Liberan en Getxo (Vizcaya) a tres jóvenes que ejercían la prostitución en condiciones "abusivas"

La privación de libertad para las jóvenes rescatadas también se reflejaba en la estricta vigilancia a la que estaban sometidas: su movilidad restringida se garantizaba no solo a través del control físico ejercido de manera constante por una de las detenidas, sino también mediante una cámara de video y audio instalada en el interior del domicilio donde residían. De acuerdo con el Departamento vasco de Seguridad, los hechos ocurrieron en Getxo, Vizcaya, donde agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal de Getxo liberaron a tres mujeres latinoamericanas que ejercían la prostitución en condiciones que las autoridades calificaron como “abusivas”.

Según publicó el Departamento vasco de Seguridad, la operación que permitió el rescate fue resultado de una investigación que la Ertzain-etxea de Getxo inició en septiembre del año pasado. En la intervención intervinieron agentes de la comisaría local, junto con personal de la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad y la Unidad Canina de la Ertzaintza; el dispositivo contó asimismo con la colaboración de la Policía Local de Getxo. Los agentes detuvieron a dos mujeres de 36 y 27 años, a quienes atribuyeron delitos de prostitución coactiva, tráfico de drogas y comercialización de medicamentos sin autorización sanitaria.

De acuerdo con la información oficial, las jóvenes víctimas residían hacinadas en una habitación de apenas 3,5 metros cuadrados, sin posibilidad de desplazarse libremente por el inmueble. Su permanencia allí respondía a una vigilancia persistente, que combinaba medios tecnológicos y presencia física. El medio Departamento vasco de Seguridad consignó que, como parte de las condiciones impuestas por las detenidas, las jóvenes solo contaban con dos horas cada día durante las cuales podían salir del domicilio; incluso así, debían mantenerse localizables y disponibles en caso de que acudiera algún cliente, lo que ampliaba la presión y el control sobre sus vidas cotidianas.

El sistema de explotación constatado por las autoridades incluía la obligación para las víctimas de entregar a las acusadas el 50% de los ingresos obtenidos por cada servicio sexual. Esta modalidad de extorsión económica se completaba con otras actividades delictivas, puesto que, siguiendo la información difundida, las detenidas también se encargaban de vender drogas y medicamentos, en concreto fármacos para la disfunción eréctil, a los hombres que acudían al lugar.

Durante el operativo, además de la puesta en libertad de las tres jóvenes, las fuerzas de seguridad ofrecieron cobertura asistencial a las víctimas, dado su estado de vulnerabilidad extrema, según detalló el Departamento vasco de Seguridad. La operación permitió trasladar a las detenidas ante la autoridad judicial el sábado siguiente a la intervención, quedando bajo custodia tras su puesta a disposición del sistema de justicia.

El medio responsable de la información también destacó la importancia de la labor conjunta entre las distintas ramas policiales involucradas, que lograron coordinar acciones en investigación tecnológica y monitoreo físico, contando incluso con la intervención de la Unidad Canina para reforzar el dispositivo.

Las circunstancias del caso, según precisó el Departamento vasco de Seguridad, subrayan la gravedad de la situación de las víctimas, quienes enfrentaban limitaciones materiales en el confinamiento forzado, así como la presión constante ejercida sobre su autonomía personal. El hallazgo de la cámara permitió a los investigadores certificar el alcance del control sobre las víctimas, que no solo se aplicaba a su libertad física sino también a su privacidad.

Las detenidas, que simultaneaban la coacción sexual con el narcotráfico y la venta de medicamentos sin autorización, permanecen a disposición judicial mientras las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios en el contexto de esta investigación iniciada meses atrás, según publicó el Departamento vasco de Seguridad. Las víctimas, extranjeras y en situación de especial vulnerabilidad, recibieron asistencia social inmediata tras la liberación, en el marco del protocolo correspondiente a delitos de trata y explotación sexual en España.