COAG rechaza y tilda de "grave irresponsabilidad" la aprobación provisional del acuerdo UE-Mercosur

Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), ha destacado un hecho inédito en el contexto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur: la propia Comisión Europea, responsable de negociar y presionar para la aplicación del pacto, ha plasmado en un informe oficial las deficiencias graves en el control sanitario de la carne proveniente de Brasil. Según informó la COAG a través de un comunicado citado por la agencia EFE, esta circunstancia representa una situación sin precedentes dentro de las negociaciones comerciales entre ambos bloques. El sindicato agrario considera que la decisión de la Comisión Europea de proceder con la aplicación provisional del tratado —anunciada este viernes— implica un riesgo directo para la salud de los aproximadamente 500 millones de consumidores europeos.

De acuerdo con la información publicada por EFE, la COAG ha calificado la medida como una "grave irresponsabilidad" por parte de la Comisión Europea, la cual ha decidido implementar de forma provisional el acuerdo de libre comercio con Mercosur tras la reciente ratificación en Argentina y Uruguay. En su comunicado, la organización agraria ha manifestado su rechazo absoluto e innegociable a la entrada en vigor del acuerdo antes de completar los cauces legislativos previstos, al tiempo que ha solicitado tanto al Parlamento Europeo como al Consejo de la UE que bloqueen cualquier avance hacia la ratificación definitiva del pacto. La organización fundamenta su oposición principalmente en riesgos para la seguridad alimentaria, a raíz de los hallazgos identificados en el último informe de auditoría DG(SANTE) 2025-0241 de la Comisión Europea.

Según detalló COAG, la auditoría oficialmente elaborada por los técnicos de la Comisión tras una inspección realizada entre el 14 y el 31 de octubre de 2025, concluyó que el sistema de control en Brasil sobre residuos hormonales —y concretamente sobre estradiol, una hormona cuyo uso como promotor de crecimiento está prohibido en la UE desde 2003— presenta carencias en la mayor parte de sus etapas. La organización subrayó que la gravedad de esta situación radica en que las deficiencias no han sido denunciadas únicamente por representantes del sector agrícola europeo, sino que se reflejan en documentos procedentes de la misma institución comunitaria que defendió y negoció el tratado. "La misma institución que ha negociado y presionado para aplicar este acuerdo es la que ha puesto por escrito que el sistema de control de la carne brasileña presentaba fallos estructurales graves. Eso no tiene precedentes", afirmó Padilla según recogió la agencia EFE.

En cuanto a los procedimientos institucionales, COAG denunció que la Comisión Europea ha optado por prescindir del dictamen del Tribunal de Justicia de la UE, al avanzar en la aplicación provisional del pacto antes de que este órgano se pronuncie sobre la compatibilidad del acuerdo con el Derecho comunitario. La organización también apunta que la determinación comunitaria ignora el rechazo manifestado en los últimos meses por la mayoría del sector agrícola europeo —que ha protagonizado diversas movilizaciones— y por varios gobiernos europeos, entre ellos Francia y Polonia, especialmente críticos respecto al tratado.

El medio EFE detalló que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, comunicó formalmente este viernes la puesta en marcha del proceso para activar de forma provisional el acuerdo comercial negociado entre la UE y los países del bloque Mercosur. Von der Leyen argumentó que esta decisión persigue objetivos de resiliencia económica, crecimiento y fortalecimiento de la soberanía europea respecto a relaciones exteriores y comerciales, una postura expresada en una breve declaración institucional en la sede de Bruselas. Señaló que los gobiernos del Consejo de la UE ya habían dado luz verde en enero para la aplicación temporal del pacto, pendiente de las ratificaciones necesarias en el seno de los países sudamericanos miembros del Mercosur.

La presidenta del Ejecutivo comunitario reconoció que su decisión surge tras semanas de debate con las capitales y los eurodiputados y puntualizó que la entrada en vigor provisional del tratado resulta, por definición, transitoria. Según fuentes de la Comisión citadas por EFE, aunque no se ha precisado una fecha concreta, el proceso administrativo podría completarse en unos dos meses. A partir de la notificación oficial por parte de la Comisión a Argentina y Uruguay —que han culminado sus respectivos procedimientos internos de ratificación—, ambas partes intercambiarán notas verbales para formalizar la voluntad de aplicar el acuerdo en modo interino. Una vez hecho ese intercambio, comenzará la cuenta regresiva de dos meses estipulada para su entrada en vigor provisional.

El acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, que cierra casi 26 años de negociaciones entre ambas regiones, contempla que la parte comercial del tratado —materia de competencia exclusiva de la Unión Europea— puede activarse de forma provisional desde que uno o más miembros del Mercosur hayan ratificado el texto. No obstante, para que el acuerdo adquiera carácter definitivo, es obligatorio agotar el proceso completo de ratificación que incluye la adopción unánime por parte de los veintisiete Estados miembros de la UE y el consentimiento expreso del Parlamento Europeo.

Actualmente, la ratificación definitiva permanece en pausa, dado que el Parlamento Europeo ha recurrido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea solicitando que aclare si el texto negociado respeta el marco legal comunitario. El recurso ante el TJUE impide a la Eurocámara avanzar en la ratificación, dado que el voto sobre el acuerdo queda en suspenso hasta el pronunciamiento judicial. El voto parlamentario será definitivo para la aprobación o el rechazo del tratado, aunque ya no sería posible en ese punto introducir enmiendas al texto negociado.

COAG ha subrayado que, “lo que hace diferente esta denuncia a todas las anteriores es que no la formulamos los representantes de los agricultores y ganaderos, sino que la formula la propia Comisión Europea a través de sus auditores”, recordando que “la misma institución que ha negociado y presionado para aplicar este acuerdo es la que ha puesto por escrito que el sistema de control de la carne brasileña presentaba fallos estructurales graves. Eso no tiene precedentes”, como figura en las declaraciones de Padilla recogidas por EFE.

La preocupación central transmitida por la COAG se basa en la seguridad alimentaria europea. El sindicato señala que el sistema brasileño, según la auditoría citada, no puede garantizar que carne con residuos hormonales no llegue al mercado europeo. Este riesgo afecta a los casi 500 millones de potenciales consumidores del bloque, una cifra que la organización utiliza para dimensionar la relevancia de la amenaza y su alcance dentro del espacio comunitario.

En el trasfondo se encuentra también el procedimiento político y judicial en el que se inserta el acuerdo. El paso de la Comisión Europea se produce en un contexto de cuestionamientos desde sectores agrarios y medios gubernamentales, así como de movilizaciones en diversos puntos de Europa, donde las protestas han reflejado el nivel de rechazo a la entrada en vigor de este tipo de tratados comerciales. La espera del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión y el recurso presentado por los eurodiputados muestran el grado de controversia que suscita el acuerdo.

En relación con la dimensión internacional, el pacto firmado el pasado enero prevé un nuevo marco de relaciones económicas, comerciales y políticas entre la Unión Europea y los países integrantes de Mercosur. El acuerdo sale adelante pese a la oposición de varios países miembros y ante la presión ejercida por una parte significativa del sector agrícola europeo, que considera que el tratado perjudica la producción europea y no garantiza la protección adecuada de la salud pública. El proceso previsto contempla que, mientras la parte comercial entre en vigor provisionalmente, los acuerdos integrales quedan condicionados a la aprobación parlamentaria y estatal.

Fuentes comunitarias indicaron a EFE que, con la entrada en vigor provisional, los mecanismos de control y verificación de productos de origen animal importados tendrían que aplicarse conforme a los actuales estándares europeos, aunque el informe de auditoría revela déficits en el sistema de origen. Frente a la entrada en vigor temporal, COAG mantiene su exigencia de que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de la UE rechacen la ratificación definitiva, señalando que la seguridad alimentaria debe primar por encima de los intereses comerciales o políticos.