Casi el 80% de los españoles defiende prohibir la publicidad de alimentos insanos dirigidos a menores, según un estudio

El dato de que el 91% de los españoles considera que se debería prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años se destacó durante la presentación de un estudio realizado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y Shopperview, según informó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En este contexto, el medio El País consignó que el debate sobre la protección de la salud de los menores ante la publicidad de alimentos insanos se ha intensificado, ya que el 79% de la población respalda la prohibición de anuncios dirigidos a menores de edad que promuevan productos de bajo valor nutricional, alta carga calórica, elevados contenidos de grasa, azúcar o sal, y escasos nutrientes.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 precisó que la investigación, recogida en el Barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas, encuestó a 1.000 personas entre 18 y 70 años responsables de la compra de alimentos para sus hogares. Según los resultados, existe un consenso generalizado sobre la urgencia de intervenir en la regulación publicitaria, evidenciando un apoyo social considerable a medidas orientadas a proteger la salud infantil de prácticas que favorecen hábitos alimenticios negativos. Además, el 54% de los participantes en el estudio cree que la prohibición de la venta de bebidas energéticas debería ampliarse hasta los 18 años.

Durante el acto titulado ‘De la evidencia a la acción: Regular la publicidad de los alimentos insanos’, el ministro Pablo Bustinduy anunció que una propuesta de normativa destinada a regular este tipo de publicidad se publicará en las próximas semanas. El funcionario argumentó que estas acciones buscan frenar “un efecto nocivo en la salud de las niñas, los niños y los adolescentes”. En sus declaraciones, Bustinduy hizo hincapié en la relevancia de proteger a los escolares y de que España adopte políticas similares a las recomendadas por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la propia AESAN, las cuales sostienen que restringir la publicidad en función de la calidad nutricional de los productos es esencial para combatir la obesidad infantil. El ministro afirmó que este problema afecta de manera particular a niños y adolescentes de familias con menos recursos, lo que incrementa las desigualdades en salud.

La investigación resalta que, de acuerdo con un informe de la Gasol Foundation citado por Bustinduy y publicado por el Ministerio, el 80% de los menores en España consume alimentos y bebidas con bajos valores nutricionales y altos contenidos de azúcares, grasas o sal. El ministro sostuvo que las empresas del sector alimentario tienen la responsabilidad de evitar prácticas que pongan en riesgo el derecho a la salud de la infancia, defendiendo la acción normativa como una medida de salud pública y un mecanismo de protección de los derechos de los menores.

El medio El País comunicó que la OMS ha reiterado en distintos informes que la publicidad dirigida a niños y adolescentes sobre alimentos con escaso valor nutritivo y alto contenido calórico aumenta la ingesta calórica, fomenta la preferencia por productos poco saludables y puede generar impactos perjudiciales sostenidos en la salud de los menores. La organización internacional también señala que las empresas emplean técnicas de persuasión sofisticadas que suelen pasar desapercibidas entre el público más joven. Entre estas estrategias destacan la utilización de influencers o figuras deportivas populares, así como la asociación de los productos con emociones positivas como la diversión o el entretenimiento.

El ministro Bustinduy recalcó en su intervención que el abordaje de la presión publicitaria resulta crucial para contrarrestar la exposición de niños y adolescentes a alimentos ultraprocesados. Estos productos, además de ser muy calóricos, se caracterizan por su bajo aporte nutricional y elevado contenido en ingredientes como grasas, azúcares y sal. Además, argumentó que limitar la publicidad de estos productos es un paso que ya han dado países como Portugal, Noruega, Reino Unido, Irlanda y Suecia.

Según publicó El País, el Gobierno sostiene que estas medidas persiguen corregir un entorno mediático que facilita el consumo de productos asociados a la obesidad infantil. El respaldo social recogido en el estudio, según detalló el Ministerio, condiciona el futuro desarrollo de regulaciones legales más estrictas sobre la publicidad y la venta de productos considerados poco saludables, especialmente entre la población más joven.