Transparencia Internacional alerta de un "preocupante empeoramiento" de los niveles de corrupción en democracias

La puntuación que mide el control de la corrupción en los países ha caído un punto en el promedio mundial, situándose en 42 sobre 100, mientras que más de dos tercios de las naciones evaluadas no logran mantener la corrupción bajo control. Según informó Transparencia Internacional en la última edición de su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el año 2025 evidenció un deterioro generalizado en la lucha contra este fenómeno, junto a un ambiente internacional en el que algunos estados muestran, en palabras de la ONG, “un peligroso desprecio” por el Derecho Internacional.

El informe, que asigna a cada país una calificación del 0 al 100, analizó datos de 182 países y territorios. De acuerdo con Transparencia Internacional, solamente cinco países obtuvieron puntuaciones superiores a 80. Hace una década, ese mismo umbral lo alcanzaban 12 naciones. Dinamarca, Finlandia y Singapur encabezan la tabla global, con 89, 88 y 84 puntos respectivamente. Por el contrario, los últimos puestos corresponden a Venezuela, Somalia y Sudán del Sur, que no superan la barrera de los 10 puntos. En estos estados y en la mayoría de las autocracias, como señala el informe—mencionando casos como Azerbaiyán, con 30 puntos—, la corrupción afecta todos los niveles institucionales de manera estructural.

El medio Transparencia Internacional detalló que la situación de las democracias resulta especialmente preocupante. Países tradicionalmente considerados sólidos en el ámbito democrático, como Estados Unidos (64), Canadá (75), Nueva Zelanda (81), Reino Unido (70), Francia (66) y Suecia (80), bajaron o se estancaron en sus posiciones y se incluyen entre las naciones que, según la investigación, no han logrado avances sustanciales o incluso han experimentado retrocesos. España se posicionó en la parte intermedia de la tabla, con 55 puntos, uno menos que el informe anterior, y se sitúa después de países como Granada, Arabia Saudí, Ruanda, Botsuana e Israel.

Un centenar de países han mantenido su posición respecto al IPC del año anterior con datos de 2024, 50 naciones descendieron en el ranking y 31 lograron mejorar sus puntuaciones. Según publicó Transparencia Internacional, más del 67% de los países evaluados no llega a 50 puntos en la escala, lo que la organización interpreta como señal de que la mayoría de los gobiernos evaluados enfrentan serias dificultades para controlar la corrupción de manera efectiva. Este descenso general se atribuye, entre otras causas, a la debilidad de los liderazgos éticos y a la insuficiencia de instituciones democráticas fuertes.

Al respecto, Transparencia Internacional enfatiza la frecuencia con la que la gobernanza “falla” y el liderazgo “responsable” resulta insuficiente. Según la ONG, la consolidación democrática requiere dirigentes con principios sólidos que, a través de la integridad y de la independencia institucional, estén comprometidos con la protección del interés público. A pesar del panorama, la organización sostiene que “la corrupción no es inevitable” y subraya los progresos experimentados por algunos países cuyo liderazgo político ha sometido las estructuras tomas de decisiones a profundas reformas legales e institucionales.

Un fenómeno concreto que resalta el informe es la creciente interferencia de gobiernos en la labor de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación independientes, que desempeñan funciones clave en la vigilancia de los poderes públicos y en la promoción de la rendición de cuentas. Según consignó Transparencia Internacional, en países como Georgia (50), Indonesia (34), Perú (30) o Túnez (39), las autoridades impusieron restricciones al acceso a la financiación y, en algunos casos, adoptaron medidas tendientes al desmantelamiento de entidades que fiscalizan la gestión estatal. Dichas acciones suelen ir acompañadas de campañas de descrédito y amenazas, en un contexto que dificulta la labor informativa de periodistas, organizaciones civiles y denunciantes. El informe concluye que, en estas circunstancias, los servidores públicos corruptos poseen mayores probabilidades de seguir actuando con impunidad.

La relación entre corrupción y la inseguridad de los periodistas figura como uno de los apartados destacados del documento. Transparencia Internacional denunció el asesinato de 829 periodistas en el mundo desde 2012, de los cuales 150 investigaban casos de corrupción. En el año 2025, cinco periodistas murieron en estas circunstancias: el saudí Turki Al Jasser, ejecutado después de siete años de detención, y el peruano Gastón Medina, quien fue baleado frente a su residencia. Según detalló la ONG, más del 90% de estos crímenes se registraron en países con una calificación del IPC menor a 50,5, como Brasil, India, México, Pakistán e Irak, territorios donde el ejercicio periodístico vinculado a la exposición de actos corruptos presenta un riesgo especialmente elevado.

En coincidencia con estos indicadores, Transparencia Internacional reclamó fortalecer el liderazgo ético y la protección de las instituciones democráticas como vías para revertir la tendencia al deterioro. El presidente de la organización, François Valérian, subrayó la necesidad de mantener la acción nacional y la cooperación internacional, afirmando: “En un mundo interconectado, necesitamos tanto la acción nacional como la cooperación multilateral para proteger el interés público y abordar desafíos compartidos como la corrupción. En un momento en el que presenciamos un peligroso desprecio por las normas internacionales por parte de algunos Estados, necesitamos proteger un orden global basado en normas, cimentado en la transparencia, la rendición de cuentas a la ciudadanía y el respeto por los Derechos Humanos”, recogió Transparencia Internacional.

El informe remarca que el número de países con avances en la materia permanece limitado y que, solo aquellos donde se adoptaron reformas legales e institucionales de manera decidida, han logrado avances. Según explicó el organismo, las políticas de control de la corrupción requieren enfoques integrados que contemplen tanto el reforzamiento de la transparencia pública como la protección de quienes investigan y revelan irregularidades. De allí se desprende la importancia que asigna el informe a la creación de entornos donde la prensa, las ONG y los denunciantes de corrupción accedan a mecanismos de protección efectivos.

La evaluación anual del IPC de Transparencia Internacional concluye con un llamado para que los gobiernos y sociedades consideren la lucha contra la corrupción como una prioridad, en tanto afecta la solidez democrática, la protección del interés público y la vida de quienes hacen posible la vigilancia y la rendición de cuentas. El informe advierte que los desafíos persisten y que los retrocesos, tanto en democracias antiguas como recientes, exigen respuestas coordinadas a nivel nacional e internacional, fundamentadas en el fortalecimiento de la ética pública y la integridad institucional.