
El 55% de participación registrado en las recientes elecciones de Birmania representa una disminución sustancial respecto al 70% alcanzado en anteriores comicios. Este descenso se atribuye a un boicot liderado por los principales sectores de la oposición y a la persistencia de la guerra civil desde el golpe de Estado ocurrido en 2021. En este contexto, el Partido Unión para la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), alineado con la junta militar, ha declarado su victoria electoral, según reportó Myanmar Now.
De acuerdo con la información difundida por Myanmar Now y recogida por otros medios internacionales, el USDP asegura haber obtenido 193 de los 209 escaños de la Cámara Baja y 52 de los 78 escaños de la Cámara Alta en las dos primeras rondas electorales. Si se consideran estos resultados parciales junto con el hecho de que el 25% de las bancas del Parlamento están reservadas para miembros del Ejército, el control legislativo por parte del partido pro-junta parece asegurado.
Diversos reportes, entre ellos los de Democratic Voice of Burma, señalan que la legitimidad del proceso electoral ha sido puesta en entredicho tanto dentro como fuera del país. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), organismo del que Birmania es miembro, expresó su desaprobación por la forma en la que se convocaron las elecciones y sus resultados. Malasia, quien ostentó la presidencia rotativa del bloque el año anterior, afirmó que la ASEAN no respalda ni el proceso ni los resultados.
El líder de la junta militar, Min Aung Hlaing, defendió el proceso indicando: “Independientemente de contar o no con el reconocimiento de la comunidad internacional, la población ha votado, y es necesario el reconocimiento”, según registró el diario Democratic Voice of Burma. Sostuvo que los comicios transcurrieron “con libertad” y “sin coacción”, enfatizando que gozan de “apoyo popular”. Min Aung Hlaing refutó las críticas internacionales, incidiendo en que el reconocimiento que importa es el otorgado por el pueblo birmano.
Sectores opositores y grupos pro derechos humanos han señalado numerosas irregularidades y la imposibilidad de realizar un proceso transparente, principalmente por los episodios de violencia que se vivieron durante la jornada electoral. La fase final de los comicios coincidió con el avance de bombardeos y ataques armados en varias regiones del país, situación que forzó el cierre de numerosos centros de votación. Myanmar Now detalló que al menos nueve estados y regiones, incluyendo Rangún, Shan, Kachin, Karen, Sagaing, Bago y Mandalay, presenciaron ataques en las inmediaciones de recintos electorales.
Uno de los incidentes más mortales aconteció en la localidad de Bhamo, en Kachin, donde el pasado jueves un ataque del Ejército dejó al menos 22 personas fallecidas. Organizaciones de derechos humanos han condenado estos hechos, denunciando que los bombardeos fueron ejecutados de manera “preventiva” poco antes de que se celebrara la última ronda electoral. Estas circunstancias profundizaron las dudas sobre la validez y representatividad del proceso, aspecto subrayado por las denuncias de los partidos opositores, quienes no solo se abstuvieron de participar sino que también impugnaron públicamente los comicios.
Myanmar Now informó que estas elecciones tuvieron lugar en un clima de guerra civil, marcado por la confrontación abierta entre la junta militar y diversos grupos armados de oposición, que operan en zonas étnicas y metropolitanas. Esta situación bélica generó desplazamientos forzados y afectó la logística electoral, según distintas organizaciones.
Medios birmanos y organismos internacionales han alertado sobre el intento de consolidación del poder militar a través de un proceso calificado como irregular y sin garantías de apertura democrática. De acuerdo con las cifras distribuidas por el propio USDP, el dominio del Parlamento se materializa en un contexto de discordia, con sectores significativos de la sociedad excluidos de la votación por razones de seguridad o por decisión política al adherir al boicot.
El portal Myanmar Now y otros medios locales señalaron que los bombardeos y el despliegue continuo de fuerzas armadas generaron temor entre la población votante, lo que repercutió notablemente en la tasa de participación, una de las más bajas de las últimas décadas. Analistas políticos del país citados por Democratic Voice of Burma recalcaron que la situación política y militar vigente ha impedido el desarrollo de una contienda electoral en condiciones de normalidad, restringiendo la libre expresión de la voluntad popular.
Las reacciones en la comunidad internacional continúan orientadas hacia el rechazo de los resultados. La ASEAN emitió comunicados manifestando la preocupación por la crisis birmana y exigiendo el restablecimiento de un proceso democrático inclusivo. El régimen militar, por su parte, ha reiterado que no pretende someterse al escrutinio externo respecto a la validez de la consulta electoral, insistiendo en que la prioridad es el reconocimiento interno.
Según la cobertura realizada por Myanmar Now, el Parlamento resultante será un órgano dominado por el USDP y con fuerte intervención de representantes castrenses, lo que consolida el poder de la junta militar que gobierna de facto desde el derrocamiento de las autoridades electas en febrero de 2021. El futuro político del país permanece incierto ante la persistencia del conflicto armado y la falta de apertura para la participación plural en los procesos decisivos.
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