Arrestada la exgerente de la petrolera boliviana YPFB por una presunta usurpación de funciones

Según explicó el fiscal Daniel Ortuño, durante su etapa como gerente de comercialización de combustibles en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gabriela Delgadillo firmó documentos como vicepresidenta de la entidad, pese a que su designación oficial no correspondía a ese puesto. De acuerdo con la información publicada por el diario boliviano La Razón, estas acciones forman parte de los argumentos que motivaron una orden de “aprehensión” contra Delgadillo, ejecutada por agentes del Departamento Anticorrupción este lunes en Santa Cruz.

El arresto quedó confirmado por Jhonny Coca, director departamental de Santa Cruz de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), quien detalló que la exdirectiva enfrenta cargos de presunto incumplimiento de deberes y usurpación de funciones. Según reportó El Deber, tras su traslado a instancias judiciales, Delgadillo decidió guardar silencio frente a las preguntas de la autoridad, lo cual llevó al Ministerio Público a anunciar la presentación de una imputación formal. El fiscal Ortuño puntualizó que la Fiscalía solicitará una medida excepcional de detención preventiva en su contra.

Ortuño enfatizó que Delgadillo no es la única persona bajo investigación en esta causa, señalando que existe interés en la actuación de otro funcionario de YPFB, aunque sin precisar la identidad ni el cargo de este segundo implicado. El caso ha derivado así en la ampliación de las pesquisas a otros empleados de la empresa estatal, en un contexto donde organizaciones anticorrupción coordinan acciones con la Fiscalía para esclarecer la extensión de las supuestas irregularidades.

Ariel Góngora, abogado defensor de Delgadillo, manifestó cuestionamientos a la forma en que se practicó la detención. Según argumentó el letrado, la exgerente no recibió citación previa para comparecer y prestar declaración informativa, instando a que se respeten los procedimientos legales. Góngora también hizo referencia al estado de salud de Delgadillo, afirmando que su clienta recientemente fue sometida a una cirugía cardíaca, lo que motivó su preocupación por la condición física de la detenida.

Según dio a conocer La Razón, las sospechas sobre la exdirectiva surgieron a raíz del análisis de documentos y elementos reunidos por la Fiscalía en el marco de sus indagaciones internas sobre el funcionamiento de YPFB. El Ministerio Público sostiene que la presunta firma de Delgadillo como vicepresidenta, cuando solo ocupaba un cargo gerencial, constituye una usurpación de funciones y trasgrede la normativa que regula la designación y atribuciones de los altos cargos en la empresa estatal.

Como reportó El Deber, la intervención del Departamento Anticorrupción en Santa Cruz forma parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer los procedimientos de control y fiscalización dentro de las entidades públicas del sector de hidrocarburos, ámbitos que han sido objeto de críticas por supuestas falencias administrativas y falta de transparencia. La detención de Delgadillo representa uno de los casos recientes en que las autoridades bolivianas buscan responder a denuncias sobre irregularidades en la gestión pública, involucrando a mandos directivos y personal jerárquico de empresas estratégicas.

Mientras la Fiscalía prepara su próxima imputación y solicita detención preventiva, los distintos actores del proceso aguardan las resoluciones judiciales, con la expectativa de que las investigaciones puedan arrojar mayores certezas sobre la magnitud y alcance de las conductas denunciadas. Los procedimientos mantienen atención pública en Bolivia, en particular, por el peso institucional y el impacto económico que implica cualquier crisis o escándalo dentro del sector de hidrocarburos, uno de los pilares de la economía nacional, según recordó La Razón en sus informes sobre el desarrollo del caso.