Amnistía denuncia campos de trabajo y ejecuciones por ver la televisión de Corea del Sur

La posibilidad de sortear penas severas en Corea del Norte mediante pagos considerables fue uno de los puntos destacados por antiguos residentes entrevistados por Amnistía Internacional. Según estos testimonios, las sanciones por consumir contenidos surcoreanos podían variar drásticamente en función de la capacidad económica de los acusados. “Se captura a la gente por el mismo acto, pero el castigo depende totalmente del dinero”, declaró Choi Suvin, de 39 años, quien abandonó Corea del Norte en 2019. Esta declaración introduce el eje principal del informe de Amnistía Internacional: la denuncia de castigos extremos, que abarcan desde trabajos forzados y humillaciones públicas hasta ejecuciones, impuestos durante décadas por el consumo de programas de televisión y otros contenidos provenientes de Corea del Sur.

De acuerdo con Amnistía Internacional, las autoridades norcoreanas han establecido un sistema de represión que impone penas excesivamente estrictas a quienes acceden a medios extranjeros. El medio detalló que, según los testimonios recogidos de veinticinco personas que lograron abandonar el país entre 2012 y 2020, la severidad de los castigos descansa en factores económicos y de contactos: quienes cuentan con recursos o conexiones pueden evitar las penas más duras, mientras que aquellos con menores recursos enfrentan sentencias más estrictas.

El informe de la organización humanitaria, citado por Amnistía Internacional, expone que el consumo de productos culturales surcoreanos —como series de televisión, películas o música— constituye una conducta extendida en la sociedad norcoreana. Sin embargo, este acto infringe leyes que prohíben expresamente la interacción con medios de comunicación extranjeros, catalogados como amenazantes para la ideología estatal. Esta política se intensificó tras la promulgación, en 2020, de la Ley contra el Pensamiento y la Cultura Reaccionarios, que define estos contenidos como una “ideología podrida que paraliza el sentido revolucionario del pueblo”.

La normativa, detalló Amnistía Internacional, establece penas de entre cinco y quince años de trabajo forzoso por la simple tenencia o visualización de material surcoreano, y prevé incluso la pena de muerte para quienes distribuyan grandes cantidades o lleven a cabo proyecciones grupales. Según declaraciones recopiladas por AI, estas sanciones se han ejecutado de manera pública en varias ocasiones, con el objetivo de servir de advertencia al resto de la población.

Sarah Brooks, directora adjunta de Amnistía Internacional para la región, enfatizó el carácter dual del sistema legal en Corea del Norte, donde la represión estatal se combina con prácticas corruptas. “Las autoridades penalizan el acceso a información violando el Derecho Internacional y después permiten que los funcionarios se aprovechen de quienes temen el castigo”, explicó Brooks. Añadió que esta dinámica termina perjudicando sobre todo a quienes carecen de capital económico o influencias dentro de la administración.

Entre los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, varios entrevistados relataron cómo la evasión de castigos por consumir medios surcoreanos depende del pago de sobornos a funcionarios. Choi Suvin describió que, en ocasiones, las personas venden sus viviendas para reunir entre 5.000 y 10.000 dólares (el equivalente a entre 4.200 y 8.500 euros), recursos que permiten pagar a intermediarios y eludir así el internamiento en campos de reeducación. AI señaló que estas sumas representan varios años de ingresos para la mayoría de las familias norcoreanas, por lo que solo están al alcance de los grupos más acomodados.

La aplicación de las leyes en Corea del Norte se caracteriza por su carácter arbitrario y discriminatorio, según sostuvo Amnistía Internacional. El informe critica que funcionarios —quienes también consumen en secreto o abiertamente los mismos contenidos cuya posesión penalizan— actúan como garantes de la legalidad, aunque a menudo transgreden las normas que aplican a los ciudadanos comunes. Un entrevistado citado por la ONG afirmó: “Las personas trabajadoras lo ven abiertamente, los funcionarios del partido lo ven orgullosos, los agentes de seguridad lo ven en secreto, y la Policía lo ve de manera segura”. Añadió que el consumo de contenidos extranjeros es una realidad admitida, incluso por quienes encabezan las operaciones de represión.

Amnistía Internacional consignó que la promulgación de la nueva ley y su refuerzo trajo consigo campañas de control más estrictas. Kim Gayoung, de 32 años, quien huyó del país en junio de 2020, relató a la organización que el líder norcoreano, Kim Jong Un, empezó a exigir campañas de “represión intensiva” a finales de la década de 2010, lo que incrementó la presión sobre los funcionarios para producir resultados en la aplicación de la ley y redujo la eficacia de la corrupción tradicionalmente asociada a estos procedimientos.

Según publicó Amnistía Internacional, estos mecanismos legales y extralegales ocasionan que personas sin recursos ni apoyos enfrenten los castigos más extremos, incluyendo años de trabajos forzados y, en ciertos casos, la ejecución pública. Las historias recogidas por la organización describen situaciones donde la ley se aplica de manera flexible, dependiendo de factores económicos y del contexto político.

Brooks concluyó, según reportó Amnistía Internacional, que los testimonios obtenidos evidencian la aplicación de leyes que pueden costar la vida a los ciudadanos por actos tan extendidos como ver un programa de televisión, a menos que dispongan de los medios materiales para eludir la pena. La ONG atribuyó esta situación a un sistema en el que la represión institucional y la corrupción conviven y refuerzan desigualdades estructurales, acentuando las dificultades de los sectores menos privilegiados dentro de la sociedad norcoreana.