El Gobierno de Ayuso denuncia ante la Fiscalía a seis "falsos menores" no acompañados por "fraude de ley"

La Comunidad de Madrid ha remitido ante la Fiscalía seis casos de adultos que, según las autoridades regionales, han simulado ser menores no acompañados con el fin de beneficiarse del sistema de protección de menores. Según detalló Europa Press, el gobierno regional dirigido por Isabel Díaz Ayuso sostiene que estos hechos constituyen un supuesto “fraude de ley” y exige medidas más estrictas al Ejecutivo central, al calificar la situación como perjudicial para la región y consecuencia de una gestión nacional inadecuada en materia migratoria.

Durante una comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid, la consejera de Familia, Asuntos Sociales y Juventud, Ana Dávila, explicó que la Comunidad seguirá impulsando acciones para que el Gobierno central implemente controles más rigurosos en la gestión de la migración de menores, afirmó Europa Press. Dávila atribuyó la proliferación de adultos que intentan hacerse pasar por menores no acompañados a la acción de mafias que explotan las deficiencias del sistema nacional, alegando que la negativa del Gobierno central a reformar el proceso facilita estas prácticas.

Europa Press reportó que la consejera madrileña defendió la decisión de presentar las denuncias alegando que, en su criterio, el ingreso de adultos en la red de protección de menores puede constituir un delito de estafa. La consejera también afirmó que Madrid “seguirá peleando” para que se frene lo que denomina “desorden migratorio”, argumentando que esta coyuntura afecta tanto a personas vulnerables como a la imagen de España y la región. A este respecto, citó iniciativas adoptadas por su administración, incluyendo el traslado a la Delegación del Gobierno de 88 expedientes de menores identificados como “problemáticos” para su posible reagrupación en países de origen, y la alerta a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre el uso fraudulento de documentación, lo que ya habría derivado en detenciones.

Europa Press señaló que, en respuesta a estas situaciones, el ejecutivo autonómico habría colaborado para agilizar los procedimientos de determinación de edad, con el objetivo de separar adultos de menores en el sistema de acogida. La consejera subrayó también que se han presentado alegaciones y recursos frente a los criterios estatales de traslado de menores, argumentando que estos contravienen, en su opinión, el interés superior del niño.

La comparecencia se produjo a petición del grupo parlamentario Vox, que optó por focalizar el debate en el impacto de la inmigración sobre la seguridad. La diputada de Vox, Belén González, manifestó durante la sesión que “las mujeres madrileñas necesitan que su Gobierno deje de mirar hacia otro lado mientras los delitos sexuales han aumentado”. A la vez, cuestionó las políticas del ejecutivo regional en materia de centros de menores extranjeros no acompañados y planteó críticas sobre la gestión en ámbitos como feminismo y derechos LGTBI.

Durante el debate, la consejera Dávila respondió que la Comunidad de Madrid carece de competencias en control migratorio, fronteras y repatriaciones, competencias que descansan legalmente en el Gobierno central. Añadió que la administración autonómica se ve limitada a la “gestión” de situaciones generadas por políticas estatales que, a su entender, optan por traslados y no por soluciones estructurales. Dávila también reprochó a Vox no haber frenado traslados de menores cuando tuvo responsabilidad de gobierno y recordó que la formación apoyó en el pasado leyes de protección de la infancia y la acogida de más de 550 menores extranjeros.

Durante el debate parlamentario, se aludió a discursos que ponen en cuestión la asignación de viviendas sociales, mencionando acusaciones sobre la prioridad de inmigrantes frente a ciudadanos españoles. La consejera respondió haciendo referencia a integrantes de Vox con orígenes diversos que forman parte de las listas del partido en Ceuta y Melilla, replicando a los argumentos sostenidos por la oposición.

Por parte de la oposición, la diputada Diana Paredes de Más Madrid criticó a la consejera Dávila por el trato destinado a familias monomarentales y a las trabajadoras de servicios sociales como la atención a domicilio y las residencias. Señaló que existen demandas pendientes sobre el pago de pluses, trienios y compensaciones laborales, y reclamó el cese del gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social por la gestión del sector.

La portavoz socialista, Silvia Monterrubio, cuestionó el enfoque general de la política social del gobierno autonómico, calificando de insuficiente la atención a la igualdad y alertando sobre un deterioro en la calidad asistencial en centros y residencias que, según dijo, sufren por la sobrecarga de trabajo y la precarización del sector. Resumió su crítica afirmando que los tres años de gestión han resultado en abandono de familias, mercantilización de la atención a mayores, listas de espera para personas con discapacidad, desprotección de mujeres víctimas de violencia de género y deficiencias en centros para menores tutelados.

La polémica desencadenada por la denuncia de los seis casos ante la Fiscalía ha reabierto el debate sobre la capacidad de la Comunidad de Madrid para gestionar situaciones derivadas de los flujos migratorios y sobre la responsabilidad del Gobierno central en el control y distribución de menores extranjeros no acompañados. Europa Press informó que, según la Consejería de Familia, el ejecutivo autonómico persiste en sus reclamaciones para que se revisen los procedimientos nacionales de acogida, así como la articulación de medidas para evitar fraudes y separar adecuadamente a menores de adultos, en el marco de un debate político intensificado por las críticas cruzadas entre partidos.