El proyecto de ley S9144, propuesto por las senadoras Liz Krueger y Kristen Gonzales en Nueva York, plantea que la rápida expansión de los centros de datos podría llevar a un uso adicional de energía superior a 9.000 megavatios solamente en este estado, cifra que duplica el consumo eléctrico de todos los hogares neoyorquinos en la actualidad. Además, advierte que la proliferación de estas instalaciones exigiría un volumen de agua para sistemas de refrigeración que se equipara al consumo habitual de 18,5 millones de hogares, según reportó Wired. Esta iniciativa legislativa propone una moratoria de tres años y 90 días en la concesión de permisos para la construcción de nuevos centros de datos, durante los cuales se realizaría un análisis exhaustivo del impacto ambiental, energético y de recursos naturales relacionado con este tipo de infraestructuras.
De acuerdo con la información publicada por Wired, la moratoria surge como reacción a la previsión de que el número de centros de datos en Estados Unidos podría triplicarse durante los próximos cinco años. El texto del proyecto señala preocupaciones específicas en varios frentes: el incremento del consumo de energía y agua, la sobrecarga a los servicios públicos, el posible aumento en las tarifas que enfrentarían tanto particulares como empresas, y la transformación de terrenos agrícolas y no industriales en suelo destinado a actividades industriales, lo que podría significar la desaparición de tierras de cultivo, bosques y otros espacios naturales, así como un incremento en el valor y los tributos sobre la propiedad.
El medio Wired detalló que Nueva York se une a otros cinco estados —Georgia, Maryland, Oklahoma, Vermont y Virginia— que han impulsado legislaciones similares en respuesta a los efectos ocasionados por el auge de los centros de datos. En este grupo se encuentran tanto estados con mayoría demócrata como otros de tendencia republicana, lo cual refleja que la inquietud sobre el impacto ambiental y la presión sobre los recursos públicos trasciende las diferencias partidistas. En todos estos estados, las propuestas buscan establecer pausas temporales en la aprobación de nuevos proyectos, con miras a proporcionar el tiempo necesario para evaluar medidas que permitan mitigar riesgos y determinar regulaciones más estrictas.
La presentación de esta propuesta coincide con un escenario en el que tanto empresas tecnológicas como comunidades locales discuten el modelo y ritmo apropiados para el desarrollo de la infraestructura digital. Según indicó Wired, el proyecto presentado en Nueva York cuestiona si las actuales políticas sobre permisos y control ambiental resultan suficientes o si se requieren mayores restricciones para equilibrar innovación, crecimiento tecnológico y sostenibilidad.
Entre los objetivos principales de la moratoria se encuentra analizar los efectos que podrían recaer sobre contribuyentes, quienes, sostiene el proyecto, podrían experimentar incrementos en las tarifas eléctricas, de agua y gas a causa de la presión extra ejercida por el funcionamiento de los centros de datos. Además, la propuesta llama la atención sobre la necesidad de realizar evaluaciones técnicas y ecológicas antes de aprobar permisos para nuevas instalaciones.
El texto legislativo señala que al triplicar la presencia de centros de datos, aumentarán notablemente las necesidades energéticas, y se transformarán terrenos agrícolas y forestales en propiedades de uso industrial. Ello afectaría la capacidad productiva rural y modificaría el panorama ecológico en distintas zonas del estado. Wired informó que existe preocupación sobre las implicaciones para la estabilidad del sistema eléctrico, los recursos rurales y el acceso equitativo a bienes naturales críticos como el agua.
En comparación con iniciativas previas, la presentada en Nueva York pone el énfasis en la urgencia de establecer una pausa suficiente para proporcionar datos basados en estudios ambientales y económicos rigurosos. El texto del proyecto indica que la moratoria se mantendría activa durante tres años y 90 días, un periodo que, según sus promotores, serviría para reunir información detallada y elaborar recomendaciones regulatorias que ayuden a equilibrar necesidades industriales con la protección del entorno.
Wired consignó que otras regiones del país han presentado legislaciones que buscan detener o revaluar la expansión de los centros de datos por razones similares. Esta tendencia apunta a un debate nacional sobre las implicaciones de la digitalización acelerada y cómo cada estado adapta su normativa para responder al impacto sobre tierras agrícolas, recursos esenciales y comunidades locales. Las propuestas señalan la presión que las grandes infraestructuras tecnológicas ejercen sobre los sistemas energéticos y el potencial costo para quienes residen en las áreas donde se instalan estos centros.
La preocupación expresada en la propuesta legislativa y documentada por Wired no se limita a cuestiones de recursos energéticos, sino que incluye el uso del agua y el manejo del suelo. El texto advierte que la conversión de campos de cultivo y bosques en terrenos de uso industrial afectaría la utilización eficiente de la tierra, lo que podría repercutir en la producción de alimentos y la preservación de ecosistemas locales. Según Wired, las legisladoras impulsoras del proyecto consideran que es esencial ajustar las políticas públicas antes de permitir un crecimiento continuado de estas infraestructuras.
Las iniciativas impulsadas en otros estados estadounidenses demuestran que el debate sobre la sostenibilidad y el futuro de los centros de datos adquiere mayor protagonismo en la agenda política a medida que se expanden los servicios en la nube y la demanda de procesamiento digital, precisa Wired. Al presentar alternativas legislativas como la moratoria propuesta en Nueva York, los responsables políticos buscan anticiparse a una serie de retos ambientales y de planificación urbana que acompañan a la revolución digital en marcha.
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