridad y a los contratistas privados que trabajan para ellas antes de que mueran más niños”, enfatizó.

En cuanto a la investigación oficial, HRW indica que ni el primer ministro Fils-Aimé, ni la Policía Nacional de Haití ni el personal de Vectus Global respondieron a las consultas de la organización respecto de las operaciones y sus consecuencias. El estudio pone de relieve que, aunque se han implementado investigaciones policiales acerca del tráfico de drones provenientes de República Dominicana hacia las pandillas haitianas, no existen pruebas de que los grupos criminales utilicen de forma amplia esta tecnología. Este punto es relevante dado que la ONG ha documentado previamente el uso de drones contra civiles en escenarios bélicos como Ucrania y Sudán, pero nunca en contextos de operaciones policiales de seguridad interna.

La declaración de Goebertus incluida por HRW sostiene que el restablecimiento de la seguridad en el país es fundamental, y advierte que “los ataques ilegales con drones añaden una nueva capa de abusos a la violencia que ha devastado a las comunidades durante años”. La publicación también manifiesta que las operaciones con drones han generado una escalada en el impacto sobre la población civil, dando cuenta de que incluso los más jóvenes han resultado víctimas de los ataques, en ocasiones en circunstancias donde no estaban involucrados en hechos de violencia ni mantenían vínculos reconocibles con bandas armadas.

Finalmente, la organización enfatizó que sus datos se centran en el periodo que va del 1 de marzo de 2025 al 21 de enero de 2026, resaltando la frecuencia y gravedad de las acciones en un país donde la crisis de seguridad permanece agravada.