
El Banco Central de Rusia inició una acción judicial el 27 de febrero ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en Luxemburgo, como parte de una estrategia para revertir lo que considera “acciones ilegales” de la Unión Europea contra sus activos soberanos, según informó el medio. La iniciativa responde a la aprobación de un reglamento por parte del Consejo de la UE el 12 de diciembre, que establece la inmovilización indefinida de los activos rusos congelados, valorados en 210.000 millones de euros, en territorio de los países miembros.
De acuerdo con la información consignada, la demanda presentada por la institución liderada por Elvira Nabiúllina busca anular el Reglamento de la UE, el cual prohíbe cualquier transferencia, ya sea directa o indirecta, de los recursos pertenecientes al Banco de Rusia por un plazo indefinido. El Banco Central ruso considera que la normativa impugnada excluye la posibilidad de recurrir a mecanismos jurídicos para proteger los derechos afectados sobre los activos, impidiendo tanto la ejecución de sentencias judiciales como laudos arbitrales en relación con las medidas adoptadas por esa legislación europea.
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Según publicó el medio, la entidad monetaria rusa argumentó que la medida de la UE vulnera derechos fundamentales, tales como el acceso a la justicia, la inviolabilidad de la propiedad y la inmunidad soberana de los Estados y sus bancos centrales, todos ellos respaldados por tratados internacionales y por el propio Derecho de la Unión Europea. En su demanda, el Banco de Rusia afirmó que esta regulación contradice los principios fundamentales del Estado de Derecho y no se ajusta al principio de primacía de la ley.
El Banco de Rusia también alegó que el Reglamento impugnado fue adoptado de manera irregular, ya que no se decidió por unanimidad de los Estados miembros, sino mediante una votación mayoritaria, lo que a su juicio constituye “graves infracciones procesales”. Según detalló el medio, la institución reclama que el acto europeo eludió los requisitos estipulados en el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que establece condiciones específicas para la adopción de tales medidas restrictivas.
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El medio informó que, junto con la demanda interpuesta en Luxemburgo, el Banco Central ruso mantiene una postura de firmeza y ha asegurado que se reserva todos los derechos y recursos legales frente a ese Reglamento y cualquier otra acción adoptada por la Unión Europea o sus Estados miembros sobre sus activos o sobre la propia institución. La entidad ha insistido en que adoptará todas las medidas necesarias para defender sus intereses financieros según las vías legales disponibles.
Paralelamente, el 12 de diciembre de 2025, el Banco de Rusia presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra la empresa belga Euroclear, un importante depositario internacional, solicitando el pago de 18,2 billones de rublos (aproximadamente 199.520 millones de euros) como indemnización por el uso no autorizado, tanto directo como indirecto, de los activos de la entidad, según reportó el medio. Esta acción legal representa un intento del Banco Central ruso por buscar resarcimiento económico frente a las restricciones y posibles usos que, en su visión, vulneran el derecho internacional.
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De acuerdo con la cobertura publicada, la institución monetaria rusa ha advertido sobre los planes de la Comisión Europea centrados en el uso de sus activos, señalando que cualquier empleo, tanto directo como indirecto, de los mismos se considera ilegal y contrario a los principios internacionales, especialmente en relación con la inmunidad soberana de los activos estatales. Según advirtió la entidad, la aplicación de estas medidas podría llevar a nuevas acciones legales contra los responsables de cualquier utilización no autorizada de los fondos retenidos.
El conflicto sobre los activos congelados se inscribe en el marco de las sanciones internacionales impuestas en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, entre las que destaca la inmovilización de recursos soberanos en bancos e instituciones financieras europeas. La disputa legal entre el Banco de Rusia y la Unión Europea expone tensiones legales y políticas que involucran cuestiones de jurisdicción internacional, inmunidad soberana y los mecanismos de resolución de disputas dentro del sistema judicial europeo.
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Las posibles consecuencias de estas disputas legales abarcan consideraciones económicas y diplomáticas entre Rusia y la UE, en tanto las partes mantienen posturas enfrentadas sobre el alcance de las sanciones, la protección judicial de intereses estatales y los procedimientos adoptados para la gestión de activos soberanos en territorio extranjero. Según reiteró el medio consultado, la postura del Banco de Rusia implica que cualquier paso adicional en la explotación o uso de sus activos podría motivar la presentación de nuevas demandas o reclamaciones por daños ante instancias nacionales o internacionales competentes.
La controversia sobre la legitimidad de las medidas adoptadas por el Consejo de la UE, así como la respuesta del Banco de Rusia en los tribunales europeos y rusos, continuará siendo objeto de seguimiento ante el desarrollo de los recursos interpuestos y las eventuales resoluciones de órganos judiciales en Luxemburgo y Moscú.
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