Juez excluye a puerto de Chancay, de la china Cosco, de ser regulado por el Estado peruano

Lima, 6 feb (EFE).- Un juez excluyó al puerto privado de Chancay, construido en Perú por la naviera estatal china Cosco con una inversión de 1.300 millones de dólares, de ser regulado y fiscalizado por el Estado peruano.

El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declaró fundada una demanda de amparo presentada por el puerto de Chancay contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La compañía china demandó a finales de 2024 a Ositran por la supervisión del puerto, pues considera que este vulnera sus derechos de control, y este viernes el magistrado dio la razón a la naviera y declaró fundada esta demanda de acción amparo.

En su fallo, difundido por medios locales, el juez ordenó a Ostrian "que se abstenga de ejercer- directamente o a través de sus dependencias u organismos técnicos adscritos- sus facultades de regulación, supervisión fiscalización y sanción con relación a las operaciones y actividades de la parte accionante, dentro del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay".

No obstante, el magistrado aclaró que que Ositran sí tiene potestad sobre las tarifas a usuarios finales, solo si el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) confirma previamente que no hay competencia en el mercado.

El puerto, que tiene una capacidad de un millón de contenedores al año se ubica a 80 kilómetros al norte de Lima y pertenece, en un 60 %, a la empresa estatal china Cosco Shiping y, en un 40 %, a la minera peruana Volcan Compañía Minera, la cuarta productora de plata y zinc a nivel mundial.

Su objetivo es convertirse en el principal 'hub' (centro de conexiones) del comercio marítimo de China con Suramérica.

Desde la etapa final de su construcción, la soberanía de la infraestructura era una zona gris del proyecto, pues Cosco reclamaba su autonomía, y Ositran advirtió que existe un vacío legal en la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN).

Con esta decisión, el Poder Judicial pone límites al Gobierno, puesto que el organismo estatal pretendía aplicar en Chancay un régimen de regulación utilizado en los puertos públicos o que cuenten con concesión del Estado y esta infraestructura fue construida con capital privado. EFE