Admitida a trámite la demanda de conciliación del manifestante de Montserrat contra Parlon

A raíz de un auto judicial que dictaminó el archivo de las actuaciones al considerar que no existió intención de lesionar a un agente de los Mossos d'Esquadra durante una protesta en Montserrat en 2025, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas sostiene que la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, atribuyó erróneamente a su defendido la comisión de una agresión. La noticia principal gira en torno a la admisión a trámite de la demanda de conciliación que este manifestante presentó contra la consellera, solicitando una rectificación pública y la garantía de evitar declaraciones similares en el futuro.

Según detalló Europa Press, el Juzgado de lo Civil de Barcelona aceptó tramitar la demanda de conciliación interpuesta por el manifestante señalado inicialmente como presunto agresor durante la protesta contra la visita del Rey Felipe VI a la abadía de Montserrat. Esta información fue difundida en primer lugar por el medio 'El Mon' y confirmada por el propio abogado Alonso-Cuevillas mediante un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

La causa se remonta a las declaraciones realizadas por Núria Parlon en el Parlament, después de que el Tribunal de Instancia de Manresa decretara el sobreseimiento de la causa contra el manifestante. El archivo se sustentó en la conclusión del juez, derivada del visionado de grabaciones entregadas por la defensa, donde se observa que el manifestante portaba una caña de pescar que servía como soporte de una bandera 'estelada'. El incidente se produjo cuando un agente de los Mossos tiró de la bandera, lo que provocó que la caña hiciera contacto con la oreja de otro agente. El juez dictó que este contacto no obedecía a una intención de agredir.

A pesar de esta resolución, según publicó Europa Press, Parlon declaró en sede parlamentaria: "en ningún momento el juez está cuestionando la veracidad de la percepción del agente, lo que está diciendo es que no hay intencionalidad, no está diciendo que sea mentira ni la agresión ni la lesión". A juicio del abogado Alonso-Cuevillas, estas palabras implican atribuir de manera pública la autoría de una agresión a su defendido, algo que, de acuerdo con el auto judicial, no se puede sostener.

La demanda de conciliación presentada el 26 de febrero, recogida por Europa Press, constituye un paso previo a una posible querella por calumnias contra la consellera. El documento exige que Parlon reconozca que sus declaraciones en el Parlament no se corresponden con la realidad de los hechos, tal como los recogió el auto judicial, y las califica como "radicalmente falsas". Además, solicita que se retracte públicamente y de manera expresa, dejando constancia de que el manifestante no cometió delito alguno de atentado ni agresión contra agente de la autoridad. También exige que la consellera asuma el compromiso de no repetir declaraciones de ese tipo en ningún foro público o institucional.

El juzgado ha citado a Núria Parlon para el próximo 28 de abril con el objetivo de abordar el requerimiento de conciliación presentado por el manifestante. Según consignó Europa Press, este mecanismo suele emplearse antes de recurrir a vías penales en casos en los que se presume una afectación al honor como consecuencia de declaraciones difundidas por cargos públicos.

En el desarrollo de la causa, el planteamiento jurídico que recogió Europa Press enfatiza la diferencia entre un acto con resultado lesivo y la intención deliberada de hacerlo. El juez fundamentó en su auto que el suceso no revelaba intención alguna de atacar al agente de policía. Por tanto, el abogado del manifestante sostiene que la reiteración pública de los hechos como un acto de agresión constituye una imputación falsa y dañina respecto a la reputación de su cliente.

La noticia publicada por Europa Press subraya que el propio Jaume Alonso-Cuevillas, representante legal del manifestante, comunicó la admisión a trámite de la demanda y detalló los pasos a seguir, incluyendo la citación de las partes para el 28 de abril. Durante la citación, se abordará si la consellera acepta retractarse y comprometerse públicamente a rectificar sus declaraciones acerca de la supuesta agresión.

El proceso pone el foco en el impacto que pueden tener las declaraciones de altos cargos públicos en relación con procesos judiciales archivados y sobre la presunción de inocencia. La admisión de la demanda por el juzgado representa un paso formal necesario antes de que la parte denunciante evalúe si interpone una querella penal, dependiendo de la respuesta de Parlon en el acto de conciliación.

Europa Press agrega que la demanda registrada ante el juzgado cita explícitamente el auto judicial, en el que el magistrado diferencia entre la percepción subjetiva del agente y los hechos realmente sucedidos documentados en video. El archivo de las actuaciones, según el Tribunal de Instancia de Manresa, concluyó que el contacto de la caña con la oreja no obedecía a intencionalidad lesiva alguna, lo que llevó a poner fin al proceso penal contra el manifestante.

Este caso vuelve a abrir el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos al emitir declaraciones relacionadas con procesos judiciales ya resueltos, así como sus posibles implicaciones legales derivadas de las mismas. El resultado de la citación del 28 de abril marcará el siguiente paso en este procedimiento judicial, objeto de atención tanto para el entorno político como para la sociedad, según la información remitida por Europa Press y los medios que han seguido el caso.