PP, Vox y Junts ratifican su 'no' al escudo social y el Gobierno y sus socios lo tachan de "vergüenza"

La extensión de las peticiones de desahucio se ha intensificado ante la posible caída del decreto del llamado “escudo social”, con cifras que sitúan en 200.000 el número de personas en riesgo de perder su vivienda, 50.000 de ellas en Cataluña, según publicó Europa Press. Este contexto ha marcado el debate en el Congreso de los Diputados, donde PP, Vox y Junts han ratificado su oposición a la convalidación del decreto, desatando un enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo y las formaciones que rechazan la medida.

De acuerdo con Europa Press, la votación que se celebrará afecta a la prórroga de la moratoria antidesahucios y a la prohibición del corte de agua y luz para personas consideradas vulnerables. El texto también incluye exenciones fiscales para ayudas relacionadas con incendios, la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), y contempla la ampliación de los descuentos al bono social eléctrico. La decisión de PP, Vox y Junts de mantener su “no” al decreto ha sido calificada de “vergüenza” tanto por el Gobierno como por sus socios parlamentarios.

Durante el debate en la Cámara Baja, los grupos que rechazan el decreto ofrecieron los argumentos que han reiterado en las últimas semanas. Según informó Europa Press, sostienen que el texto legal favorece la ocupación irregular de viviendas al prohibir los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad. Esta postura generó una respuesta contundente del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien desde la tribuna defendió el decreto y calificó como “excusa absolutamente falsaria” el argumento de que la normativa incentive la ocupación. En su intervención, Bolaños recordó que los mismos partidos que hoy se oponen avalaron hace un año una medida similar e instó a los diputados a no utilizar el tema como motivo de enfrentamiento político.

Además, Bolaños advirtió de la necesidad de convalidar el texto para evitar mayor incertidumbre y angustia a quienes enfrentan dificultades económicas. Según detalla Europa Press, el ministro subrayó que “no merecen que intereses políticos, cálculos de toda índole o irresponsabilidad de algunas fuerzas políticas les generen más incertidumbre de la que ya tienen en su vida cotidiana”.

La portavoz socialista, Montse Mínguez, insistió en la contradicción de que PP y Junts apoyaran un texto casi idéntico el año anterior, y planteó a Junts la posibilidad de abstenerse para evitar efectos perjudiciales sobre las familias afectadas. En paralelo, desde Sumar, la diputada Aina Vidal dirigió las críticas hacia Junts, PP y Vox, acusando al primero de representar a los “fondos buitre” y de ignorar la magnitud del problema habitacional actual. Vidal enumeró la avalancha de desahucios que se está tramitando y las consecuencias sociales previstas, siguiendo el hilo informativo difundido por Europa Press.

Según explicó Europa Press, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acusó a las formaciones opositoras de falta de sensibilidad y expresó en el debate parlamentario su indignación por la postura del bloque conservador y Junts. Durante su intervención, deseó a los diputados que experimenten las consecuencias de lo que implica un desahucio para familias con niños, personas dependientes o mayores, como consecuencia de su posición.

Otras fuerzas como Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu también reprocharon el rechazo al decreto. Jordi Salvador de ERC manifestó que “ser desahuciado no significa ser un delincuente”, mientras que Oskar Matute de EH Bildu sostuvo que la normativa está dirigida a proteger a personas vulnerables, rechazando la idea de que favorezca la ‘okupación’ o la llamada ‘inquiokupación’. Desde Compromís, Águeda Micó, y el Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego, manifestaron su apoyo a la convalidación, aunque matizando que las ayudas recogidas en el texto deberían formar parte de políticas estructurales de mayor alcance, según consignó Europa Press.

El Partido Nacionalista Vasco, a través de su portavoz económica Idoia Sagastizabal, expresó su preocupación por la falta de respaldo suficiente al decreto y señaló al Ejecutivo por combinar en un solo texto legal medidas de distinta naturaleza, lo que a su juicio dificulta alcanzar el consenso necesario. Sagastizabal cuestionó la capacidad del Gobierno para impulsar políticas sociales efectivas bajo el actual enfoque legislativo, según detalló Europa Press.

Desde Junts, Marta Madrenas resumió la posición de su grupo afirmando: “escudo social sí, ’okupas’ no”, denunciando lo que describió como una repetición de la estrategia gubernamental de mezclar medidas urgentes de protección social con otras controvertidas como la moratoria antidesahucios. Madrenas sugirió que el Ejecutivo dispone de mecanismos alternativos, como una línea de 300 millones de euros para avales frente a impagos en alquileres, con los que podría abordar el problema de los desahucios. Europa Press recogió estas declaraciones durante el debate.

El diputado del PP, José Vicente Marí Bosó, intervino para recordar que la mayoría parlamentaria convalidó el texto el año pasado bajo el compromiso de tramitarlo como proyecto de ley para introducir cambios, algo que, según él, no avanzó debido a la mayoría contraria al Gobierno. Marí Bosó aportó datos señalando que tras seis prórrogas del escudo social, el 25,7% de la población sigue en riesgo de pobreza y el 16% de los hogares no pudo alcanzar una temperatura adecuada en 2025, sosteniendo que las políticas adoptadas no han conseguido los efectos esperados.

Carlos Hernández Quero, portavoz de vivienda de Vox, criticó al Ejecutivo señalando que en estos años no se ha producido la construcción necesaria de viviendas para responder a la crisis habitacional, y afirmó que tras seis prórrogas del ‘escudo social’ no existe una evaluación oficial sobre el impacto de estas medidas en la población vulnerable. Según informó el medio, Hernández Quero denunció la falta de resultados tangibles y cuestionó la presentación de los logros del Gobierno en materia de vivienda.

Por su parte, Alberto Catalán, de Unión del Pueblo Navarro, puso el foco en lo que denominó la práctica de “meter en un mismo decreto” cuestiones tan dispares como las ayudas a la DANA y la moratoria antidesahucios, lo que en su opinión ha dificultado la obtención de apoyos suficientes para sacar adelante el decreto, según publicó Europa Press.

A lo largo de la jornada parlamentaria, la polarización y el cruce de acusaciones reflejaron la imposibilidad de alcanzar un consenso respecto a la convalidación del decreto que integra el escudo social, con repercusiones directas sobre cientos de miles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad por riesgo de desahucio o pobreza energética, según consignó Europa Press.