
La posibilidad de modificar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) para incluir la prohibición de asistencia y participación de menores en actividades cinegéticas generó inquietud en el Gobierno de Castilla-La Mancha, particularmente en relación a la garantía del relevo generacional en la caza. Así lo hizo saber la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien advirtió sobre las implicaciones que podría tener una medida de este tipo en la participación de los jóvenes en este sector. De acuerdo con lo difundido por Europa Press, Gómez señaló que una restricción general sobre los menores no fomentaría la continuidad en la práctica de la caza dentro de la región.
Según lo publicado por Europa Press, el Ministerio de Juventud e Infancia valora la ampliación de la Lopivi para vetar la participación y la presencia de menores en actividades donde exista violencia hacia los animales, abarcando tanto los eventos cinegéticos como los espectáculos taurinos. Esta iniciativa llevó a la consejera a expresar dudas sobre el alcance y la fundamentación de la propuesta, aunque indicó que el Gobierno regional mantendrá el respeto ante la decisión que se adopte a nivel estatal. Gómez puntualizó que, pese a esa disposición a acatar la normativa nacional, en la comunidad existe el compromiso de impulsar la caza y de promover la incorporación de nuevas generaciones a esta práctica.
La consejera subrayó que, en vez de generalizar la prohibición para todos los menores, el debate debería enfocarse en la distinción entre diferentes tramos de edad. En esa línea, defendió la importancia de establecer normas de seguridad y reglas claras para todos los participantes, independientemente de la edad, aunque admitió la necesidad de una supervisión adulta especialmente vigilante cuando los participantes jóvenes, como los adolescentes de 14 años, asisten a los eventos cinegéticos. Gómez citó el reglamento de armas español, que contempla la participación de menores a partir de esa edad bajo custodia de un adulto, apoyándose en que la normativa vigente ya prevé cautelas y límites para estos casos.
La titular de Desarrollo Sostenible defendió que a los catorce años los adolescentes cuentan con capacidad de discernimiento y que la legislación española, a través del reglamento de armas, contempla opciones para que los jóvenes puedan practicar la caza bajo condiciones específicas. Sostuvo, según Europa Press, que la propuesta del ministerio podría estar transmitiendo una idea confusa respecto a la naturaleza de la actividad cinegética. Afirmó que, más allá de las percepciones externas, la caza posee un componente deportivo y que los marcos regulatorios ya incorporan filtros de seguridad para proteger a los jóvenes que participan en este tipo de prácticas.
A lo largo de sus declaraciones referidas por Europa Press, Gómez remarcó la obligación de Castilla-La Mancha de potenciar la caza entre la población joven, al considerar que se trata de una actividad arraigada en la cultura de la región y clave para asegurar su continuidad en el futuro. Destacó la diferencia entre la participación infantil y la juvenil, haciendo énfasis en el grupo de adolescentes que, de acuerdo con la legislación, pueden usar ciertas armas bajo supervisión adulta.
Finalmente, Mercedes Gómez expuso que la configuración del debate público en torno a la asistencia de menores en la caza debería evitar planteamientos absolutos respecto a la edad. Abogó por delimitar claramente las responsabilidades, las exigencias legales y los procedimientos de acompañamiento de los menores por parte de adultos, en concordancia con el reglamento nacional vigente, según consignó Europa Press.
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