
El ministerio público de Cantabria ha solicitado que el acusado mantenga siete años de distancia y ausencia de comunicación con la víctima, así como siete años bajo régimen de libertad vigilada una vez termine su posible estancia en prisión. Según publicó el medio, el fiscal también ha pedido al procesado una indemnización de 7.000 euros a la mujer en concepto de daños y perjuicios derivados de los hechos denunciados. El caso será juzgado el jueves 5 de marzo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, según precisó el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma.
De acuerdo con la información detallada por la Fiscalía de Cantabria y consignada por las fuentes judiciales, los hechos se sitúan en una casa de verano donde se encontraban la víctima y el acusado. El ministerio público sostiene que el acusado advirtió el estado de profunda embriaguez y la inconsciencia de la mujer. A partir de ese momento, y según la acusación fiscal, el hombre comenzó a tocar de manera sexual distintas partes del cuerpo de la víctima, argumentando que su comportamiento estaba motivado por el deseo de aprovecharse de esa situación de indefensión.
Después de estos tocamientos, la acusación recoge que el procesado retiró la ropa interior de la mujer y la sometió a penetraciones vaginal y anal con uso de fuerza. Como detalla el ministerio público, tales actos provocaron lesiones en la víctima. Una vez que la mujer recuperó el conocimiento, formalizó una denuncia por los hechos sufridos, lo cual originó la investigación penal.
El fiscal de Cantabria considera que los graves hechos constituyen un delito de agresión sexual, tipificado en la normativa penal vigente, por lo que solicita una pena de seis años de reclusión para el acusado. Además, reclama la imposición de siete años de prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima, así como siete años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena en caso de que se produzca una sentencia condenatoria, según informó el medio de referencia.
La petición de responsabilidad civil, que asciende a 7.000 euros, responde a los perjuicios físicos y psicológicos que habría experimentado la agredida a consecuencia de estos actos, según argumentó la Fiscalía cántabra en su escrito de acusación. El proceso judicial, que ha despertado atención por la naturaleza de los hechos y la calificación penal atribuida por el ministerio público, está previsto para esta semana en Santander.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria comunicó oficialmente la fecha y hora del juicio, fijado para las 9:30 horas del jueves en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Tal como recogió la información proporcionada por el órgano judicial, el desarrollo del proceso será clave para determinar la responsabilidad penal del acusado y la posible aplicación de las medidas restrictivas y la indemnización solicitadas por la fiscalía.
La secuencia de los hechos, la valoración de la pérdida de conciencia de la víctima y el presunto aprovechamiento de la situación conforman el núcleo de la acusación y del debate procesal que se plantea ante la Audiencia Provincial, según reportó el medio. La investigación y posterior desarrollo judicial han girado en torno a la acreditación de las circunstancias en que sucedieron los hechos, las pruebas aportadas y el impacto de estas actuaciones sobre la libertad sexual de la persona afectada.
La acusación pública ha considerado como elemento central en el caso la incapacidad de defensa por parte de la mujer en el momento en que se produjeron los hechos, aspecto que articula la solicitud de penas agravadas y medidas protectoras. El largo período propuesto para la prohibición de acercamiento y comunicación expresa la intención de garantizar la protección de la víctima una vez finalice el proceso penal y, eventualmente, la condena de prisión, informó la Fiscalía a través de los documentos judiciales.
El seguimiento de este procedimiento concentra la atención sobre el marco penal de la violencia sexual, los requisitos de prueba y los protocolos de atención a víctimas, conforme a los criterios expuestos por el ministerio público y recogidos en las actas judiciales difundidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
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