Se cierra nueva negociación sobre reforma laboral en Portugal sin acuerdo entre las partes

El secretario general de la UGT, Mário Mourão, afirmó ante RTP y la agencia Lusa que la propuesta presentada por el Ejecutivo portugués “no reúne las condiciones” para obtener la aprobación del sindicato, remarcando que desde su organización se agotaron todas las vías posibles para facilitar un acuerdo. Mourão sostuvo que “fue el Gobierno el que afirmó que había 70 medidas consensuadas, pero UGT no ha podido dar su aprobación porque se mantienen las principales propuestas del Gobierno, y la ministra (de Trabajo) afirmó que no renunciaría a ellas”. Así se revela uno de los principales focos de desacuerdo en la última ronda negociadora sobre el proyecto de reforma laboral en el país.

Según difundió la agencia EFE, el lunes en Lisboa terminó sin resultado el último encuentro clave entre el Gobierno que dirige el primer ministro Luís Montenegro, representantes de la UGT y las principales organizaciones empresariales, destinado a negociar la reforma del marco legal de relaciones laborales. A pesar de intensas discusiones, el proceso no logró concluir con un consenso entre las partes involucradas, profundizando las discrepancias alrededor de los cambios propuestos por el Ejecutivo.

Las acusaciones cruzadas marcaron el cierre de este ciclo de negociaciones. Una fuente del Ministerio de Trabajo, citada por la emisora pública RTP, responsabilizó a la UGT de haberse mostrado “intransigente” durante el diálogo, aunque aseguraron a su vez que el Gobierno pondrá todos los recursos a su disposición con el objetivo de alcanzar algún tipo de pacto. En paralelo, Armando Monteiro, presidente de la Confederación Empresarial de Portugal (CIP), estableció la responsabilidad en la central sindical como uno de los principales motivos para el estancamiento de las conversaciones, según reportó EFE.

Desde el lado sindical, Mourão argumentó que el sindicato no pudo respaldar la propuesta estatal porque subsistían las líneas esenciales del plan original del Gobierno, a pesar de que existían otros puntos previamente consensuados. Además, hizo alusión a la postura de la ministra de Trabajo, que reiteró su negativa a abandonar ciertos componentes fundamentales del borrador, lo que impidió un acuerdo global.

El contexto social en Portugal refleja el aumento de las tensiones a medida que el proceso legislativo sobre la reforma laboral avanza. El 28 de febrero, cientos de personas marcharon por el centro de Lisboa convocados por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), el otro gran sindicato del país, en protesta contra la iniciativa gubernamental. Los portavoces de los trabajadores han solicitado al Ejecutivo la retirada integra del proyecto en su forma actual, argumentando que desregula los horarios, favorece la extensión de los contratos precarios, facilita las vías de despido y representa una amenaza para los derechos de maternidad y paternidad, según detalló EFE.

La oposición sindical a la reforma ha derivado también en importantes movilizaciones, como la huelga general del 11 de diciembre, registro que marcó la primera huelga nacional en Portugal en los últimos doce años, según consignó EFE. Estos precedentes ilustran el clima de conflictividad laboral y social en torno a un paquete normativo que busca alterar aspectos clave de las condiciones de empleo en el país.

El Gobierno, bajo la dirección de Luís Montenegro, pertenece al espectro del centroderecha y sostiene que la propuesta de reforma responde a necesidades de modernización y flexibilidad en el mercado laboral. No obstante, sindicatos como la UGT y la CGTP-IN cuestionan la conveniencia y los efectos sobre la protección y estabilidad de los trabajadores, señalando retrocesos respecto a derechos sociales, laborales y familiares. Tal como publicó EFE, la falta de acuerdo entre las partes mantiene en suspenso la aprobación definitiva de la reforma e incrementa la incertidumbre sobre futuras rondas de negociación y la posibilidad de nuevas acciones de protesta.

Mientras el Ejecutivo reiteró su disposición de continuar trabajando para acercar posturas, la exigencia de los sindicatos se concentra en la modificación o eliminación de las cláusulas consideradas perjudiciales para los empleados. EFE reportó que, por el momento, la persistencia de las posiciones encontradas impide cualquier adelanto, con el horizonte de nuevas movilizaciones y protestas sociales si no se producen cambios sustanciales en el proyecto legislativo.