La Audiencia Nacional pregunta a Fiscalía si debe investigar a Óscar Puente por el accidente ferroviario de Adamuz

El procedimiento judicial abierto a raíz de la denuncia por el accidente ferroviario de Adamuz, en la provincia de Córdoba, avanza mientras se resuelve una cuestión clave de competencia judicial. Según publicó Europa Press, el magistrado Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, ha solicitado a la Fiscalía que evalúe y se pronuncie sobre la viabilidad y pertinencia de que el tribunal lleve adelante la investigación penal contra el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, por hechos relacionados con este siniestro que provocó la muerte de 45 personas y dejó múltiples heridos.

El medio Europa Press detalló que la intervención del juez Piña responde a la recepción de una denuncia, presentada por la Asociación Libertad y Justicia, en la que se acusa al ministro Puente y a otras personas por posibles delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación. Tras la apertura formal de diligencias previas para esclarecer los hechos, el magistrado ha remitido al Ministerio Público la documentación para que indique si corresponde a la Audiencia Nacional asumir la investigación y, en ese caso, cuáles serían las diligencias oportunas a practicar de acuerdo a la naturaleza y gravedad de los hechos reportados.

El juez Piña ha pedido a la Fiscalía que, además de pronunciarse sobre la competencia, indique expresamente si estima necesario abrir una causa penal y qué actuaciones procesales resultarían procedentes. Según consignó Europa Press, el accidente de Adamuz, ocurrido bajo la esfera de responsabilidad del Ministerio de Transportes, ha suscitado un amplio debate sobre la potencial responsabilidad penal de altos cargos y sobre la delimitación de las competencias jurisdiccionales cuando se trata de personas aforadas.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, el status jurídico de Óscar Puente, como ministro y por tanto aforado, determina que únicamente el Tribunal Supremo podría proceder a investigarlo penalmente en caso de que las diligencias así lo justificaran. Las fuentes jurídicas consultadas por la agencia consideran improbable que la Audiencia Nacional pueda mantener la competencia sobre el caso, dada la protección judicial que corresponde a los miembros del Gobierno en funciones ejecutivas, aunque la denuncia también apunta a otras personas además del titular de la cartera de Transportes.

La denuncia interpuesta por la Asociación Libertad y Justicia motivó que el Juzgado Central de Instrucción Número 6 incoara diligencias previas, fase en la que se estudia la existencia de indicios razonables de criminalidad que puedan derivar en la apertura de un procedimiento penal formal. Esta etapa, según explicó Europa Press citando a fuentes jurídicas, se activa ante hechos de excepcional gravedad, como el accidente ferroviario de Adamuz, que dejó un saldo de decenas de fallecidos y heridos, lo que ha impulsado exigencias de depuración de responsabilidades tanto políticas como penales.

Las fuentes judiciales citadas por Europa Press consideran que el hecho de que Puente esté aforado imposibilitaría que la Audiencia Nacional prosiga con la investigación respecto al ministro, lo que podría conducir a que el Tribunal Supremo estudie la competencia o, en su defecto, que la instrucción continúe únicamente respecto a las demás personas señaladas en la denuncia, si no ostentan la misma protección judicial. Si la Fiscalía considera pertinente investigar, deberá proponer las diligencias iniciales para la identificación y esclarecimiento de los hechos y las personas presuntamente responsables, aunque toda actuación relacionada con el ministro quedaría supeditada a una eventual asunción de competencia por parte de la máxima instancia jurisdiccional.

Europa Press subrayó que el procedimiento iniciado en la Audiencia Nacional no implica de momento la apertura de una causa penal formal, sino que se trata de un examen de admisibilidad y fundamento de la denuncia recibida, tal como establece el procedimiento penal ordinario en materia de delitos graves o atribuibles a responsables públicos. El proceso queda ahora a la espera de la valoración y el dictamen de la Fiscalía, que deberá pronunciarse tanto sobre la competencia del tribunal como sobre la necesidad de practicar las diligencias sugeridas por la acusación.