
La preocupación por la posible entrada al mercado europeo de carne procedente de animales tratados con hormonas prohibidas figura entre los principales argumentos utilizados por asociaciones agrícolas para frenar la ratificación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur. Según publicó la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja), el informe de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea señala que Brasil no ha podido acreditar que su carne bovina exportada a la UE se produce sin oestradiol, una hormona cuyo uso no está permitido en el marco europeo. Ante esta situación, Asaja instó al Gobierno español a interponer un recurso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para detener de forma provisional la activación del acuerdo, con el objetivo de salvaguardar a los productores del país.
Tal como informó Asaja a través de un comunicado, la organización mostró su rechazo a la reciente decisión de la Comisión Europea de activar provisionalmente el tratado comercial conocido como Mercosur, a pesar de las preocupaciones expuestas en el propio informe de auditoría elaborado por la Comisión. Para el colectivo agrario, el incumplimiento por parte de Brasil en el control de las sustancias hormonales empleadas en su producción cárnica representa un riesgo para la salud de los consumidores y coloca en desventaja a los productores europeos, obligados a respetar normativas más estrictas.
De acuerdo con la información publicada por Asaja, la asociación exhortó al Ejecutivo de España a seguir el ejemplo de Hungría y Polonia, que ya presentaron recursos legales contra la aplicación del acuerdo. El objetivo central, según detalló Asaja, sería que el Gobierno español pida una suspensión cautelar del tratado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mientras se resuelven las dudas jurídicas existentes respecto a la seguridad de las importaciones.
El medio recordó que, aunque el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur cuenta con una aprobación provisional, su aplicación definitiva depende de varios pasos institucionales. Tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia sobre los recursos presentados, el Parlamento Europeo deberá votar la ratificación del pacto. Según consignó Asaja, este recorrido legal e institucional es clave para determinar el futuro de un acuerdo que afecta de manera directa al sector agrícola europeo.
En sus declaraciones recogidas por distintos medios, Asaja subrayó que la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos españoles debe basarse en la exigencia de que los productos importados cumplan los mismos estándares sanitarios y de calidad que se aplican a los nacionales. La organización argumentó que permitir la entrada de carne tratada con hormonas prohibidas supondría una competencia desigual y podría repercutir en la viabilidad económica de muchas explotaciones ganaderas.
El informe de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria citado por Asaja revela que Brasil aún no implementa garantías suficientes para excluir de la exportación a la Unión Europea la carne procedente de bovinos que hayan recibido tratamientos hormonales no autorizados dentro del bloque. Este aspecto fue especialmente destacado por la organización como una de las principales razones para solicitar la intervención judicial.
Además, Asaja denunció que continuar adelante con la activación provisional del acuerdo Mercosur a pesar de estos informes técnicos crearía un precedente que debilita la credibilidad de las medidas de seguridad alimentaria europeas. El colectivo recordó que el empleo de oestradiol y otras hormonas está expresamente prohibido en la producción animal destinada al consumo dentro del territorio de la UE debido a sus posibles efectos sobre la salud.
Asaja concluyó que la ratificación definitiva del acuerdo Mercosur por parte del Parlamento Europeo solo debería producirse cuando se hayan despejado todas las incógnitas jurídicas y sanitarias detectadas en los informes técnicos. Mientras tanto, reiteró la importancia de un recurso legal como vía para proteger tanto la seguridad alimentaria como el tejido productivo de agricultores y ganaderos en España y en el resto de Europa.
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