La Conselleria de Salud del Govern balear mantiene que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo está garantizado en los hospitales públicos de las Islas Baleares, incluso mientras avanza el proceso de elaboración del decreto que regulará el registro de objetores de conciencia. Según detalló el medio, la consellera de Salud, Manuela García, destacó que el periodo de exposición pública del proyecto de decreto concluirá este mes, permitiendo que la ciudadanía y los sectores implicados presenten alegaciones antes de la aprobación definitiva de la norma.
De acuerdo con la información publicada por las plataformas de noticias, el trámite para la puesta en marcha del registro de objetores responde a un requerimiento formal enviado por el Gobierno central el pasado mes de octubre. Este requerimiento se produjo debido a que las Islas Baleares aún no cumplían plenamente con la normativa nacional que exige la creación de un registro para profesionales sanitarios que expresen su objeción de conciencia a participar en procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público.
La consellera García remarcó durante su intervención pública que el proceso de elaboración del decreto incluirá garantías de confidencialidad para los profesionales que decidan inscribirse en el registro. Según señaló García, el listado será de acceso restringido y su objetivo principal será asegurar el equilibrio entre el derecho de objeción de conciencia y el acceso efectivo a la interrupción del embarazo en la sanidad pública balear.
La fase de exposición pública del decreto concluirá a finales de este mes, según informó la Conselleria de Salud. Al término de este periodo, las autoridades continuarán con los trámites administrativos necesarios para la creación y puesta en funcionamiento del registro. Manuela García subrayó que la confidencialidad de la información estará garantizada en todo momento, respondiendo a las preocupaciones relativas a la protección de datos personales y a la privacidad de los profesionales sanitarios.
El medio detalló que la titular de la cartera de Salud insistió en la importancia de que ningún impedimento administrativo pueda impedir o retrasar el acceso de las mujeres al aborto en la sanidad pública de la comunidad. “La atención al aborto es rápida, próxima y cercana”, afirmó la consellera, reiterando que tanto los derechos de los pacientes como los de los profesionales se protegerán mediante el nuevo marco regulatorio previsto en el decreto.
La creación del registro permitirá a la administración balear planificar de forma adecuada, según consignó el medio, los recursos humanos disponibles y adaptar la provisión de servicios para que todas las mujeres tengan garantizado su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad en todos los hospitales públicos del archipiélago. Además, el registro dotará a la administración de herramientas para evitar situaciones en las que la objeción de conciencia de los profesionales pueda afectar a la disponibilidad de este derecho.
Según se desprende de las declaraciones de la consellera, la Conselleria de Salud mantiene la postura de cumplir lo dispuesto por la legislación estatal, que establece la obligación de las comunidades autónomas de impulsar registros de objeción de conciencia en el ámbito sanitario, protegiendo al mismo tiempo la confidencialidad y los derechos de los trabajadores del sector salud.
El medio también añade que la publicación y aprobación de este decreto se enmarca en la política de la administración autonómica de asegurar tanto el cumplimiento del marco legal como el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la legislación vigente sobre salud sexual y reproductiva. Una vez que finalice el proceso administrativo, se prevé que el registro se convierta en una herramienta clave para la gestión de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud de las Islas Baleares.
Esta iniciativa forma parte de un conjunto más amplio de medidas de la Conselleria para garantizar la accesibilidad y eficiencia de los servicios de salud sexual y reproductiva en la comunidad, de acuerdo con la información proporcionada por los portavoces oficiales y recogida en las plataformas de noticias.
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