Consejo Económico y Social asegura que la inmigración "bien gestionada" es "bendición para cualquier economía"

Durante la presentación de un informe elaborado por el Consejo Económico y Social de España (CES), su presidente, Antón Costas, enfatizó la evolución que ha experimentado el país al pasar en dos décadas de ser emisor de migrantes a convertirse en un destino para 10 millones de personas. Esta transformación ha supuesto desafíos de gestión y adaptación significativos, según informó la Universidad de Sevilla durante el acto celebrado en el Paraninfo de la institución. En este contexto, Costas remarcó la evolución y el impacto de los flujos migratorios en España y destacó que la inmigración, cuando se administra adecuadamente, resulta positiva para la economía y la sociedad.

De acuerdo con lo expuesto por el medio en su comunicado, el informe Realidad Migratoria en España: Prioridades para las Políticas Públicas, consensuado por 60 miembros de organizaciones empresariales, sindicales, agrarias, marítimo-pesqueras, de consumidores y por seis expertas académicas, sostiene que la inmigración ha sido fundamental en el crecimiento poblacional reciente. El documento añade que la presencia de personas extranjeras mantiene la población activa en todas las regiones, incluidas zonas como Andalucía, donde una parte significativa del aumento demográfico se relaciona con la llegada de migrantes.

El informe, presentado con la colaboración de la vicerrectora de Planificación Estratégica y Económica de la Universidad de Sevilla, Carmen Barroso, y el presidente del CES de Andalucía, Juan Marín, busca ofrecer un diagnóstico detallado sobre la situación de la migración en España. Según el documento difundido, la inmigración no ha provocado impactos negativos relevantes en los salarios ni en el empleo. El análisis resalta que los efectos visibles al integrar personas migrantes tienden a igualarse con el tiempo: pasados cinco años, las condiciones laborales de los extranjeros se equiparan a las de la población española nativa, y existe una tendencia de mejora para estos trabajadores, con progresión hacia empleos con mayor productividad y mejores salarios.

Tal como reportó la Universidad de Sevilla, se rechaza la percepción de que las personas extranjeras sean consumidoras desproporcionadas de servicios públicos. Las conclusiones reflejan que los migrantes aportan más de lo que reciben, constituyéndose en contribuyentes netos del sistema de pensiones y sin registrar un uso elevado de prestaciones sociales o sanitarias respecto al resto de la población. No obstante, el informe subraya que la situación administrativa irregular de las familias migrantes incide negativamente en el desempeño educativo de sus hijos, mientras que aquellos menores cuyas familias gozan de regularidad tienen resultados académicos similares a los de los alumnos nativos.

El presidente del CES puso especial atención en dos cuestiones centrales: la feminización creciente del fenómeno migratorio —más de la mitad de los migrantes en España son mujeres— y el efecto de la inmigración en áreas rurales. Costas puntualizó que las migrantes suelen enfrentar una doble vulnerabilidad, al converger factores de género y origen, y que la llegada de extranjeros ha contribuido al sostenimiento y rejuvenecimiento de la población en zonas rurales. No obstante, según consignó el medio, persisten elevados niveles de concentración en grandes ciudades y zonas del litoral, lo que eleva la presión sobre ciertos servicios públicos, especialmente en los barrios donde la proporción de migrantes puede alcanzar el 25%, como ocurre en algunos municipios de Andalucía.

Costas advirtió que el incremento de la población migrante no se ha visto acompañado por un refuerzo proporcional en los servicios públicos esenciales. En su intervención, remarcó la necesidad de priorizar la mejora de estos recursos desde una perspectiva de política pública. Sobre este punto, el informe recalca la importancia de reforzar la atención en localidades y barrios que reúnen una elevada concentración de migrantes, para evitar situaciones que puedan poner a prueba servicios fundamentales.

Otra de las advertencias del documento, según publicó la Universidad de Sevilla, se refiere al cambio en la percepción social sobre la inmigración. El informe detecta un aumento notable en la preocupación de los españoles acerca del fenómeno migratorio, que ahora figura entre sus principales inquietudes. El texto señala una disonancia entre la experiencia directa de la población y la percepción transmitida socialmente, aunque reconoce que la inquietud “se percibe como real”.

Durante el evento, Costas remarcó la idea de que la inmigración constituye ahora un elemento estructural y estable de la sociedad española, y, a su juicio, la discusión no debe centrarse en su existencia, sino en los modos de gestionar el fenómeno de manera ordenada, segura y eficaz. El presidente del CES abogó por la creación de un modelo de gestión que implique una cooperación estrecha entre la Unión Europea, el gobierno central y las administraciones autonómicas y locales.

Como parte de las conclusiones reiteradas en la jornada, el presidente del CES instó a alcanzar un pacto social amplio sobre inmigración que supere divisiones políticas y que cuente con la implicación de la sociedad civil y el tejido empresarial. El acuerdo, según el documento citado por la Universidad de Sevilla, debería poner el foco en aspectos como la formación, la inclusión sociolaboral y el acceso a la vivienda.

La vicerrectora Carmen Barroso agradeció la elección del Paraninfo para la presentación del informe y destacó la importancia de disponer de análisis exhaustivos que permitan avanzar hacia una sociedad más desarrollada y justa, de acuerdo con el comunicado de la Universidad de Sevilla. El acto incluyó una mesa redonda con la participación de representantes de organizaciones sociales y económicas, quienes debatieron sobre la gestión migratoria. Asistieron autoridades políticas como la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, y el viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, José Repiso.