CEAR alerta de que el nuevo Reglamento de Extranjería lastra las solicitudes de asilo en España: un 14% menos en 2025

Mónica López y Mauricio Valiente, directores de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), expresaron su preocupación por el aumento de rechazos en solicitudes de protección internacional en España, lo que podría provocar la devolución de personas expuestas a amenazas graves en sus países de origen. Según el informe “Más que cifras 2025” divulgado por CEAR y citado por Europa Press, la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería desde el 20 de mayo ha tenido un impacto directo en el descenso del número de personas que solicitan asilo y en el incremento de resoluciones denegatorias.

El reporte de CEAR detalla que durante el último año se presentaron 144.396 solicitudes de asilo, un 14% menos que el año anterior. Esta disminución rompe con la tendencia ascendente observada desde los últimos años, sólo previamente interrumpida por la pandemia. La organización atribuye esta caída tanto a la política de externalización de fronteras como a la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería. Según lo consignado por Europa Press, la nueva normativa penaliza especialmente a quienes ven sus solicitudes rechazadas, ya que el tiempo de estancia en España no se computa hasta que se resuelve de manera definitiva cada expediente. Esta situación deja a miles de personas en riesgo de pasar a la irregularidad administrativa, una circunstancia que CEAR considera especialmente preocupante.

El informe publicado por CEAR advierte que el efecto de la normativa se refleja claramente en el desplome del número de solicitudes procedentes de algunos países específicos. En el caso de Colombia, la caída fue del 64%; en los de Perú, del 66%; y en los de Senegal, del 57%, cifras recogidas por Europa Press a partir del análisis del informe. Al mismo tiempo, se detectó un aumento en las peticiones de quienes proceden de Venezuela, con un 29% más, y de Mali, donde el incremento llegó al 50%. CEAR atribuye este fenómeno a factores externos como las nuevas políticas migratorias impulsadas por el Gobierno de Estados Unidos y la intensificación del conflicto armado en Mali.

El análisis de CEAR señala también un récord histórico en el número de resoluciones de asilo tramitadas: 160.663 expedientes en todo el año, un hecho vinculado a la “automatización” en el proceso de respuesta. La organización advierte que este procedimiento podría afectar la calidad de la evaluación individual de cada caso, ya que “implica que no siempre se lleve a cabo un examen individualizado y en profundidad de cada solicitud”.

En cuanto al porcentaje de resoluciones favorables, el informe indica que solo el 11% de las solicitudes resultaron en una respuesta positiva, un descenso de más de siete puntos respecto al año anterior. CEAR subraya que este dato posiciona a España por debajo de la media europea, ya que se considera el porcentaje más bajo de toda la Unión Europea, según informó Europa Press.

Además, el número de personas en espera de una resolución sobre sus expedientes permanece elevado. El documento recoge que 218.731 personas viven pendientes de una “decisión clave para sus vidas”. Europa Press resalta que la cifra, aunque ligeramente menor que el año precedente, mantiene la presión sobre el sistema de protección internacional y las autoridades responsables.

CEAR también destaca el crecimiento significativo en la proporción de resoluciones negativas, que aumentaron casi un 77% y representan el 42,5% del total, lo que equivale a 68.321 expedientes. Además, las solicitudes archivadas superan el 10% del total analizado. Según recoge Europa Press, la irrupción de solicitantes de origen palestino, somalí y guineano se encuentra entre los cambios demográficos más relevantes. El informe relaciona el alza en la presencia de nacionales palestinos con la crisis provocada por el conflicto en Gaza, haciendo referencia explícita a la ruptura del frágil acuerdo de tregua de octubre y a las actuaciones militares de Israel.

En cuanto a la tasa de reconocimiento, Mali encabeza la lista con casi un 48% de resoluciones favorables y un porcentaje de reconocimiento superior al 99%. Le siguen Burkina Faso con un 97%, Somalia con un 93%, Nicaragua con un 85% y Palestina con un 76%.

El descenso en las llegadas a Canarias, que retrocedieron un 62%, es atribuido por CEAR a la consolidación de acuerdos de externalización de fronteras con países como Mauritania, Senegal y Marruecos. A pesar de ello, en el último tiempo se observaron nuevas rutas, con embarcaciones que zarpan desde el sur del continente africano. El informe resalta la presencia creciente de personas originarias de Guinea entre los solicitantes de asilo, asociando este fenómeno con el deterioro de los derechos humanos en ese país.

Por otra parte, según indica Europa Press, las llegadas a la ruta de Baleares crecieron un 24,5%. CEAR considera que este dato evidencia la consolidación de un recorrido alternativo, especialmente riesgoso y de larga duración, que puede extenderse hasta dos años desde países como Somalia.

Ante la entrada en vigor al Pacto de Migración y Asilo en junio, CEAR advierte que los cambios en los caminos migratorios reflejan que las personas en situación de huida buscarán opciones alternativas, que frecuentemente resultan más largas y peligrosas. La organización reitera la necesidad de habilitar vías legales y seguras para que quienes requieren protección internacional reciban el amparo correspondiente conforme al derecho internacional.

El informe también alude a la regularización extraordinaria de personas migrantes anunciada por el Gobierno de España, que CEAR identifica como una posible vía para mitigar la situación de irregularidad en la que han quedado miles de personas, incluidas muchas que cumplen los criterios de protección internacional.

Las cifras presentadas por CEAR y recogidas por Europa Press incluyen un análisis pormenorizado por nacionalidades, entre ellas Venezuela, Colombia, Perú, Senegal, Mali y Burkina Faso. El documento advierte que la automatización de las resoluciones plantea serias dudas sobre la capacidad de estudiar cada caso de manera individualizada, aspecto considerado clave para salvaguardar los derechos de quienes buscan protección.

Las declaraciones de Mónica López y Mauricio Valiente, que acompañan la difusión del informe, insisten en la preocupación por la posible devolución de solicitantes de asilo a sus países de origen sin un examen en profundidad de sus circunstancias particulares, situación que consideran puede poner en riesgo la seguridad y la integridad de personas vulnerables.