Durante una intervención ante los medios de comunicación en Granollers, Alberto Núñez Feijóo pidió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o su destitución por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido a la gestión en torno a la denuncia por agresión sexual contra el comisario principal José Ángel González, quien ocupa el cargo de Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional. Según informó el medio, Feijóo señaló que la querella de la víctima se presentó el 9 de enero, y cuestionó la afirmación del ministro de desconocer el caso, sugiriendo que esa falta de información resulta incompatible con la responsabilidad del cargo.
El medio detalló que las declaraciones de Feijóo tuvieron lugar tras una visita a una fábrica de Pastas Gallo, acompañado del senador del Partido Popular Juan Milián, el alcalde de Castelldefels y presidente del PP en la provincia de Barcelona, Manu Reyes, y el diputado en el Parlament Juan Fernández. Durante su participación pública, el dirigente del Partido Popular calificó como “verdadera incompetencia” la supuesta ignorancia del titular de Interior sobre la investigación por abuso sexual que involucra a uno de los máximos responsables de la Policía Nacional.
Feijóo argumentó que existen elementos que permiten considerar que el entorno directo del jefe policial estaba al corriente de la denuncia, afirmando que el propio número dos del mando policial habría tenido conocimiento de los hechos y buscado persuadir a la presunta víctima para que retirase la denuncia. Según publicó el medio, el líder popular insistió en la dificultad de aceptar que el ministro no estuviera informado de una acusación de tal gravedad dentro de una de las instituciones bajo su supervisión.
A juicio del presidente del Partido Popular, la información disponible indica una respuesta institucional insuficiente ante estos acontecimientos, lo que llevó a reclamar medidas inmediatas: o la renuncia de Marlaska o su destitución por parte del presidente Sánchez. Feijóo reiteró que toda la información apunta a que es improbable que el caso pasara inadvertido por el máximo responsable ministerial en materia de seguridad.
Durante la atención a medios consignada por el medio, Feijóo subrayó la gravedad de que una denuncia interpuesta en enero pudiera no haber llegado a conocimiento del titular de Interior, sugiriendo la existencia de fallas en la cadena de información o posibles encubrimientos. La petición de responsabilidades se fundamentó en la incapacidad funcional que atribuye al ministro, según la información expuesta ante la opinión pública.
La visita a Granollers formó parte de la agenda pública del presidente popular, que estuvo acompañado de representantes del partido en el ámbito local, provincial y parlamentario. Según reportó el medio, el asunto de la denuncia y su gestión adquirió relevancia central en el encuentro con la prensa, desplazando otros temas inicialmente previstos en la intervención de Feijóo.
El desarrollo del caso ha generado reacciones internas en el PP sobre la gestión del Ministerio del Interior, en un contexto marcado por la sensibilidad ante denuncias de abusos sexuales dentro de cuerpos policiales y administrativos. Feijóo insistió en canalizar la presión hacia el Ejecutivo para que aclare los procedimientos seguidos desde la colocación de la denuncia por parte de la víctima el 9 de enero y la supuesta ausencia de comunicación efectiva al titular de la cartera.
De acuerdo con lo señalado por el medio, las declaraciones abiertas del presidente popular recogen la postura de exigencia de transparencia y responsabilidad política ante hechos de esta naturaleza, y resaltan la expectativa de que el Gobierno clarifique el proceso seguido en el caso concretamente relacionado con el DAO de la Policía Nacional.
La polémica entorno a la información interna y a la actuación de los altos mandos policiales, así como a la supervisión política por parte del Ministerio del Interior, continúa generando debate público, mientras Feijóo y la dirección del Partido Popular mantienen su exigencia de que se asuman responsabilidades institucionales ante lo que consideran una gestión deficiente del caso, según consignó el medio.
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