La Iglesia recibe 17 nuevas solicitudes de reparación de víctimas de abusos sexuales en el último mes

Las 17 nuevas solicitudes de reparación por abusos sexuales registradas por la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos (PRIVA) evidencian un incremento en la demanda de resarcimiento que coincide con la reciente firma de un acuerdo entre el Gobierno español y organismos eclesiásticos, según detalló Europa Press. Este aumento de peticiones, según fuentes de la Comisión citadas por la agencia, representa una cifra algo superior a la habitual en meses anteriores y se asocia a la mayor visibilidad pública del canal de reparación desde el anuncio del entendimiento entre el Ejecutivo, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).

De acuerdo con información proporcionada por Europa Press, desde febrero de 2025, cuando PRIVA comenzó a recibir solicitudes, el total acumulado asciende a 127 peticiones de reparación integral tramitadas por víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Hasta principios del mes de enero, el registro oficial señalaba 110 solicitudes tramitadas, cifra que se ha visto incrementada notablemente durante el último mes con la presentación de 17 casos adicionales.

Según consignó Europa Press, los responsables del PRIVA atribuyen este repunte a la mayor difusión mediática y social generada a raíz del acuerdo alcanzado a comienzos de enero, un hecho que interpretan como un indicador de la confianza renovada de las víctimas hacia el sistema eclesial de resarcimiento. Las fuentes consultadas puntualizaron que quienes han presentado sus solicitudes en este periodo han optado de manera voluntaria por acudir al procedimiento promovido por la Iglesia, reflejando que la existencia de este canal no genera rechazo entre este grupo de afectados.

Las víctimas que han acudido recientemente a la vía de PRIVA corresponden a personas que ya no pueden solicitar reparación en la jurisdicción ordinaria, en la mayoría de los casos porque los hechos han prescrito legalmente o porque los supuestos responsables han fallecido. De este modo, se trata de demandas que, por las circunstancias de los procedimientos legales españoles, encuentran en el sistema impulsado por la Iglesia y el Estado una vía suplementaria de reconocimiento y reparación.

Europa Press informó que el acuerdo suscrito el 8 de enero entre el Gobierno, la CEE y la CONFER establece el desarrollo de un sistema mixto que combina el reconocimiento de las víctimas y la compensación a través de mecanismos colaborativos. El modelo prevé la intervención técnica de la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo (UVDP), el análisis de la Comisión del PRIVA, el consenso entre las instituciones eclesiásticas y estatales, y la implicación de las propias víctimas.

El texto del pacto dispone que, en el mes posterior a su suscripción, se formalizará un convenio de colaboración específico entre la Iglesia Católica (a través de la CEE y la CONFER), el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Europa Press recogió declaraciones de fuentes ministeriales que han asegurado que los trabajos para ultimar este acuerdo están en curso, de modo que el nuevo sistema de reparación esté operativo según los términos previstos en la recomendación del Defensor del Pueblo.

A partir de la entrada en vigor de dicho convenio, las víctimas dispondrán de un plazo de un año para presentar solicitudes al sistema mixto, con posibilidad de prorrogar ese periodo hasta dos años. Las condiciones del acuerdo permiten que la CEE y la CONFER mantengan de forma paralela el sistema de reparación de PRIVA para aquellos casos en que las víctimas opten libremente por esa vía, respetando los procedimientos y competencias de cada actor institucional implicado.

De acuerdo con las cifras compartidas, desde la puesta en funcionamiento del PRIVA se han emitido 76 dictámenes de reparación integral relacionados con casos de abusos sexuales en la Iglesia Española, lo que supone un volumen significativo de actuaciones en comparación con el total de solicitudes recibidas.

El acuerdo establece que el proceso de reconocimiento y compensación debe priorizar el criterio técnico de la UVDP y la participación de las víctimas, promoviendo un enfoque que combine las perspectivas eclesiástica y estatal según lo consensuado en el documento firmado el 8 de enero.

Las recientes estadísticas evidencian la evolución del proceso de reparación institucional y sugieren un cambio en el patrón de presentación de solicitudes tras la mayor coordinación pública entre Gobierno y entidades eclesiásticas. Según reportó Europa Press a partir del testimonio de fuentes de la Comisión, este cambio se explica por el aumento del "eco social" desde la formalización del acuerdo, que amplía las vías de acceso a la reparación y pretende responder a una de las recomendaciones expresas del Defensor del Pueblo en materia de apoyo y reconocimiento a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el entorno de la Iglesia Católica.