
El diputado Gerardo Pisarello destacó que el acuerdo alcanzado con el PSOE permitirá aprobar con carácter urgente la regularización extraordinaria de migrantes en el Consejo de Ministros, facultad respaldada por marcos legales vigentes y justificada por razones de humanidad frente a discursos que buscan fragmentar a la clase trabajadora según su procedencia. Según publicó el medio originario de la información, Sumar enfatizó la necesidad de dar pasos adelante en la protección de derechos para cientos de miles de personas en España.
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar manifestó que la medida de regularización que entrará en vigor tras el próximo Consejo de Ministros ha sufrido una demora excesiva. Además, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados citada por la fuente, Sumar exige al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el cierre definitivo de los centros de internamiento de extranjeros (CIE). “Ahora lo que exigimos a Marlaska es que dé un paso más y cierre los CIE. No se puede tener un gran discurso contra Donald Trump y permitir que en España haya cárceles racistas y que haya gente con miedo de ser encarcelada sin haber cometido ningún delito simplemente por una cuestión meramente administrativa”, declaró el diputado Alberto Ibáñez Mezquita, según consignó el medio citado.
Ibáñez, durante su intervención recogida por la misma fuente, reconoció la decisión del PSOE de poner en marcha la regularización de más de medio millón de personas que residen en el país. Planteó que muchas de esas personas ya desempeñan actividades laborales en España pero carecen del reconocimiento formal de sus derechos. Ibáñez consideró la noticia como relevante, aunque expresó que el retraso en su implementación responde, en su opinión, a la inacción previa del Partido Socialista. Además, indicó que la tramitación ideal de la medida habría incluído su paso por el Congreso para ser aprobada, aunque subrayó que considera imprescindible su puesta en vigor inmediata, dando prioridad a la necesidad de responder a una situación pendiente desde hace tiempo.
Pisarello, por su parte, remarcó en declaraciones recogidas por la fuente el valor del consenso logrado con los socialistas, enfatizando que se trata de una cuestión abordada con urgencia en el Consejo de Ministros. Añadió que la legalidad vigente otorga al Ejecutivo la potestad de intervenir en estos términos, permitiendo avanzar hacia la cobertura jurídica y social de miles de migrantes. En sus palabras, insistió en que la motivación fundamental para avanzar en este proceso radica en la necesidad de establecer criterios de humanidad y frenar la proliferación de discursos que pretenden dividir a la sociedad en función del origen de las personas.
El medio informó que Sumar reclama también una política activa contra los discursos de odio, recordando que los retrasos acumulados en la protección y en la garantía de derechos para las personas migrantes han tenido efectos concretos sobre su realidad social y jurídica. Las afirmaciones públicas del grupo parlamentario sostienen que los CIE constituyen un problema estructural y que mantenerlos abiertos contradice los discursos contra el racismo y la xenofobia.
Los representantes de Sumar han reiterado, según recoge la fuente, que la nueva medida beneficia a cientos de miles de personas cuyas situaciones administrativas han impedido el acceso pleno a derechos sociales, sanitarios y laborales básicos, a pesar de contribuir a la economía y la sociedad española. El grupo parlamentario sostiene que la iniciativa debe entenderse como un avance en el reconocimiento de los derechos que, hasta la fecha, permanecían limitados para una parte considerable de la población residente en el país.
En las declaraciones recogidas por el medio, generalizaron su llamamiento para eliminar los centros de internamiento, argumentando que su existencia supone una contradicción con el marco de derechos humanos y el propio discurso gubernamental sobre el racismo, haciendo hincapié en que las personas allí encerradas lo están por motivos administrativos, sin haber cometido delitos. El cierre de los CIE aparece en el discurso de Sumar como una de las exigencias principales en el contexto de nuevas políticas migratorias.
El medio resaltó que Sumar insiste en que los avances en reconocimiento de la ciudadanía para las personas migrantes deben ir acompañados de medidas que garanticen su protección efectiva frente a situaciones de discriminación y exclusión. Frente a los retrasos atribuidos al anterior bloqueo en la toma de decisiones, la pronta aprobación de la regularización mediante real decreto refleja un cambio que, según Sumar, responde a presiones sociales y políticas para corregir deficiencias históricas en la materia.
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