
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó que el decreto “escudo social” rechazado en el Congreso incluía 25.000 millones de euros destinados a entregas a cuenta para comunidades autónomas y ayuntamientos, además de deducciones para la rehabilitación de viviendas, y no solo contemplaba la moratoria antidesahucios o el blindaje frente a cortes de energía y agua a familias vulnerables. Montero recalcó la amplitud de las medidas recogidas en el texto rechazado y defendió su necesidad, pese a los obstáculos legislativos, marcando como prioridad sacar adelante este conjunto de iniciativas sociales. Según consignó Europa Press, la vicepresidenta primera manifestó su disposición a fragmentar el contenido del Real Decreto-ley con el objetivo de viabilizar la aprobación de los componentes que considere más urgentes.
Tal como informó Europa Press, Montero explicó en declaraciones a la Cadena SER que las medidas del decreto abarcaban no solo subsidios y protección a personas en situación vulnerable, sino también fondos significativos para entidades territoriales y deducciones fiscales para reformar viviendas. La ministra insistió en que todas las medidas recogidas en el texto conservan su vigencia y urgencia, y señaló que “todas, absolutamente todas, eran y son necesarias”. Respecto a la derrota sufrida en el Congreso, responsabilizó tanto al Partido Popular como a Junts, además de Vox, por la falta de acuerdo que frustró la convalidación del decreto.
Montero detalló que el Partido Popular cambió su voto en relación a años anteriores, atribuyendo esta decisión a la competencia política existente entre el PP y Vox en temas de inmigración, desahucios y políticas de género. Además, destacó que el rechazo del decreto por parte tanto de Junts como del Partido Popular implica que los servicios públicos en las comunidades autónomas y ayuntamientos dejan de recibir los 25.000 millones de euros previstos. En referencia a la postura de estos partidos, la ministra expresó que corresponde realizar una reflexión sobre las consecuencias de bloquear recursos para administraciones subnacionales y colectivos con necesidades.
Al referirse a la viabilidad de la legislatura, Montero sostuvo que, pese a derrotas parlamentarias recientes, el Gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo, y continúa explorando posibilidades de cooperación con el grupo Junts. Aun así, reconoció que un encuentro entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de Junts, Carles Puigdemont, actualmente no facilitaría la relación política entre ambos partidos. Según publicó Europa Press, Montero instó a los partidos políticos a priorizar las reformas del Ejecutivo sobre los intereses de cada formación, y en particular reclamó a Junts que se imponga el “sentido común” en el trámite de futuras iniciativas.
Durante su intervención, la ministra de Hacienda señaló que “uno no puede votar en contra de todas estas medidas y volver otra vez la pelota al Gobierno”. En este sentido, retó al Partido Popular a explicar los motivos de su posición votando en contra de medidas que, en palabras de Montero, benefician a la sociedad. Igualmente, atribuyó al PP la decisión de considerar que una derrota parlamentaria del Ejecutivo tiene mayor rentabilidad política que el avance de políticas de bienestar dirigidas a la población, según reportó Europa Press.
Respecto a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, la vicepresidenta primera reafirmó el compromiso del Gobierno de presentar las cuentas públicas durante el primer trimestre del año. No obstante, admitió que las posiciones de Junts y ERC siguen negando los apoyos necesarios para su aprobación, debido a demandas políticas ajenas al contenido estrictamente presupuestario. Montero transmitió su protesta por el hecho de que, en el marco del debate presupuestario, se concentren peticiones y condiciones desvinculadas de áreas prioritarias como la educación, la sanidad o la política de dependencia. Según reportó Europa Press, la ministra identificó la dificultad de “transitar conceptos políticos complejos” en torno a las negociaciones para las cuentas del Estado.
En ese contexto, Montero manifestó su esperanza de conseguir nuevos respaldos durante el mes restante del primer trimestre. De acuerdo con Europa Press, la responsable de Hacienda aseguró que el Ejecutivo cuenta con capacidad para alcanzar acuerdos, aunque apuntó que “no a cualquier precio”. Insistió en la necesidad de buscar fórmulas para incorporar apoyos que permitan sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y las principales iniciativas del Gobierno, a pesar del escenario de falta de consenso parlamentario y el rechazo de medidas previas esenciales para colectivos vulnerables y administraciones subnacionales.
Por último, Montero remarcó la importancia del diálogo como herramienta principal dentro de la acción del Ejecutivo y señaló que el Gobierno no cesará en el objetivo de extender el bienestar a la población, pese a los reveses sufridos en las últimas sesiones parlamentarias. Según publicó Europa Press, reiteró que corresponde adaptar la estrategia legislativa y explorar nuevas combinaciones parlamentarias para convertir en realidad las medidas consideradas prioritarias dentro del llamado escudo social, así como las cuentas públicas para los próximos ejercicios.
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