
El Banco de la República volvió a quedar en el centro del debate económico y político tras los cuestionamientos del ministro Daniel Rojas Medellín, quien aseguró que las recientes alzas en la tasa de interés buscan aumentar el desempleo para contener la inflación.
A través de su cuenta de X, Rojas planteó que “la tasa de interés es el precio del dinero en el tiempo” y se preguntó quiénes se benefician de un crecimiento súbito del precio de sus activos, respondiendo él mismo: “Exacto, los banqueros”.
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El ministro enfatizó que mientras la inflación disminuye la capacidad adquisitiva de la mayoría de los ciudadanos, los grandes capitales apenas se ven afectados.
“¿Quiénes tienen exageradas sumas de dinero como para que un simple punto porcentual de inflación les haga perder ingentes capacidades adquisitivas? Exacto, los banqueros”, escribió, subrayando su argumento sobre la desproporción entre los efectos de la política monetaria en distintos sectores de la sociedad.
Con esto, Rojas apuntó a la existencia de una “puerta giratoria” entre el banco central y la banca privada, cuestionando la supuesta neutralidad e independencia de la institución.
El comentario se produce después de que el Banco de la República decidiera elevar su tasa de interés de referencia al 11,25%, un incremento de 100 puntos básicos que se suma a los aumentos previos en enero y marzo de 2026.
Según el equipo técnico de Bbva Research, citado por Portafolio, la política restrictiva podría continuar con incrementos adicionales de 50 puntos básicos en abril y otros 50 en junio, con el objetivo de contener la inflación y estabilizar las expectativas del mercado.

Rojas sostuvo que este enfoque refleja una lógica que prioriza la rentabilidad financiera sobre el bienestar social. Desde su perspectiva, la decisión del banco central genera efectos contractivos en la economía, encareciendo el crédito, limitando la inversión productiva y afectando directamente al empleo.
El ministro no se limitó a criticar, sino que vinculó su análisis con la coyuntura inflacionaria nacional.
Según cifras recientes, la inflación en Colombia alcanzó el 5,3% en febrero de 2026, superando el 5,1% registrado a finales de 2025. La inflación básica, excluyendo alimentos y regulados, llegó al 5,5 %, mostrando un aumento respecto a diciembre.
Pese a un ligero retroceso en las expectativas, la tendencia continúa fuera del rango objetivo del Banco de la República, y los analistas del mercado de deuda pública estiman niveles cercanos al 7%.
Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro ha coincidido parcialmente con la crítica de Rojas, calificando la medida como un freno al crecimiento económico y al bienestar del pueblo colombiano.

Petro ha anunciado medidas de mitigación frente al encarecimiento del crédito, incluyendo subsidios para fertilizantes, maíz y esquemas de vivienda con tasas de interés subsidiadas para sectores populares, policiales y militares.
Además, propuso impulsar el programa “Colombia Solar” y fomentar la transición hacia la energía eléctrica y limpia para reducir la presión sobre los precios derivados de la coyuntura internacional.
El debate se ha extendido a sectores académicos y sociales. Dos cartas recientes muestran la polarización: más de 300 economistas y exministros defendieron la institucionalidad del Banco de la República, subrayando la base técnica de sus decisiones; mientras que otra carta, firmada por académicos, sindicatos y representantes de la sociedad civil, cuestionó el impacto distributivo de la política monetaria y acusó al banco de actuar como representante de los rentistas.
Los firmantes insistieron en la necesidad de transparencia y una discusión pública sobre los costos sociales de las decisiones financieras.

El clima político se complicó aún más con la ausencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la última sesión de la junta directiva del banco, lo que, según la normativa, podría obstaculizar la aprobación de futuros incrementos de tasas y cuestionar la autonomía de la institución.
En el plano internacional, factores como la guerra en Irán y el aumento de los precios de insumos como gas y fertilizantes han intensificado la presión inflacionaria en Colombia, obligando al banco central a mantener un rumbo restrictivo.
Sin embargo, Rojas y otros críticos sostienen que estos incrementos de tasas terminan beneficiando a sectores privilegiados mientras la mayoría enfrenta una pérdida de poder adquisitivo y un encarecimiento generalizado de bienes y servicios.
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