Andorra prohibirá el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales

La propuesta andorrana de modificar la legislación relacionada con los derechos de la infancia y la adolescencia tomó forma tras un proceso participativo que involucró a jóvenes de diversas procedencias: estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, bachillerato, Formación Profesional y quienes participan en actividades extraescolares. Tal como reportó el Gobierno de Andorra en un comunicado, las aportaciones de estos grupos sirvieron para definir acciones específicas en la nueva ley, que busca reforzar la protección de los menores en el entorno digital y prevenir riesgos asociados al uso de internet y las redes sociales.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Marc Rossell, explicó durante una rueda de prensa que entre las principales novedades aprobadas se encuentra la prohibición del acceso a redes sociales, y la obligación de usar una tarjeta SIM con control parental, para las personas menores de 16 años. Según detalló el ejecutivo andorrano, la medida pretende fortalecer la seguridad infantil ante los desafíos que plantea el entorno digital, y responde a la evolución en los usos y costumbres de los menores, lo que requiere adaptar la legislación para garantizar su bienestar.

De acuerdo con la información oficial, la reforma legal establece que los menores de 16 años no podrán acceder a redes sociales consideradas de riesgo para su desarrollo y su salud mental. Para asegurar el cumplimiento de esta restricción, el texto contempla el despliegue de un sistema de verificación de edad robusto, destinado a limitar el acceso tanto a contenidos como a aplicaciones que puedan suponer un peligro para los menores. El listado de servicios y redes sociales afectadas se establecerá posteriormente a través de reglamentos.

Otro de los elementos centrales de la modificación de la ley es la obligación para los operadores de telefonía de proporcionar, por defecto, tarjetas SIM con control parental específico a los menores de 16 años. Este mecanismo bloqueará de manera automática cualquier contenido que se considere inapropiado para esa franja de edad. Además, cuando las familias adquieran un dispositivo móvil, los puntos de venta estarán obligados a entregar información oficial sobre los riesgos digitales y recomendaciones ajustadas a cada grupo etario.

El proceso de desarrollo de la ley fue transversal a diversas áreas del Gobierno y su elaboración contó con la participación de actores clave, como asociaciones de padres y madres de las escuelas, el Fòrum de la Joventut y la representación de Unicef, según destacó Marc Rossell. Bajo esta perspectiva, el texto legal no solo busca la colaboración institucional, sino que procura también involucrar activamente a la comunidad educativa y a los padres en la aplicación de las nuevas normativas.

La labor de los progenitores y tutores legales adquiere un carácter central en la nueva regulación, ya que la ley les atribuye la responsabilidad de ejercer una supervisión activa sobre el uso que los menores hagan de las herramientas digitales. Para apoyar esta tarea, el Gobierno andorrano puso en marcha el Centro de Bienestar y Competencias Digitales, un espacio para el acompañamiento y la asesoría a familias. En este centro, los adultos responsables recibirán guías con recomendaciones oficiales segmentadas por edades para facilitar el seguimiento y el desarrollo de competencias digitales saludables entre los menores.

La normativa también define una nueva situación de riesgo para los menores, relacionada con el uso inadecuado o excesivo de tecnologías de la información y la comunicación, así como la ausencia de suficiente protección o supervisión por parte de los adultos responsables. El objetivo es reconocer y anticipar posibles amenazas sobre el bienestar de los niños en el espacio virtual, e intervenir desde el entorno familiar y escolar.

En el ámbito educativo, la reforma incorpora la obligatoriedad de formación continua para los menores en asuntos de privacidad, prevención del ciberacoso, gestión de la huella digital y otras habilidades relacionadas. Esta enseñanza se integrará en el currículo escolar como parte estructural del proceso educativo, de modo que toda la población escolarizada reciba formación específica para desenvolverse de manera segura y responsable en el entorno digital, según publicó el Gobierno de Andorra.

El acceso a canales de denuncia estará disponible para jóvenes, adolescentes y familias, permitiendo la notificación de situaciones de riesgo o incidentes relacionados con el uso de tecnologías e internet. El Gobierno andorrano precisó que esta medida apunta a facilitar respuestas ágiles frente a potenciales amenazas a la seguridad y protección de la infancia en línea.