Denuncian el secuestro de una senadora colombiana de la coalición gobernante que lidera Petro

El entorno político colombiano se sacude tras la desaparición de Aida Quilcué, destacada dirigente indígena, quien se encontraba bajo protección especial y había denunciado amenazas previas, mientras las autoridades investigan el hallazgo de su vehículo vacío en Cauca

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La desaparición de Aida Quilcué, líder indígena y senadora por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), ha vuelto a destacar la situación de riesgo que enfrentan dirigentes sociales en Colombia, sobre todo quienes han reportado amenazas previas. Quilcué, reconocida por su trabajo en defensa de los derechos humanos y ganadora en 2021 del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos según consignó el medio original, fue reportada como presuntamente secuestrada junto a su equipo de seguridad mientras transitaba por la vía Inzá-Totoró en el departamento del Cauca, al sur del país.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el equipo de la senadora manifestó a través de sus redes sociales: “Informamos a la opinión pública que la senadora Aida Quilcué y su equipo de seguridad presuntamente ha sido secuestrados en el tramo Inzá-Totoro Cauca”. Las autoridades colombianas confirmaron poco después la localización del vehículo en el que se desplazaba Quilcué, encontrándolo vacío y sin rastro de sus ocupantes, según confirmó en redes sociales el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

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El entorno político colombiano reaccionó de inmediato a la noticia, dado el liderazgo de Quilcué tanto en el Congreso, como en la organización indigenista Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La senadora forma parte del Pacto Histórico, la coalición gubernamental liderada por el presidente Gustavo Petro, lo que ha potenciado el impacto nacional e internacional del caso, reportó el medio de referencia. Quilcué ha transitado una trayectoria marcada por la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, lo cual le ha valido tanto reconocimientos como múltiples amenazas de muerte.

Según detalló el medio, Quilcué había denunciado públicamente en 2022 haber recibido más de cien amenazas de muerte. Su trabajo, tanto en el ámbito legislativo como en su papel de consejera de derechos humanos y paz para la UNESCO, la convirtió en una figura relevante y constante referente en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y de los procesos de paz en Colombia.

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Las reacciones del Gobierno nacional han incluido el despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad para rastrear la zona y tratar de dar con el paradero de la senadora y su equipo. El hallazgo del vehículo sin ocupantes abrió numerosas hipótesis sobre la forma en que se desarrollaron los hechos. Según publicó el medio, las autoridades mantienen abiertas todas las posibilidades mientras se adelantan las labores de búsqueda e investigación.

La familia de Aida Quilcué ha enfrentado episodios de violencia antes. Su esposo, Edwin Legarda, falleció por disparos de soldados cuando transitaba hacia la ciudad de Popayán, en Cauca, en diciembre del año 2008. Organizaciones indígenas y entidades como Amnistía Internacional condenaron ese episodio, calificándolo como un grave atropello contra los derechos humanos y exigiendo esclarecimiento judicial, según detalló el medio mencionado.

La desaparición de Quilcué se produjo poco después de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) admitiera su responsabilidad en un ataque ocurrido días antes, donde fallecieron dos escoltas del senador Jairo Castellanos. Según el propio ELN, el hecho ocurrió porque el equipo de seguridad del parlamentario omitió los controles impuestos por la guerrilla en Arauca, con el objetivo de evitar choques con otros grupos armados.

Estas circunstancias han elevado el nivel de preocupación en torno a la seguridad de congresistas y líderes sociales, especialmente en regiones donde la presencia de grupos armados irregulares permanece fuerte. El medio original subrayó que la situación en el Cauca y otras zonas del país ha sido escenario reiterado de ataques y amenazas contra dirigentes políticos y defensores de derechos humanos, pese a los esfuerzos de protección adoptados por el Estado.

La desaparición de la senadora mantiene en alerta tanto a la opinión pública nacional como a organismos internacionales que siguen de cerca el desarrollo de los hechos y el avance de las investigaciones que pretenden esclarecer su paradero y las circunstancias de un posible secuestro.