El territorio al oeste del río Esequibo, que abarca aproximadamente 159.000 kilómetros cuadrados, sigue siendo eje de una prolongada tensión diplomática debido a la abundancia de petróleo, minerales y diversidad biológica que caracteriza la región. Esta disputa fronteriza, que equivale a dos tercios de la superficie total de Guyana, ha visto a Caracas insistir en la necesidad de retomar conversaciones directas con Guyana, enfatizando el cumplimiento de acuerdos históricos. Según informó Europa Press, el Gobierno venezolano ha reiterado su disposición a negociar “de buena fe” sobre el Esequibo, pero sostiene con firmeza que mantendrá sus derechos y títulos históricos sobre el territorio, actualmente administrado por las autoridades guyanesas.
Con motivo del sexagésimo aniversario del Acuerdo de Ginebra de 1966, la administración venezolana, representada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, emitió un comunicado donde señala que la única vía viable para resolver la controversia territorial radica en entablar una negociación genuina. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, las autoridades venezolanas subrayaron que tal mecanismo podría conducir al “arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes”, objetivo fijado en el Acuerdo de Ginebra y que consideran el único instrumento jurídico válido para buscar una solución que sea aceptada por Venezuela y Guyana.
El comunicado remarcó que Venezuela, por mandato emanado del referéndum del 3 de diciembre de 2023, sostiene la integridad de la llamada Guayana Esequiba como parte de su territorio y descarta cualquier opción de renuncia a sus derechos históricos. “Jamás renunciará a sus derechos y títulos históricos sobre la Guayana Esequiba, la cual ha sido, es y será parte de la integridad territorial de Venezuela”, expresó el gobierno citado por Europa Press.
La administración de Caracas destacó, según publicó Europa Press, que durante seis décadas desde la firma del acuerdo, ha demostrado compromiso “absoluto” con las obligaciones del pacto. En contraste, se acusó a Guyana de incumplir el contenido del Acuerdo de Ginebra, al litigar de “mala fe” y al intentar obtener reconocimiento territorial mediante una demanda unilateral presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), demanda que el Gobierno venezolano considera carente de jurisdicción sobre la controversia.
El medio Europa Press detalló que Guyana administra la región del Esequibo de acuerdo al Laudo Arbitral de 1899. Desde el punto de vista de Georgetown, dicho territorio fue adquirido por el Reino Unido en 1814 tras un pacto con Países Bajos, sosteniendo que Venezuela debería aceptar las fronteras fijadas entonces. Por su parte, Caracas sostiene que el Acuerdo de Ginebra reconoce sus reivindicaciones y califica el laudo de 1899 como resultado de un acuerdo político entre Reino Unido y el jurista ruso Friedrich Martens, quien formó parte del tribunal y cuyo voto resultó determinante.
Dentro del contexto contemporáneo, Europa Press señaló que el Gobierno venezolano, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, nombró un gobernador para la zona en disputa, medida implementada tras las elecciones legislativas celebradas en mayo de 2025. Este acto evidencia la intención de Venezuela de reforzar su presencia y autoridad sobre el área, pese a la administración continuada por Guyana.
En 2018, el Gobierno de Guyana recurrió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, órgano judicial principal de Naciones Unidas, solicitando su mediación en el diferendo. Europa Press informó que el tribunal instó a Caracas a abstenerse de adoptar medidas que modifiquen el estatus actual del Esequibo, en paralelo al referéndum consultivo sobre el estatus del territorio realizado en diciembre de 2023.
La disputa territorial entre Venezuela y Guyana sigue en curso, con cada país defendiendo sus argumentos históricos y jurídicos. Según consigna Europa Press, Caracas insiste en que el territorio debe delimitarse siguiendo el curso del río Esequibo, mientras que Guyana reivindica la legalidad del laudo arbitral de 1899. Ambas naciones mantienen perspectivas irreconciliables sobre la legitimidad de los mecanismos internacionales y oscilan entre intentos de negociación directa y recursos judiciales ante organismos multilaterales.
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