Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, aclaró que el proyecto de ley de amnistía no consiste en "listados de nombres", sino que abarca una amplia gama de beneficiarios potenciales comprendidos entre los años 1999 y 2026. Tras esto, la Asamblea aprobó por unanimidad y en primera discusión la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, destinada a permitir avances considerados "decisivos" para la paz nacional tras la salida del presidente Nicolás Maduro, según detalló la agencia Europa Press.
De acuerdo con Europa Press, el texto legal fue avalado durante una sesión realizada este jueves, donde los legisladores sostuvieron que la norma no incluirá a personas procesadas o condenadas por delitos de violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas. La exposición de motivos de la ley enfatiza la intención de fomentar la convivencia y el respeto a la ley, subrayando la pluralidad y diversidad en el marco democrático venezolano.
El proceso legislativo en Venezuela estipula dos debates en días distintos para transformar un proyecto en ley, explicó Europa Press. En la primera discusión se expone la justificación, los objetivos y el alcance de la propuesta, así como su viabilidad. La segunda lectura se dedica a analizar y debatir de manera detallada cada artículo que compone la ley. Actualmente, solo la exposición de motivos ha sido difundida al público, mientras que el articulado completo permanece sin publicación.
La ONG Foro Penal, dedicada al seguimiento de la situación de personas consideradas presos políticos en el país, valoró de forma favorable la apertura del debate legislativo sobre la ley de amnistía, según consignó Europa Press. No obstante, el organismo solicitó que las autoridades hagan público el texto íntegro del proyecto a fin de permitir un análisis detallado y una participación más amplia de la sociedad civil. Gonzalo Himiob, fundador de Foro Penal, intervino en redes sociales para señalar que “sin el respaldo y sin los aportes de la sociedad civil, la amnistía tendrá las patas muy cortas”, refiriéndose a la importancia de la transparencia y la participación ciudadana en la elaboración de la legislación, informó la agencia.
Europa Press detalló que la propuesta legal aspira a sentar bases para la reconciliación entre los venezolanos, permitiendo la coexistencia de distintas posturas políticas e ideológicas en un entorno de respeto. La exclusión expresa de delitos considerados graves se enmarca en los estándares internacionales de derechos humanos y responde a demandas de diversas entidades nacionales e internacionales que han seguido el desarrollo del conflicto político en Venezuela durante los últimos años.
Numerosos medios venezolanos, citados por Europa Press, dieron a conocer que la exposición de motivos sostiene que la amnistía general propuesta está enfocada en facilitar la justicia y la restauración de relaciones sociales dañadas por años de confrontación. La ley está pensada para facilitar la reintegración en la vida pública de sectores que, hasta el momento, han tenido obstáculos legales derivados de hechos políticos o manifestaciones relacionadas. Desde la sociedad civil se insiste en la necesidad de que el debate incorpore voces plurales y mecanismos que garanticen una implementación equitativa y transparente.
La reforma legal, de aprobarse en segunda instancia por la Asamblea, podría modificar el panorama jurídico para numerosos actores políticos y sociales en el país, dentro de los límites que fija la propia ley y la Constitución venezolana. Europa Press destacó que el proceso se interpreta como respuesta a las circunstancias surgidas tras la salida de Nicolás Maduro del poder, lo cual ha generado nuevas dinámicas y desafíos en materia de gobernabilidad y garantías legales.
La discusión parlamentaria atrajo reacciones de diferentes agrupaciones, tanto dentro como fuera de Venezuela, que vigilan el proceso como parte del monitoreo sobre los compromisos democráticos y el estado de los derechos humanos en el país. Los organismos y colectivos humanitarios, junto con voces de la oposición y de la comunidad internacional, continúan solicitando transparencia, acceso a los documentos y participación ciudadana para fortalecer la legitimidad del marco legal.
Según Europa Press, el destino y la eficacia de la futura ley de amnistía dependerán no solo de los procesos internos de la Asamblea Nacional, sino también de la capacidad de las autoridades para incorporar las propuestas y objeciones de organizaciones independientes y de la ciudadanía organizada. Así, la ley de amnistía se perfila en Venezuela como un proceso abierto, con expectativas depositadas tanto por actores gubernamentales como por organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la convivencia democrática.
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