Mónica García defiende que el Estatuto Marco incluye todas las mejoras posibles y descarta uno exclusivo para médicos

La titular de Sanidad rechaza la iniciativa de sindicatos para elaborar reglas diferenciadas al afirmar que el texto pactado con organizaciones mayoritarias ya contempla avances y recuerda que varias demandas dependen de la gestión autonómica

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"Ojalá en vez de entrar a la guardia a las 8 de la mañana hubiera podido entrar a las 3 de la tarde", afirmó Mónica García al recordar su etapa laboral en el Sistema Nacional de Salud, valorando de manera positiva los cambios introducidos en el nuevo Estatuto Marco. De acuerdo con información publicada por el medio, la ministra de Sanidad rechazó la creación de un reglamento específico para el colectivo médico y defendió que la normativa actual ya incorpora los avances materiales posibles sin interferencias en las competencias de otras leyes y de los gobiernos autonómicos.

Según informó la fuente, la titular de Sanidad explicó que el Estatuto Marco surgió de la negociación y el consenso alcanzado con las principales organizaciones sindicales, que representan mayoritariamente a los trabajadores sanitarios, incluidos los médicos. Entre las agrupaciones implicadas en la elaboración del texto final se encuentran CCOO, UGT, CSIF y SATSE. La ministra remarcó que la inclusión de estos sindicatos legitima el acuerdo, ya que el proceso de diálogo se extendió durante más de tres años y en las reuniones participaron profesionales médicos.

Durante una intervención en los pasillos del Senado, Mónica García aclaró que el Ministerio de Sanidad descarta la elaboración de un estatuto exclusivo para el colectivo médico con el argumento de que la atención a la salud se organiza de manera multidisciplinar y que "la sanidad trabaja de manera multidisciplinar". La ministra manifestó: "No lo vamos a hacer porque no creemos en ello y porque la sanidad trabaja de manera multidisciplinar", enfatizando la importancia de no fragmentar el sistema sanitario nacional.

De acuerdo con el mismo medio, ante la convocatoria de huelga por parte de ciertos sindicatos médicos, García recordó que quienes impulsan la paralización cuentan con la posibilidad de impulsar una regulación propia a través de un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. En ese sentido, reiteró que las demandas relativas a la dotación de las plantillas, las políticas retributivas, la regulación de turnos, las guardias y la organización interna pertenecen a la gestión de las comunidades autónomas, no al Gobierno central.

Al ser consultada por el desgaste de su imagen frente al conflicto, la ministra declaró que se ha "desgallitado" al intentar comunicar las razones que motivan la huelga y puntualizó que, en su experiencia como médica del Sistema Nacional de Salud hasta 2022, nunca se encontró con reclamaciones similares respecto al Estatuto Marco. Detalló que la revisión de la normativa se mantuvo guardada durante más de dos décadas y que al promover los cambios actuales se generó una reacción considerable por parte de algunos sectores que consideran insuficientes los nuevos derechos laborales que otorga el texto.

Según publicó el medio, García destacó que los avances materiales incluidos en la revisión del Estatuto dependen en su mayoría de las autoridades autonómicas, enfatizando que cualquier cambio sobre aspectos como los recursos humanos, la mejora de las condiciones de trabajo y la organización de los servicios debe ser gestionado desde las consejerías de salud regionales. La ministra insistió en que el Ministerio de Sanidad no intervendrá en competencias autonómicas ni contravenirá la legislación vigente, postura que reiteró al rechazar solicitudes que impliquen segregar el sistema sanitario nacional.

Por último, la ministra aseguró que continuará defendiendo ante las distintas instancias la mejora de las condiciones laborales en el sector, aunque reconoció la existencia de opiniones divergentes sobre el alcance de las reformas. En su intervención, García instó a dirigir las reivindicaciones sobre temas laborales directamente a las administraciones autonómicas por corresponderles esas competencias, según reportó la fuente.