El PP registra una ley para prohibir ocultar el rostro con excepciones como meteorología adversa decretada

El PP ha registrado este jueves en el Congreso y en el Senado su propia proposición de Ley Orgánica reguladora del uso de prendas y elementos que oculten el rostro en espacios públicos, que contempla multa de hasta 600 euros y excepciones por condiciones meteorológicas adversas decretadas por la autoridad competente.

La proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, está firmada en la Cámara Baja por la portavoz 'popular' Esther Muñoz y en la Cámara Alta por Alicia García. Su registro tiene lugar después de que el Pleno del Congreso rechazase este martes la toma en consideración de la proposición de Ley de Vox para prohibir el velo integral (burka y nicab) en espacios públicos.

La iniciativa del PP plantea regular el uso de elementos "que oculten, total o parcialmente, el rostro en espacios públicos o de acceso público impidiendo o dificultando la identificación de la persona, con el fin de garantizar la libertad, la igualdad, la convivencia democrática y la protección de los derechos fundamentales de todos, especialmente de las mujeres".

El texto establece la prohibición de cualquier "vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro de forma que imposibiliten o dificulten la identificación de las personas". El incumplimiento se considerará infracción leve, sancionada con una multa de 100 euros, que podría ascender hasta 600 euros en caso de reiteración.

Además, la incitación al incumplimiento de la norma conllevaría una multa de 600 euros. Como alternativa a la sanción económica, la autoridad competente podrá ofrecer la participación voluntaria en programas públicos de sensibilización, formación o integración social.

La proposición contempla excepciones cuando la ocultación del rostro esté justificada por razones médicas o sanitarias; exigencias laborales o de protección individual; actividades culturales, festivas o deportivas autorizadas; condiciones meteorológicas adversas decretadas por la autoridad competente; y supuestos expresamente previstos por una ley.

De la misma manera, recoge que será de aplicación en todo el territorio nacional, sin perjuicio de aquellas normas específicas que dicten las comunidades autónomas y corporaciones locales en el ámbito de sus respectivas competencias, que en todo caso, apunta el PP, que deberán respetar lo dispuesto en esta ley.

En la exposición de motivos, el PP defiende que el uso del velo integral constituye "un símbolo de sometimiento" y una forma de "invisibilización" de la mujer. También apunta que "no es una cuestión religiosa ni cultural", sino "un símbolo de sumisión estructural y por tanto una cuestión que atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres".

El Pleno del Congreso rechazó este martes la toma en consideración de la proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, presentada por Vox con el fin de prohibir el velo integral (burka y nicab) en el espacio público. La propuesta contó con el apoyo del PP y UPN, mientras que Coalición Canaria se ha abstenido y el resto del hemiciclo ha votado en contra (el PSOE y sus socios de investidura).

La ley de Vox consta de un artículo único en el que se establece que "queda prohibida la utilización en el espacio público, o en lugares privados con proyección a un espacio o uso público, de los velos denominados nicab y burka".

En esta línea, PP y Vox comparten el objetivo de prohibir el uso del burka y el nicab en el espacio público, pero difieren en el enfoque. En concreto, los 'populares' fundamentan la medida en la dignidad de la mujer, la igualdad y los principios constitucionales, mientras los de Santiago Abascal enmarcan la prohibición dentro de un discurso de defensa de la civilización occidental frente a la inmigración "masiva" y la ideología islamista.

NO MENCIONA BURKA O NICAB

Además, Vox prohíbe de forma expresa el uso del nicab y el burka en el espacio público y en lugares privados y el PP opta por una redacción más amplia, al prohibir cualquier prenda o elemento que oculte total o parcialmente el rostro en espacios públicos sin mencionar expresamente el burka o el nicab.

En cuanto al régimen sancionador, la iniciativa de Vox modifica el Código Penal para castigar con penas de prisión de hasta tres años -cuatro en casos agravados- a quien imponga el uso de estas prendas mediante coacción. Además, reforma la Ley de Extranjería para permitir la expulsión del territorio nacional cuando el infractor sea extranjero reincidente. La propuesta del PP, por su parte, no introduce delitos nuevos ni prevé expulsiones, sino que establece un régimen administrativo con multas de 100 euros, ampliables hasta 600 en caso de reiteración, y contempla la posibilidad de sustituir la sanción por programas de sensibilización.

LA LEY DE JUNTS, SIN SANCIONES

Por su parte, Junts avanzó antes de que comenzase el Pleno del Congreso del martes que votaría en contra de la propuesta de Vox y, además, registró su propia iniciativa para prohibir el burka, sin sanciones y con excepciones.

El texto de Junts presenta un único artículo, que recoge que quedará prohibida la utilización en la vía pública y en cualquier espacio de acceso público de prendas que cubran "total o sustancialmente" el rostro e impidan la identificación de la persona. La norma menciona expresamente el nicab y el burka, aunque se formula de manera general para cualquier elemento que oculte la cara.

También señala que, en todo caso, cuando resulte necesario para fines de identificación o seguridad, la persona deberá descubrir el rostro de forma momentánea ante la autoridad o personal habilitado, "en condiciones que respeten la dignidad y la no discriminación".

En todo caso, contempla excepciones para casos de salud "debidamente acreditados", exigencias laborales o de prevención de riesgos, actividades culturales o festivas y situaciones en las que la autoridad requiera equipamiento de protección.

Más allá de la prohibición del velo integral, la proposición incluye una disposición adicional para que el Gobierno central formalice la delegación a la Generalitat de Cataluña de competencias ejecutivas en materia de seguridad e identificación de personas.

En concreto, la ley insta al Ejecutivo a transferir facultades para garantizar el orden y la seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos, ejercer funciones de control fronterizo -incluida la ejecución de la normativa sobre devolución de personas extranjeras- y emitir documentos oficiales de identificación como el DNI, el pasaporte o el NIE desde la administración catalana.