Las organizaciones agrarias muestran al delegado del Gobierno su rechazo al acuerdo con Mercosur y a la nueva PAC

En medio de la incertidumbre sobre el futuro de los precios agrícolas, los representantes del sector agropecuario en Extremadura han manifestado que la Ley de la Cadena Alimentaria sigue sin resolver la problemática de precios por debajo de los costes de producción. Según informó Europa Press, durante una reunión celebrada el lunes en la Delegación del Gobierno, las organizaciones agrarias APAG Extremadura Asaja, Asaja Cáceres y UPA-UCE Extremadura entregaron al delegado del Gobierno, José Luis Quintana, un documento en el que exponen una serie de reivindicaciones orientadas a proteger la viabilidad económica del campo y solicitan medidas urgentes ante normativas europeas y acuerdos internacionales que consideran perjudiciales.

De acuerdo con Europa Press, el encuentro contó con la presencia de la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri; el presidente de Asaja Cáceres, Ángel García Blanco; y por parte de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos y Fernando Miranda. Durante la reunión trasladaron a Quintana su rechazo tanto al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur como a la última reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Los representantes del sector denunciaron que el recorte del diez por ciento en la anterior reforma de la PAC y el nuevo ajuste propuesto, que asciende al veintitrés por ciento, deterioran de forma insostenible la capacidad de subsistencia de las explotaciones agrarias de la región.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Juan Metidieri señaló que la delegación exigió respeto a la votación del Parlamento Europeo, que recientemente pidió elevar el acuerdo UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por presuntas incompatibilidades con el Derecho comunitario. La inquietud del sector radica en los posibles efectos de la liberalización del comercio agrícola, ya que consideran que esto colocaría aún más presión sobre los precios y la competitividad de los productos regionales. Metidieri afirmó que la toma en consideración de dicha votación implica el respeto tanto a la democracia como a las preocupaciones legítimas del Parlamento Europeo en relación a ese acuerdo.

Durante el encuentro, los líderes agrarios también insistieron en la necesidad de aplicar de manera efectiva la Ley de la Cadena Alimentaria. Según detalló Europa Press, expresaron que, lejos de cumplir su finalidad de garantizar precios justos, la normativa vigente no ha producido avances y la situación del sector agrícola se mantiene en niveles críticos, debido a la imposibilidad de cubrir los costes de producción. Las organizaciones pusieron de manifiesto en el documento presentado que la situación alcanza niveles “límite”, con una burocracia creciente y unos precios que siguen estancados en cifras insuficientes, lo que coloca en riesgo la continuidad de muchas explotaciones.

El presidente de Asaja Cáceres, Ángel García Blanco, expresó su descontento ante la “grave desconexión” existente entre los responsables políticos y la realidad que enfrentan los agricultores y ganaderos. Según publicó Europa Press, García Blanco lamentó que los dirigentes políticos, independientemente de su afiliación, no comprenden la situación que atraviesa el mundo rural, lo que incrementa la frustración y el sentimiento de aislamiento dentro del sector. El dirigente subrayó que la reciente reforma de la PAC, la negociación del acuerdo con Mercosur y la falta de respeto a las decisiones adoptadas por el Parlamento Europeo generan una distancia cada vez mayor entre las instituciones y la base productiva.

Por su parte, Óscar Llanos, secretario general de UPA-UCE Extremadura, remarcó la importancia de que el Gobierno central tome conciencia de la difícil realidad del campo regional. Llanos expuso ante José Luis Quintana una tabla con reivindicaciones concretas y reiteró que, pese a las movilizaciones de semanas anteriores y los intentos por abordar las cuestiones ante la Junta de Extremadura, persiste la preocupación por la inoperancia de la Ley de la Cadena Alimentaria. Según informa Europa Press, Llanos describió una campaña agrícola especialmente difícil y advirtió que se esperan precios a futuro que permanecerán en niveles bajos, perpetuando la insostenibilidad del sector.

Europa Press detalló que José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, se comprometió a remitir el documento con las demandas al Ministerio de Agricultura, aunque precisó que la mayor parte de las cuestiones forman parte del ámbito competencial de la Junta de Extremadura y no del Gobierno central. No obstante, subrayó que los contactos entre las organizaciones agrarias y el Ministerio de Agricultura tienen carácter permanente. Sobre la reforma de la PAC, Quintana indicó que la propuesta fue elaborada por el Partido Popular Europeo y que el Ministerio de Agricultura ha firmado un documento conjunto con las organizaciones agrarias expresando su oposición a dicha iniciativa.

En relación al acuerdo con Mercosur, Quintana explicó, según menciona Europa Press, que la negociación de este tratado se inició durante el mandato del expresidente José María Aznar y que la búsqueda de nuevos mercados externos responde al contexto de dificultades comerciales con Estados Unidos. Añadió que este proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno de la Unión Europea, en el cual el Partido Popular Europeo desempeña un papel fundamental. No obstante, sobre la inquietud en torno a la Ley de la Cadena Alimentaria, Quintana sugirió que las organizaciones agrarias deberían reclamar a la Junta de Extremadura y a la Consejería de Agricultura un papel más activo, especialmente en lo relativo a la fijación de precios en cultivos específicos, como el tomate, para asegurar que los costes de producción queden cubiertos en los acuerdos comerciales.

Según reportó Europa Press, Quintana insistió en que la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, que controla la mayoría de las competencias en la materia, debe asumir la iniciativa en los temas denunciados por los representantes del sector. Los dirigentes agrarios, por su parte, manifestaron su intención de seguir trasladando sus inquietudes tanto a la administración autonómica como a la estatal, advirtiendo sobre las consecuencias de no abordar un problema que consideran central para el futuro rural y alimentario de la región.

El documento entregado al delegado del Gobierno recoge la suma de demandas históricas y recientes, e incluye desde la exigencia de medidas regulatorias que limiten la burocracia hasta la revisión en profundidad de los mecanismos de fijación de precios. De acuerdo con Europa Press, los líderes agrarios mantienen la alerta ante la posibilidad de que la aplicación de políticas europeas y tratados internacionales pongan en jaque la supervivencia económica de miles de explotaciones en Extremadura.

Con la continuidad de las protestas y el seguimiento de los movimientos institucionales en Bruselas, los representantes del campo extremeño evalúan los próximos pasos para proteger a los productores en un escenario marcado por la volatilidad de los mercados y el temor a nuevos recortes y normativas que, según advierten, podrían agravar la crisis del sector agroalimentario.