Camerún condena a prisión a cuatro militares por la masacre de 22 civiles en 2020

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Nairobi, 20 feb (EFE).- La Justicia de Camerún condenó a penas de entre cinco y diez años de cárcel a cuatro militares responsables de la masacre de 22 civiles en las aldeas de Ngarbuh I y III (noroeste), ocurrida en 2020 en un contexto de violencia entre grupos armados separatistas anglófonos y el Ejército.

Los cuatro militares, uno de ellos prófugo, fueron hallados culpables de violar órdenes, asesinato, violencia contra mujeres embarazadas, incendios provocados y destrucción, según un comunicado de los abogados de las víctimas recogido este viernes por medios locales.

Durante la vista, celebrada el jueves, el Tribunal Militar de Yaundé, la capital del país, condenó a diez años de prisión a Haranga Gilbert y a Tata Nfor (en ausencia); a ocho años de cárcel a Baba Guida; y a cinco años a Lijado Cyrille.

Todos ellos tendrán que pagar igualmente una multa de 183.100 francos CFA (unos 280 euros), y se enfrentarán a una pena de prisión por deudas de seis meses en caso de impago.

Los condenados podrán apelar en un plazo de diez días.

El juicio comenzó hace más de seis años después de que un grupo de militares, junto con milicias mbororo (unos pastores nómadas de la etnia fulani), atacase las aldeas de Ngarbuh I y III el 14 de febrero de 2020 y asesinaran a mujeres embarazadas, niños y ancianos.

Desde 2017, las regiones Noroeste y Suroeste de Camerún están inmersas en la violencia por una crisis secesionista entre grupos armados separatistas anglófonos y las fuerzas armadas del Estado.

Aunque en Camerún el inglés y el francés son idiomas cooficiales y conviven junto a otras 250 lenguas nativas, el 20 % de la población es anglófona, una minoría que se siente marginada y asimilada por el Gobierno central francófono desde hace décadas.

La crisis actual empezó en 2016 con manifestaciones y huelgas de profesores y abogados que exigían un uso igualitario del inglés en los tribunales y colegios y una mayor representación en el Gobierno.

En 2017, las tensiones se transformaron en un conflicto armado intensificado por la negativa del Gobierno del presidente Paul Biya, en el poder desde hace cuarenta años, a contemplar ningún tipo de reivindicación.

Este conflicto también exacerbó el que ya existía previamente entre los fulani y los agricultores locales. EFE

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