
El avance en la producción de energía renovable para cientos de miles de hogares en Nueva Inglaterra mantendrá su ritmo, luego de que el proyecto Vineyard Wind 1, cercano a su finalización, obtuviera autorización judicial para continuar con la totalidad de sus operaciones. Según informó el medio, un juzgado federal estadounidense respaldó la medida cautelar solicitada por esta iniciativa de energía eólica marina, propiedad de Iberdrola, a través de su filial Avangrid, y del fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). La orden judicial levanta la suspensión que en diciembre impuso la Oficina de Gestión de las Energías Marinas del Departamento del Interior (BOEM) durante el anterior gobierno, y permite de inmediato la reanudación de los trabajos de construcción, puesta en marcha y generación de electricidad.
De acuerdo con la información publicada, el proyecto Vineyard Wind 1 ya ha sido finalizado en un 95% y cuenta con la mayoría de sus aerogeneradores en funcionamiento, alimentando la red con energía que cubre la demanda de cerca de 400.000 hogares y empresas en Massachusetts. Este parque eólico representa la primera gran instalación 'offshore' de Iberdrola en Estados Unidos, y el resto de las labores pendientes consisten en completar el 5% de la construcción que queda para alcanzar la capacidad total de 806 megavatios (MW). La sociedad Vineyard Wind indicó al medio que seguirá colaborando con la administración federal para lograr una solución definitiva al proceso legal.
El megaproyecto renovable ha requerido una inversión aproximada de 3.000 millones de dólares (más de 2.700 millones de euros), financiada mediante contratos firmados con las tres empresas principales de suministro eléctrico del estado. El consorcio formado por Iberdrola, a través de Avangrid Power, y CIP, mantiene igualdad de participación en la sociedad operadora.
Tal como detalló la fuente original, la petición de una suspensión judicial surgió en enero, cuando Vineyard Wind presentó ante un tribunal federal en Massachusetts una solicitud para frenar la orden de paralización decretada durante la administración de Donald Trump. En ese momento, el gobierno estadounidense detuvo el avance de cinco parques eólicos marinos en desarrollo, entre los que se encontraba Vineyard Wind 1. Junto a este proyecto, otras iniciativas afectadas por la medida incluían Revolution Wind de Orsted (704 MW), Sunrise Wind (924 MW), Coastal Virginia Offshore Wind (2.600 MW) y Empire Wind 1 de Equinor (810 MW).
El medio también consignó que la justicia estadounidense había concedido anteriormente medidas cautelares similares a otros operadores del sector eólico, lo que permitió la continuidad de las obras en varios proyectos tras las decisiones restrictivas adoptadas previamente por el Ejecutivo Federal.
Este contexto se agrava por las políticas aplicadas en los años recientes respecto a la energía marina renovable. Desde septiembre, y según publicó la fuente, la administración de Donald Trump puso en el punto de mira a los parques New England Wind 1 y 2, ambos de Iberdrola, revocando sus autorizaciones a pesar de que las construcciones no se habían iniciado. Estas acciones formaron parte de una serie de suspensiones y amenazas de cancelación que afectaron a distintos desarrollos eólicos 'offshore' en el país, dificultando la expansión del sector.
La reciente resolución judicial supone que Vineyard Wind 1 mantendrá la generación de energía y proseguirá con las tareas restantes de construcción bajo estrictos criterios de seguridad. La prioridad, señalaron sus responsables citados por el medio, es garantizar el suministro de electricidad asequible y fiable a la región. A la par, el equipo desarrollador reafirmó su disposición para trabajar con las autoridades estadounidenses y lograr una conclusión permanente al procedimiento legal que rodea la viabilidad del parque eólico.
Por otra parte, según lo consignado, la ejecución de Vineyard Wind 1 ha generado contratos a largo plazo y se posiciona como un referente dentro de las iniciativas empresariales en energías limpias en Estados Unidos. Su ejemplo también ha servido de apoyo en reclamaciones judiciales presentadas por otras compañías de energía renovable afectadas bajo las mismas condiciones regulatorias en años recientes.
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