CNA alerta de crisis sanitaria en Ecuador y pide multas por presuntas compras irregulares

El reporte de la Comisión Nacional Anticorrupción señaló la existencia de transferencias de fondos públicos hacia empresas carentes de respaldo, experiencia y solvencia, lo que, a juicio del organismo, refleja fallas profundas en los requisitos exigidos durante los procesos de contratación estatales. A partir de esta observación, se posicionó como central la denuncia sobre las prácticas que, según el ente, han conducido a uno de los periodos de mayor deterioro funcional en el sistema de salud de Ecuador. De acuerdo con la agencia EFE, la CNA insistió en que la crisis sanitaria es consecuencia directa de compras estatales presuntamente irregulares, falta de controles y omisión de sanciones adecuadas.

La Comisión, mediante un extenso informe presentado públicamente, solicitó la declaración formal de incumplimiento para aquellas empresas proveedoras que participaron en contratos observados y la imposición de responsabilidades administrativas y políticas a los funcionarios involucrados. El medio EFE detalló que esta petición integra una serie de recomendaciones encaminadas a revertir lo que la CNA describe como un declive sin precedentes en la gestión pública de la salud en Ecuador. Entre los puntos más destacados del documento se encuentra la preocupación por la asignación de contratos para proveer equipos y suministros médicos a compañías sin trayectoria comprobada, como en el caso de Austral, una firma creada dos meses antes de obtener un compromiso estatal relevante y registrada con un capital mínimo de 200 dólares.

Según consignó EFE, la CNA identificó al menos un centenar de proveedores que no cumplió con las normativas exigidas para suministrar insumos y medicamentos a entidades oficiales. La investigación del organismo precisa que esta situación resultó en la adquisición y distribución de materiales y dispositivos obsoletos o de calidad dudosa, situación agravada por la falta de acreditaciones y capacidad técnica de los adjudicatarios. De acuerdo a lo publicado por EFE, la Comisión afirma que el impacto de estas operaciones ha sido grave para la atención médica de la población.

También se indicó la presencia de redes colusorias que inciden directamente en la toma de decisiones y en la adjudicación de recursos públicos. Según la CNA, estas agrupaciones han influenciado contratos y permitido prácticas irregulares de diversa índole, aumentando la vulnerabilidad de los servicios sanitarios desde el sector público. EFE reportó que Germán Rodas, director de la Comisión, mencionó que las autoridades responsables recibieron advertencias reiteradas sobre la presencia y el funcionamiento de estas redes, pero la falta de respuesta permitió la consolidación de los circuitos irregulares.

La agencia EFE informó que la CNA canalizó sus denuncias hacia el ámbito judicial después de alertar infructuosamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al Ministerio de Salud Pública, organismos que, según la Comisión, debieron actuar con antelación. Rodas expresó que “habíamos advertido hace tiempo a las autoridades sanitarias sobre la existencia de redes colusorias que favorecen la compra de insumos y medicamentos. Sin embargo, no se ha prestado atención y el problema se agrava”, según citó EFE.

La Comisión también manifestó su malestar respecto al accionar de la Fiscalía General, debido a demoras importantes en las investigaciones sobre los contratos observados y a la derivación de parte considerable de los procesos hacia la prescripción, una situación que, para la CNA, configura condiciones de impunidad y propicia la repetición de estas prácticas. EFE agregó que la entidad extendió su crítica al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al considerar que no se respetaron criterios adecuados para la selección del actual fiscal general, puesto que reviste especial importancia en el control contra la corrupción administrativa.

De acuerdo con EFE, la CNA postuló una serie de recomendaciones: impulsó el fortalecimiento de los controles externos sobre los procedimientos de compra pública, la aplicación de instrumentos de transparencia de reciente diseño y, de forma particular, la creación de comités de vigilancia ciudadana formados por representantes de la academia y de asociaciones médicas y profesionales. La Comisión sostuvo que la participación independiente de estos sectores es fundamental para prevenir nuevas irregularidades y proteger el acceso de la población a los servicios de salud.

En el plano administrativo, la CNA pidió una revisión profunda en el proceso de selección del máximo responsable del Ministerio de Salud Pública, reclamando que la designación recaiga en personas con experiencia probada en sanidad pública y trayectoria ejecutiva. EFE indicó que, a juicio del organismo, la actual conducción provisional, encabezada por la vicepresidenta María José Pinto, obstaculiza la recuperación estructural del sector.

Sobre la normativa, la CNA sostuvo que los organismos estatales cuentan con herramientas legales suficientes para sancionar a proveedores que hayan vulnerado la ley. Solicitó que estos recursos se apliquen sin demora y que se examine de manera exhaustiva toda la documentación relacionada con adquisiciones bajo sospecha. EFE remarcó que, además de investigar a las empresas, la Comisión solicitó identificar y sancionar a los funcionarios públicos que avalaron o facilitaron la suscripción de contratos anómalos.

La CNA también extendió el llamado a la ciudadanía y al periodismo, exhortando a reportar tempranamente cualquier nueva evidencia de irregularidades y a robustecer la defensa del derecho a la información y de la libertad de expresión. Para la Comisión, los procesos de denuncia y acceso a información resultan indispensables tanto para identificar como para sancionar acciones que atentan contra el interés colectivo en la gestión sanitaria, reportó la agencia.

El análisis final de la Comisión, reproducido por EFE, afirmó que el combate contra la corrupción en el ámbito de la salud depende de la solidez de los sistemas de control externo, el fomento de la transparencia y el compromiso permanente de las autoridades judiciales y administrativas responsables de fiscalizar, investigar y corregir los desvíos que surjan en la esfera pública.