La Fiscalía colombiana investiga al exciclista Lucho Herrera por la desaparición de cuatro personas

En octubre de 2002, varios habitantes de predios rurales en Fusagasugá, Cundinamarca, fueron privados de su libertad en hechos que han permanecido bajo investigación judicial durante más de dos décadas. El Ministerio Público de Colombia comunicó que Luis Alberto Herrera —conocido exdeportista— y su hermano Rafael son los presuntos responsables de haber facilitado esa privación. La Fiscalía abrió un proceso formal contra ambos por su posible vinculación con la desaparición de cuatro personas en esa zona de la Sabana, según informó el organismo en un comunicado oficial.

La noticia fue difundida por diversos medios, incluidos reportes de El Tiempo, que detallaron que la desaparición ocurrió el 23 de octubre de 2002. Según la información recabada, los hermanos Herrera habrían contactado presuntamente con miembros de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare con el fin de que estos capturaran a varios vecinos de los alrededores de las propiedades que pertenecían a la familia Herrera Herrera. En la comunicación oficial de la Fiscalía se afirma: “La Fiscalía abrió investigación contra Luis Alberto y Rafael Herrera Herrera como presuntos responsables de la desaparición de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá (Cundinamarca), el 23 de octubre de 2002”.

Luis Alberto Herrera, conocido en el ámbito deportivo como “Lucho” Herrera, ganó notoriedad internacional tras sus victorias en grandes competencias ciclísticas y también fue secuestrado por las FARC en el año 2000, episodio en el que permaneció privado de libertad durante 24 horas. Dos años después, la zona donde nació volvió a aparecer en la agenda pública, aunque esta vez ligada al presunto involucramiento de él y su hermano en la retención ilegal de habitantes locales.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, se acusa a los Herrera de colaborar con grupos armados ilegales al supuestamente delegar la tarea de desaparecer a personas que vivían cerca de sus terrenos familiares. La Fiscalía ha sostenido que el proceso se encuentra abierto y que los hechos atribuidos datan de hace 23 años, momento en el que la presencia y control territorial de diversos actores armados, incluidas agrupaciones paramilitares, incidía directamente sobre la vida cotidiana de los pobladores rurales.

El caso cobró nuevo impulso en 2023, luego de que un juzgado penal de Fusagasugá solicitara la actuación directa de la Fiscalía tras recibir información que comprometía a los hermanos Herrera en los hechos objeto de investigación. Según consignó el medio El Tiempo, las hipótesis iniciales no han variado desde entonces: la defensa de Lucho Herrera ha sostenido durante años que su cliente no tiene relación alguna con la desaparición forzada de los vecinos y niega cualquier nexo con grupos paramilitares.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha presentado cargos formales, aunque el proceso avanza dentro de la fase de indagación. El Ministerio Público ha reiterado que los implicados son considerados sujetos de investigación por su supuesto vínculo con la estructura armada que operaba en el Casanare durante aquellos años, una región que en ese periodo fue epicentro de diversos abusos y desplazamientos relacionados con el accionar de las autodefensas.

El caso se inscribe en un contexto de violencia ocurrida en varias regiones rurales de Colombia, donde la confluencia de intereses rurales, disputas territoriales y presencia de organizaciones armadas ilegales generó episodios de desplazamiento y desapariciones forzadas ampliamente documentados en expedientes judiciales y reportes de prensa independiente. La Fiscalía, detalló El Tiempo, continúa analizando testimonios y pruebas documentales para esclarecer el grado de participación de los hermanos Herrera en los hechos.

La notoriedad de Lucho Herrera como una figura emblemática del deporte colombiano dio una visibilidad significativa a una investigación que, sin esa conexión, probablemente habría pasado inadvertida fuera del ámbito local. No obstante, la Fiscalía subrayó en su comunicado que la apertura de la investigación responde exclusivamente a la información recabada y no a consideraciones mediáticas. Según consignó El Tiempo, los defensores de los hermanos Herrera reclaman respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

De acuerdo con los registros consignados por el Ministerio Público, el testimonio de residentes y otros elementos incorporados en la investigación serán claves para determinar si existió algún tipo de asociación directa o indirecta entre los hermanos Herrera y los grupos armados involucrados en la desaparición de los cuatro pobladores. El proceso judicial, según detalló la Fiscalía, se mantiene bajo estricto seguimiento y su avance depende de la recolección de nuevos elementos probatorios que permitan establecer responsabilidades penales o exoneraciones definitivas.

La comunidad de Fusagasugá se mantiene atenta al desarrollo del caso, dado el impacto que el episodio tuvo tanto en lo social como en su historia reciente. De momento, las autoridades judiciales evitan pronunciarse sobre conclusiones anticipadas y enfocan sus pesquisas en reconstruir las circunstancias que rodearon a la retención y posterior desaparición de los moradores afectados en el año 2002.