El Parlamento de Venezuela retoma este jueves el debate sobre la ley de amnistía

El proyecto de ley de amnistía impulsado en Venezuela ha generado fuerte rechazo entre activistas, ONG y familiares de personas detenidas por motivos políticos, quienes advierten que el texto obliga a reconocer hechos que los presos niegan haber cometido, como condición para acceder al beneficio. Según publicó el medio de origen, la iniciativa legislativa elaborada desde el oficialismo ha motivado protestas y huelgas de hambre frente a centros de detención en Caracas, donde familias y miembros de la oposición han demandado la liberación y denunciado el deterioro del estado de salud de los reclusos.

El Parlamento venezolano, presidido por Jorge Rodríguez, retomará este jueves el debate en segunda lectura del denominado "Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática", una propuesta surgida a iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. De acuerdo con el medio citado, la discusión de la ley se había aplazado previamente debido a controversias surgidas entre las fuerzas oficialistas y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes rechazan que el acceso a la amnistía esté supeditado a la admisión de hechos y delitos desde 1999, tal como establece el texto respaldado por el gobierno.

Mientras el debate en la Asamblea Nacional sigue en agenda para las 16:00 horas (hora local), familiares de presos políticos permanecen concentrados en las afueras de sedes penitenciarias y centros de detención, entre ellas una instalación de la Policía Nacional Bolivariana, conocida como Zona 7, ubicada en Caracas. Desde el sábado pasado, algunos de los manifestantes han iniciado una huelga de hambre, como medida de presión para exigir la liberación de sus allegados, lo que ha derivado en complicaciones de salud en parte de los participantes.

Marcos Velazco, dirigente de la organización opositora Vente Venezuela, informó el miércoles sobre la situación de Mariana Escalona, esposa de su padre Julio Velazco, quien sufrió problemas de salud tras más de 100 horas en huelga de hambre y debió recibir atención médica en un ambulatorio cercano. Velazco declaró a través de redes sociales que, a su juicio, "esta pesadilla debe terminar. Y solo será posible cuando todos los presos políticos sean liberados".

Adicionalmente, la organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) solicitó a la Fiscalía General la designación inmediata de un funcionario con especialización en derechos humanos para que asista a los centros de detención y recabe de manera directa los testimonios de las víctimas, constate el deterioro físico y psicológico de los privados de libertad y, en función de ello, inste a las autoridades a ordenar la liberación inmediata de quienes permanecen detenidos por razones políticas tanto en Boleíta como en la Zona 7. Según reportó el medio original, el CLIPPVE denunció que un funcionario identificado como Fiscal 13 con competencia nacional no habría proporcionado información relevante a los familiares sobre la situación de los reclusos en ese recinto penitenciario.

El comunicado difundido por CLIPPVE subrayó además que, desde la perspectiva de los activistas, la Fiscalía General dispone legalmente tanto de las facultades como de la responsabilidad constitucional para salvaguardar la vida y la integridad de los prisioneros y de sus familias, especialmente cuando se registra un agravamiento de las condiciones de salud motivado por la prolongación del encarcelamiento y la falta de respuestas institucionales.

El medio detalló que la ley de amnistía objeto del debate abre formalmente la posibilidad de excarcelar a personas acusadas de cometer delitos desde 1999, en coincidencia con los límites temporales establecidos por el gobierno venezolano. No obstante, la exigencia de que los beneficiarios reconozcan conductas que afirman no haber realizado ha generado tensiones y resistencia dentro del movimiento de derechos humanos y entre la sociedad civil.

Las protestas y manifestaciones de familiares frente a las instalaciones penitenciarias, así como el llamado de las organizaciones a una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades judiciales y gubernamentales, marcan el contexto de la discusión parlamentaria, mientras continúa el debate sobre los alcances y limitaciones del proyecto de ley impulsado por la administración de Delcy Rodríguez.

La situación de los reclusos políticos y las denuncias de deterioro en sus condiciones de salud permanecen en el centro de la atención pública, según reiteró el medio consultado, lo que ha intensificado la presión hacia las instituciones del Estado venezolano ante el inminente debate legislativo sobre la amnistía.