Un juez nominado por Trump prohíbe al Gobierno que destruya pruebas de la muerte del enfermero Alex Pretti

Las agencias federales estadounidenses tienen la obligación de conservar intacta toda la evidencia vinculada al tiroteo fatal en el que resultó muerto Alex Pretti, luego de que funcionarios estatales y municipales manifestaron inquietudes sobre la gestión de la investigación por parte de la policía federal. Según detalló un fallo judicial reportado por medios, la decisión responde a reiteradas denuncias sobre supuestas manipulaciones y apropiación de la indagatoria por parte de agentes federales, especialmente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El medio consignó que la orden judicial se emitió la madrugada de este lunes y la suscribió el juez Eric Tostrud, designado durante la administración de Donald Trump. Tal como publicó la fuente, la resolución judicial afecta de manera directa al FBI, al Departamento de Justicia estadounidense y al Departamento de Seguridad Nacional, entidades bajo las cuales opera el ICE, el organismo cuya intervención generó cuestionamientos tras la operación donde murió el enfermero Pretti.

De acuerdo con la información divulgada, la decisión judicial surgió a partir de una solicitud formal presentada por instancias locales: la Oficina para la Captura de Criminales y la Fiscalía del Condado de Hennepin, dentro del estado de Minnesota. Estas instituciones fundamentaron su petición en el hecho de que, en las semanas anteriores, autoridades locales han señalado obstáculos para acceder a la evidencia y han expresado su preocupación por la falta de cooperación y transparencia por parte de los agentes federales.

El medio destacó que el incidente en cuestión ocurrió el sábado anterior en la zona sur de Minneapolis, durante una operación relacionada con el control de la migración irregular, organizada y ejecutada por personal del ICE, con la colaboración de otras agencias federales. Según detalló la fuente original, esta intervención policial terminó con la muerte a tiros de Alex Pretti, quien trabajaba como enfermero. Los representantes de la ciudad y el estado de Minnesota han calificado a esta operación como “enormemente cuestionada”.

La orden, tal como la comunicó el medio, prohíbe de forma explícita a cualquier funcionario vinculado a las agencias involucradas “destruir o alterar la evidencia relacionada con el fatal tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales”. Esta directiva pretende garantizar que la investigación permanezca en todo momento sujeta a revisión y auditoría externas, frente a las sospechas existentes sobre posible manipulación y ocultamiento de información crucial por parte del ICE y de las demás fuerzas federales.

Según publicó la fuente, la preocupación de las autoridades locales tiene como telón de fondo una tendencia creciente del ICE a apropiarse de las investigaciones internas sobre el uso de la fuerza letal o excesiva durante sus procedimientos, restringiendo el flujo de información a otros organismos de seguridad y dificultando cualquier fiscalización independiente. El reciente caso de Minneapolis ha incrementado las tensiones entre los diferentes niveles de gobierno al evidenciar lagunas de control y transparencia durante intervenciones de alto riesgo.

El juez Tostrud, al aceptar las peticiones provenientes de Minnesota, manifestó que no admite ningún tipo de alteración ni omisión en los archivos, grabaciones, elementos materiales o cualquier otro tipo de evidencia recopilada durante y después del operativo. De acuerdo con el contenido de la orden judicial publicada por el medio, la disposición afecta a todos los agentes involucrados en los hechos, tanto federales como estatales, en la medida en que intervengan en el manejo de las pruebas.

Los funcionarios estatales y locales afirmaron al medio que pretenden abrir una indagatoria independiente que les permita examinar la actuación del ICE y de los agentes federales frente al fallecimiento de Pretti. Para ello, consideran imprescindible el acceso completo e íntegro a toda la evidencia del caso, incluidas grabaciones de cámaras corporales, archivos de audio, testimonios y análisis forenses. Según reiteró la fuente, existía temor fundado de que documentación y materiales relevantes pudieran desaparecer o ser objeto de alteración si no intervenía la justicia federal en resguardo de la integridad del proceso.

Finalmente, el medio precisó que el operativo policial de ICE en Minneapolis formaba parte de una campaña nacional destinada a combatir la migración irregular, pero en este caso concreto derivó en el uso letal de la fuerza, suscitando interrogantes sobre los procedimientos y el control de la conducta de los agentes. El caso continúa bajo investigación, mientras se mantiene la prohibición expresa de destruir, modificar o manipular las pruebas recolectadas en el lugar de los hechos y en cualquier etapa posterior.