El abogado de Maduro pide que se desestime el caso ante los obstáculos del Tesoro para el pago de su defensa

El representante legal de Nicolás Maduro presentó ante una corte de Nueva York una solicitud de anulación del proceso judicial, argumentando que las restricciones financieras impuestas por la OFAC le impiden acceder a los servicios de asesoría jurídica que requiere

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Pese a los permisos otorgados recientemente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a ciudadanos estadounidenses para realizar actividades comerciales con el Gobierno de Venezuela, la defensa de Nicolás Maduro sostiene que las autoridades estadounidenses han negado una licencia que habilite al gobierno venezolano a financiar los servicios legales del mandatario. La negativa de la OFAC a autorizar el pago de la defensa ha sido utilizada como argumento central en la petición presentada por Barry Pollack, abogado de Maduro, para que un tribunal federal de Manhattan desestime el caso judicial en curso contra su defendido. Según detalló The Washington Post, el escrito fue registrado el jueves, justo un día después de que la defensa notificara al juez federal de distrito Alvin Hellerstein la conducta de la OFAC respecto a estas licencias.

En el documento aportado por la defensa, la parte legal subraya que Maduro, al no contar con recursos personales, depende del gobierno venezolano para costear su representación, algo vedado por la decisión de la OFAC de modificar en pocas horas su postura inicial sobre la licencia y establecer un texto donde el pago de honorarios por parte del Gobierno de Venezuela no queda autorizado. Según publicó The Washington Post, Barry Pollack alegó que esta decisión vulnera el derecho constitucional del acusado a ser asesorado por un abogado de su elección, de acuerdo con la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

The Washington Post reportó que, en el caso de Cilia Flores, esposa de Maduro y también capturada, la OFAC sí facilitó la correspondiente licencia para costear la defensa, a diferencia de lo ocurrido con Maduro. En su intervención ante el juez Hellerstein, la defensa advirtió sobre la incongruencia de que, aunque otras restricciones energéticas y comerciales hacia Venezuela han sido aligeradas, no ha existido una autorización equivalente para financiar los gastos legales del jefe de Estado venezolano, a pesar del reconocimiento que realiza la legislación venezolana sobre esta obligación.

De acuerdo con los antecedentes provistos por The Washington Post, Maduro se encuentra detenido junto a su esposa Cilia Flores desde el 3 de enero, luego de una operación militar llevada a cabo por fuerzas estadounidenses que, según cifras oficiales, produjo más de un centenar de víctimas mortales. Tras su detención, ambos fueron trasladados a Nueva York, donde se encuentran encarcelados a la espera de juicio.

El dirigente venezolano enfrenta cargos vinculados al narcotráfico, ante los que se declaró no culpable. The Washington Post indicó que el Ministerio de Exteriores de Venezuela solicitó en los últimos días la liberación de Maduro y Flores, defendiendo la legitimidad del presidente y calificando el proceso como incompatible con la legalidad internacional. El canciller venezolano Yván Gil insistió en que Maduro mantiene la condición de presidente constitucional del país ante la comunidad internacional.

El medio estadounidense detalló además que, en la carta remitida al juez Hellerstein antes de la moción oficial, la defensa había insistido en la renuencia de la OFAC a facilitar los recursos para la defensa de Maduro, un punto que el abogado volvió a recalcar en la petición formal para que se desestime el caso. Pollack señaló diferencias de criterio en la actuación reciente de la OFAC, argumentando que la postura restrictiva adoptada en el caso de Maduro contrasta con la permisividad mostrada respecto a transacciones comerciales para ciudadanos y empresas estadounidenses vinculadas a entidades estatales venezolanas.

La solicitud presentada busca que el tribunal federal de Nueva York desestime los cargos contra Maduro, al considerar que las restricciones financieras impuestas por la OFAC impiden que el acusado ejerza plenamente su derecho a la defensa, un derecho reconocido por la normativa estadounidense y venezolana. The Washington Post consignó que la defensa ha insistido en que estas restricciones obstaculizan de manera directa la posibilidad de un juicio justo y equitativo.

Las actuaciones recientes de la OFAC han representado un factor determinante para las estrategias de la defensa, que recalca el contraste entre las licencias concedidas en otros sectores y la negativa en el caso legal del mandatario, a pesar de que la agencia había llegado a tramitar inicialmente permisos para ambos detenidos y únicamente revocó la autorización de Maduro a las pocas horas de haberla concedido.

Todo el proceso judicial se desarrolla en el contexto de una prolongada crisis política entre Estados Unidos y Venezuela que, según The Washington Post, ha llevado a un endurecimiento de las sanciones y a restricciones financieras que complican el acceso de funcionarios venezolanos y sus allegados a recursos en el extranjero. Las autoridades estadounidenses continúan imputando a Maduro delitos graves, mientras el gobierno venezolano sostiene que mantiene legitimidad institucional y exige la liberación inmediata de sus representantes.

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