Imputado bajo la ley antiterrorista el líder de la secta del caso Shakahola por la muerte de otras 52 personas

Los ocho acusados comparecieron ante varias salas judiciales donde se les imputaron cargos bajo distintas figuras legales, y la magistrada Wendy Kagendo del Tribunal Superior de Mombasa ordenó su traslado a un hospital para exámenes psiquiátricos, proceso durante el cual todos mantuvieron su declaración de inocencia. La Fiscalía de Kenia anunció que el pastor Paul Mackenzie, señalado por liderar la secta Good News International Ministries, y siete colaboradores enfrentan nuevas imputaciones relacionadas con la muerte de más de medio centenar de personas en Kwa Binzaro, sumando estos cargos a las acusaciones previas por la masacre en el bosque de Shakahola. De acuerdo con el medio que cubrió el proceso, se ha invocado la Ley de Prevención del Terrorismo y se han formalizado varios cargos que incluyen homicidio involuntario, asesinato, facilitación de actos terroristas y promoción de creencias extremistas.

Según informó la Fiscalía, Mackenzie y los otros siete imputados —Shallyne Temba, Kahindi Garama, Tom Mkonwe, Julius Luwali, Johnson Richard, Charles Musee y James Kahindi— comparecieron el miércoles en el tribunal de Shanzu, en el condado de Mombasa, donde se formalizaron cargos por actividades organizadas delictivas, dos cargos de radicalización, otros dos por facilitar la comisión de actos terroristas, y la tenencia de objetos vinculados a delitos previstos en la normativa antiterrorista. El Ministerio Público remarcó en un comunicado difundido en redes sociales que los acusados promovieron un sistema de creencias extremistas a través de prédicas dirigidas contra la autoridad gubernamental, fomentando la adopción de valores radicalizados y allanando el camino para la ejecución de actos terroristas en el marco de una organización descrita como “grupo delictivo organizado”.

En la acusación formal, las autoridades sostienen que Mackenzie y sus colaboradores llevaron adelante actividades que pusieron en peligro a sus propios seguidores, hecho respaldado por la muerte de más de cincuenta personas en la mencionada aldea keniata. Según publicó la Fiscalía, la audiencia judicial principal quedó fijada para el 4 de marzo de 2026, una fecha que se replica en las otras dos causas abiertas con imputaciones similares.

Luego de esta comparecencia ante el tribunal de Shanzu, las mismas ocho personas fueron presentadas ante el juez principal del Tribunal de Justicia de Mombasa, Eric Wambo. En esa instancia, la Fiscalía amplió los cargos, imputándoles homicidio involuntario por la muerte de 29 individuos. Según consignó la Fiscalía, los fallecimientos habrían ocurrido en fechas no especificadas comprendidas entre enero y julio de 2025 en la zona de Kwa Binzaro. El comunicado oficial no aclaró si estos 29 fallecidos corresponden al grupo de 52 víctimas referenciado en el primer caso o si corresponden a episodios distintos.

Además, el Ministerio Público trasladó la causa ante la jueza Wendy Kagendo en el Tribunal Superior de Mombasa, donde Mackenzie y el resto de los implicados recibieron acusaciones formales de asesinato. El comunicado difundido por la Fiscalía no especificó el número total de víctimas atribuidas a este cargo, limitándose a señalar que todos los acusados fueron enviados a una evaluación psiquiátrica tras la comparecencia ante la magistrada Kagendo. La declaración de inocencia fue reiterada por Mackenzie y los otros siete acusados en cada comparecencia, según reportó el medio.

A finales de enero, la Fiscalía había anticipado la preparación de estos nuevos cargos tras el descubrimiento de más cadáveres en los alrededores de Kwa Binzaro, localidad ubicada a unos 30 kilómetros de Shakahola y vinculada a la actividad de la secta Good News International Ministries. Según detalló el ministerio público, este hallazgo ocurrió meses después de la detención de Mackenzie, lo que sugería que el grupo seguía activo a pesar de la privación de libertad de su líder.

En el caso original de Shakahola, Mackenzie y los dirigentes de la organización habrían instado a sus seguidores a mantener ayunos extremos hasta la muerte, prometiendo un reencuentro con Jesucristo en otra vida. Durante varios meses, las autoridades llevaron a cabo excavaciones y exhumaron cuerpos en amplias zonas boscosas, en un operativo que expuso la magnitud de la tragedia.

La Policía Nacional de Kenia reconoció previamente que existieron fallos en la gestión del caso, admitiendo deficiencias en la obtención de inteligencia y en la coordinación de las pesquisas entre distintos organismos de seguridad, lo que, de acuerdo con la información recogida por el medio, habría contribuido al desenlace fatal. La serie de procesos judiciales abiertos contra Mackenzie y sus colaboradores por acusaciones vinculadas tanto al extremismo religioso como a delitos graves muestra la dimensión del desafío institucional que enfrenta el país en materia de prevención y represión de grupos sectarios radicalizados.