El Gobierno saca a licitación las pulseras antimaltrato con una inversión de 111 millones

La decisión de exigir a las empresas participantes informes de solvencia técnica o profesional, con trabajos previos de características similares efectuados durante los últimos tres años, antecede la puesta en marcha de la nueva licitación para el suministro de dispositivos de control telemático dirigidos al seguimiento de maltratadores. Tal como publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres ha anunciado el concurso para contratar las nuevas pulseras antimaltrato, con un presupuesto que asciende a 111.100.438 euros. El periodo para recibir propuestas finaliza el 6 de marzo y el acuerdo tendrá una vigencia de tres años, iniciando desde el 6 de mayo de 2026 o a partir de la fecha de la formalización contractual, detalló el BOE.

Según informó el medio, este proceso de licitación busca reemplazar el actual sistema tras las advertencias sobre las limitaciones y fallos del Sistema Cometa, responsable del control de estos dispositivos. El cambio de dispositivos resulta una respuesta a los informes de la Fiscalía General del Estado, cuyo informe anual de 2024 señalaba que persistían “múltiples fallos” en los aparatos y que, a consecuencia de estas deficiencias, se había producido un número considerable de sobreseimientos provisionales y sentencias absolutorias. El Ministerio de Igualdad ha remarcado la necesidad de incorporar tecnología más avanzada para fortalecer la protección de las víctimas de violencia machista.

De acuerdo con la información publicada por el BOE y ampliada por el Ministerio de Igualdad, los nuevos dispositivos se instalarán en el tobillo, equipados con una batería de mayor duración y una tarjeta eSIM que no podrá extraerse. Los materiales antivandálicos empleados en su fabricación buscan evitar manipulaciones o daños intencionados, fortaleciendo el control sobre los portadores y la fiabilidad del seguimiento.

La definición de los criterios para seleccionar a las empresas adjudicatarias aspira a asegurar que los futuros proveedores cuenten con experiencia demostrada y capacidad técnica suficiente, subrayó el BOE en su anuncio. Los licitadores deberán presentar informes detallados sobre trabajos similares efectuados en los tres años previos a la licitación, asegurando así la solvencia técnica y profesional exigida.

Este procedimiento, según consignó el BOE, se sitúa en un contexto de revisión del modo en que se supervisa el cumplimiento de las medidas cautelares y sentencias que implican la prohibición de aproximación ordenada por los tribunales, lo que constituye uno de los apartados esenciales en la lucha institucional contra la violencia ejercida sobre mujeres. Tal como detalló la Fiscalía en su memoria, los anteriores dispositivos electrónicos no han logrado reducir de manera efectiva las vulneraciones a las órdenes de alejamiento, abriendo un debate sobre la calidad de los recursos tecnológicos empleados hasta la fecha.

El presupuesto aprobado de 111.100.438 euros representa la inversión prevista para el próximo ciclo de tres años, contemplando la adquisición, mantenimiento y eventuales sustituciones de pulseras, así como los servicios asociados de control y gestión. El Ministerio de Igualdad explicó que estos recursos permitirán actualizar el parque tecnológico, alineando los nuevos dispositivos con estándares reforzados de seguridad y durabilidad.

La iniciativa atiende tanto a recomendaciones institucionales derivadas de las memorias anuales de la Fiscalía como a reportes técnicos sobre incidencias del sistema Cometa, recogiendo los requerimientos de actualización transmitidos por los operadores jurídicos y entidades implicadas. Con el cierre de la presentación de ofertas previsto para principios de marzo, la contratación del servicio de control telemático entrará en una nueva fase orientada a mejorar la protección y la eficacia en el cumplimiento de las medidas judiciales de protección a víctimas.

El Ministerio de Igualdad sostuvo, según las comunicaciones oficiales recogidas en el BOE, que los dispositivos de nueva generación incorporan elementos de diseño e innovación que responden específicamente a los fallos previamente detectados. Entre estos, el material antivandálico y la eSIM inamovible suponen medidas adicionales para impedir sabotajes o eludir el control por parte de los portadores de las pulseras. Al mismo tiempo, la ampliación de la vida útil de la batería busca reducir la frecuencia de recargas y minimiza posibles lapsos en la vigilancia electrónica.

El sistema que será contratado busca, asimismo, conectar la funcionalidad técnica con la robustez del control judicial, dado que el informe de la Fiscalía documentó que las carencias en la tecnología previa habían implicado consecuencias para la respuesta judicial frente a las denuncias y para la seguridad de las víctimas. En este nuevo pliego de condiciones, el Ejecutivo apunta a superar los estándares anteriores y a exigir una mayor garantía de solvencia en las empresas responsables, tal como remarcó el BOE.

Con el proceso de licitación en marcha, la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se posiciona para cerrar la brecha tecnológica evidenciada en los años anteriores, en línea con las demandas planteadas por los agentes judiciales y las recomendaciones institucionales. Las compañías seleccionadas deberán aportar experiencia previa en proyectos equivalentes, una condición que se acredita mediante la entrega de informes de servicio realizados en el periodo estipulado de tres años antes del concurso, detalló el BOE.

La medida se enmarca en las estrategias estatales de protección a las mujeres víctimas de violencia, cuyo seguimiento telemático representa una de las herramientas institucionales fundamentales para controlar el cumplimiento de órdenes judiciales de alejamiento y prevenir incidentes de reincidencia, según explicó el Ministerio de Igualdad al Boletín Oficial del Estado.