Durante la deliberación del tribunal, los jueces argumentaron que los actos relacionados con la insurrección vulneran los principios fundamentales del sistema democrático y que el castigo severo resulta ineludible, independientemente de los logros obtenidos por los responsables. El tribunal de Seúl comunicó este razonamiento al sentenciar a Lee Sang Min, exministro del Interior de Corea del Sur, a siete años de prisión por su responsabilidad en la crisis surgida tras el intento de imponer la ley marcial en 2024, según consignó la agencia surcoreana de noticias Yonhap.
La resolución judicial emitida este jueves declaró a Lee culpable de haber desempeñado un papel esencial en la insurrección vinculada a la decisión del ex presidente Yoon Suk Yeol, quien afrontó un juicio político y posterior destitución debido al fallido intento de establecer un gobierno de excepción a finales de 2024. La transmisión en directo del veredicto permitió observar el momento en que se atribuyó al exministro la coordinación de acciones destinadas a facilitar la instauración de la ley marcial, incluido el suministro de órdenes para restringir servicios como electricidad y agua a oficinas de medios críticos y bloquear agencias principales, en un contexto de crisis institucional.
La Fiscalía, de acuerdo con lo expuesto por Yonhap, había solicitado una condena de 15 años de prisión para Lee, acusándole de pavimentar el camino para la declaración de la ley marcial y de ordenar medidas directas a la Policía y los Bomberos contra entidades consideradas opositoras al Ejecutivo. El tribunal acreditó además que Lee falseó datos durante su testimonio bajo juramento durante el proceso político contra el ex presidente Yoon celebrado en febrero de 2025, al negar haber emitido instrucciones sobre el corte de suministros o haberlas recibido del entonces mandatario.
En el proceso judicial, los jueces absolvieron al exministro de los cargos que le atribuían presión al jefe del cuerpo de Bomberos para que sobrepasara sus competencias, decisión que se reflejó explícitamente en el fallo difundido este jueves, detalló Yonhap. A pesar de esta absolución parcial, la corte subrayó la gravedad de los delitos de insurrección, delimitando la diferencia entre los hechos probados y aquellas conductas de las que no se halló responsabilidad penal en Lee.
El acusado, durante el juicio, rechazó haber formado parte de la planificación dirigida por Yoon para la emisión del controvertido decreto y sostuvo que la instauración de la ley marcial no obedecía a una insurrección, interpretación que no convenció al tribunal, según reportó Yonhap. La justificación de la corte enfatizó la necesidad de un castigo determinante para proteger los cimientos de la democracia surcoreana.
Con esta sentencia, Lee Sang Min se convierte en el segundo alto funcionario del gabinete de Yoon en recibir condena por hechos relacionados con el intento de instaurar la ley marcial. En enero, la justicia impuso al ex primer ministro Han Duck Soo una pena privativa de libertad de 23 años, evidenciando la firme respuesta institucional frente a la crisis política desencadenada en ese periodo, detalló el medio Yonhap.
El proceso judicial aún no concluye para las autoridades implicadas. La Fiscalía ha solicitado la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol y se prevé que el tribunal emita la sentencia correspondiente la próxima semana, indicó Yonhap. Estas acciones judiciales reflejan la postura de la justicia surcoreana ante los sucesos ocurridos a finales de 2024 y los intentos del entonces gobierno por restringir libertades y controlar servicios públicos, según el sumario presentado ante el tribunal de Seúl.
La condena impuesta a Lee y las investigaciones abiertas a otros antiguos miembros del Ejecutivo de Yoon ilustran el alcance de la crisis institucional desatada por la pretendida declaración de la ley marcial. Las decisiones del tribunal, reproducidas en medios surcoreanos, reiteran la importancia atribuida por el poder judicial a la preservación de los valores democráticos, al considerarse que toda acción de insurrección constituye una amenaza que amerita sanciones contundentes.
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