Perú apelará la sentencia que le impide supervisar puerto de Chancay, construido por China

Diversos organismos nacionales critican una resolución judicial que limita la intervención estatal sobre el estratégico terminal marítimo, mientras autoridades norteamericanas advierten sobre riesgos a la autonomía del país frente al creciente dominio de empresas asiáticas

Guardar

El Gobierno peruano subrayó que el puerto de Chancay debe ajustarse a la normativa nacional, incluidas las disposiciones de seguridad portuaria que gestionan varias entidades públicas con presencia activa en el recinto. El anuncio se da tras una polémica judicial que limita el control estatal sobre esta infraestructura estratégica, según reportó la agencia EFE. Las autoridades incluyeron en la lista de instituciones responsables a la Autoridad Portuaria Nacional, la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, detallando que cada una ejerce funciones de control y fiscalización conforme a las atribuciones legales.

Esta postura surge luego de que un juez peruano dictaminó la semana pasada que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, Ositrán, no puede regular ni supervisar actividades en el puerto de Chancay más allá de intervenir en las tarifas por servicios prestados. El fallo, de acuerdo con EFE, respondió a una demanda de la estatal china Cosco Shipping, responsable del desarrollo del recinto portuario mediante una inversión de 1.300 millones de dólares y su principal accionista con el 60% de la propiedad; el restante 40% pertenece a la minera peruana Volcan Compañía Minera.

Según publicó EFE, el Ejecutivo peruano confirmó este miércoles que acudirá a la apelación al considerar que la sentencia representa una exclusión de las facultades regulatorias estatales sobre un activo considerado relevante para la infraestructura nacional. La Presidencia del Consejo de Ministros informó en un comunicado que recurrirá a los instrumentos legales disponibles si la decisión judicial resulta ratificada en las instancias superiores, todo ello en cumplimiento estricto de la normativa vigente en Perú.

La sentencia ha sido cuestionada no solo por el Gobierno de Perú y organismos nacionales, sino también por la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos y su embajador en Lima, Bernie Navarro, quien opinó, según consignó EFE, que esto implica ceder soberanía nacional a favor de intereses chinos. Las preocupaciones estadounidenses recaen en la dimensión estratégica que representa el puerto para la región y el posible incremento de la presencia e influencia de empresas asiáticas en sectores clave de Sudamérica.

El puerto de Chancay, ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima, cuenta con capacidad para movilizar un millón de contenedores al año y ha sido proyectado como un nuevo centro logístico de relevancia continental. Según detalló EFE, el terminal aspira a convertirse en el principal nodo de conexión comercial entre China y Sudamérica, con la posibilidad futura de establecer una conexión ferroviaria directa hacia el puerto de Bahía en Brasil, un plan impulsado desde el país asiático y que implicaría una reconfiguración significativa del flujo de mercancías transpacíficas.

El medio EFE subrayó además que, pese al fallo, varias agencias estatales mantienen actividades de control dentro del puerto. Esta realidad refuerza el argumento del Gobierno peruano sobre la necesidad de un marco de regulación estatal efectivo que permita velar tanto por el cumplimiento de estándares de seguridad como por la autonomía decisoria en activos de infraestructura clave para el Perú.

El caso Chancay se inserta en el debate sobre el alcance de la participación internacional en sectores estratégicos y la capacidad reguladora de los Estados. Dado el tamaño de la inversión, la ubicación geográfica y la proyección internacional del terminal, el puerto figura en discusiones políticas y de seguridad tanto en el ámbito nacional como internacional, recogió EFE. La apelación anunciada por las autoridades peruanas abrirá una nueva etapa judicial para definir si el Estado podrá mantener o ampliar sus atribuciones sobre este puerto de alto valor estratégico.