Trib.Juicio en Valladolid desde mañana por la 'Operación Tentaciones' contra una red de explotación sexual de mujeres

Las víctimas, de acuerdo con el escrito de la Fiscalía y la información recogida por Europa Press, residían en una vivienda en la Avenida de Burgos, Valladolid, en condiciones de hacinamiento, sometidas bajo vigilancia, y controladas estrictamente por los miembros de la organización. La noticia principal gira en torno al inicio del juicio este martes, 3 de marzo, en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid contra cinco personas acusadas de formar parte de una red dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, red que fue desarticulada en 2022 tras la conocida 'Operación Tentaciones'.

Según detalló el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y tal como publicó Europa Press, la Fiscalía les imputa catorce delitos diferentes en función de su implicación. Las mujeres afectadas, captadas en Paraguay en contextos de gran vulnerabilidad económica y personal, fueron trasladadas a España desde al menos la segunda mitad de 2021 hasta finales de noviembre de 2022. Una vez en el país, la organización les imponía una deuda por los gastos ocasionados en su traslado, que debían saldar mediante la práctica de la prostitución bajo condiciones de control y restricción de libertades.

La presunta responsable, identificada como L.C.P y conocida como 'Lorena' o 'Nicole', enfrenta la mayor petición fiscal, con una propuesta de pena de 52 años de prisión, multa de 9.300 euros, diez años de libertad vigilada y una inhabilitación especial para cualquier labor con menores durante veinte años. Su prima, M.A.P.G, podría recibir una pena de hasta 25 años, acompañada de restricciones semejantes y una multa de 15.600 euros. Para los otros acusados —M.G.G, H.J.A.A. y J.R.A.— la Fiscalía solicita condenas que varían entre ochos y dieciocho años de prisión, según consta en la información de Europa Press.

La acusación pide que los cinco procesados indemnicen de forma conjunta y solidaria a cada víctima con 80.000 euros por daños morales. A esto se suma una indemnización específica de 50.000 euros que L.C.P. debería abonar a las víctimas de cuya prostitución se benefició directamente. Europa Press reportó que, tras la autorización judicial de fecha 24 de noviembre de 2022, la policía ejecutó entradas y registros simultáneos en diversos inmuebles relacionados con la organización. Dentro de las viviendas inspeccionadas se hallaron evidencias del sistema de explotación: cámaras de vigilancia, distribución de habitaciones y elementos para la publicidad de servicios sexuales.

El procedimiento reproducido por la organización, según la Fiscalía, comenzaba con la captación de mujeres jóvenes en zonas desfavorecidas de Paraguay. El grupo ofrecía costear el viaje a España y luego imponía a estas mujeres una deuda, forzándolas a ejercer la prostitución en un piso gestionado por los acusados. Para publicitar sus servicios, la principal imputada contrataba fotógrafos profesionales que realizaban sesiones con las mujeres posando en lencería o semidesnudas, fotografías que serían utilizadas para anuncios en páginas dedicadas al contacto sexual. Además, se asignaba a cada víctima un alias o 'nick' para las actividades y se gestionaban las citas directamente, fijando las condiciones y los precios de cada servicio.

Según consignó Europa Press, las mujeres debían mantenerse disponibles las 24 horas, con la única posibilidad de salir del inmueble durante dos horas al día y solo de forma individual, siempre con autorización. Esta movilidad restringida podía suspenderse en cualquier momento ante la llegada de clientes. El control incluía también la utilización de un chat, identificado como 'Nicole Relax', donde la jefa avisaba a las víctimas sobre la llegada de clientes o les daba instrucciones. Además, existía la posibilidad de proveer servicios a domicilio u hoteles, con tarifas diferentes, y el abono del transporte únicamente para los desplazamientos autorizados.

El empadronamiento del piso facilitó la presencia de hasta nueve habitaciones y tres baños, con la distribución orientada a la explotación. De acuerdo con la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, una de las habitaciones quedaba reservada para la encargada del piso, en función de oficina, mientras que las víctimas habitaban hacinadas en literas, en habitaciones ocupadas por cuatro o cinco personas. Resto de los espacios se destinaban exclusivamente a la actividad sexual.

Además de los delitos relacionados con la explotación sexual, la organización implementó un sistema de oferta de estupefacientes para los clientes que lo solicitaran. Se ofrecía cocaína y en algunas ocasiones pastillas de viagra, identificándose con códigos como “fiesta” o “fiesta blanca”. La distribución y gestión de la droga recaía fundamentalmente en la principal acusada, con la colaboración de su pareja sentimental, J.R.A., según indica la investigación. Las víctimas, además de no participar de los beneficios derivados de la venta de drogas, permanecían obligadas a cumplir estos servicios sin opción de rechazar la solicitud de los clientes.

Según amplió Europa Press, la estructura jerárquica de la organización quedó aún más evidente a partir de febrero de 2022, cuando L.C.P. decidió incrementar las medidas de precaución para protegerse de posibles implicaciones legales. Desde ese momento, delegó parte de la gestión y supervisión en su prima M.A.P.G, cuya situación migratoria permanecía sin regularizar en España. Esta segunda figura asumió tareas de control directo sobre las víctimas y la actividad diaria, mientras la jefa limitaba apariciones para mantener un perfil bajo.

La presunta red contaba con la colaboración de otros dos acusados identificados como M.G.G y H.J.A., quienes, según la imputación, participaron en la captación de nuevas mujeres en Paraguay y colaboraron en la logística de la llegada a Valladolid. A destacar, H.J.A. desempeñaba funciones relacionadas con el trabajo en una empresa de paquetería local, donde tenía contacto con ciudadanos de Paraguay, lo que facilitaba ciertas operaciones de la organización.

El fiscal acusador atribuye al grupo un total de catorce delitos que incluyen cinco de trata de seres humanos con fines de explotación sexual —uno de ellos en tentativa—, cinco de prostitución coactiva, tres de aprovechamiento de la prostitución ajena, un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, un delito continuado y otro contra los derechos de ciudadanos extranjeros, además de cargos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, según el informe difundido por Europa Press.

El juicio que comenzó este martes y se prevé extenderá hasta el jueves y viernes de la misma semana abordará cada uno de los hechos imputados, analizando los testimonios, pruebas e informes policiales recabados durante la 'Operación Tentaciones'. Las defensas y la Fiscalía presentarán sus argumentos ante la Sección Cuarta de lo Penal, en un proceso que gira en torno a la responsabilidad penal de los acusados y la reparación a las víctimas.

Europa Press recogió que la operación policial y la instrucción judicial permitieron reconstruir el funcionamiento de la red, evidenciando el sistema de captación y explotación de las mujeres, las medidas de control físico y psicológico, el circuito de blanqueo de capitales generado y la diversificación de delitos conexos como el tráfico de drogas. También se documentó el sistema de vigilancia implementado: cámaras de vídeo y audio instaladas en la vivienda, control de movimientos, elaboración y gestión de anuncios en páginas web especializadas y el uso de chats para coordinar las actividades.

La Audiencia de Valladolid asume el reto de esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad individual de cada acusado a partir de las imputaciones señaladas por la Fiscalía y la documentación obtenida durante la investigación desarrollada por las autoridades.