El grupo parlamentario Por Andalucía ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la Cámara andaluza relativa a la "retirada de honores públicos, distinciones oficiales y espacios de titularidad municipal dedicados a Juan Carlos I", el padre del actual rey Felipe VI.
Se trata de una iniciativa pendiente de debate en la comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública del Parlamento andaluz, consultada por Europa Press, con la que, en concreto, el grupo proponente plantea que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno de la Junta a "aplicar e instar, a su vez, a los ayuntamientos andaluces a revisar de manera específica las denominaciones honoríficas, distinciones y equipamientos y vías públicas dedicadas a Juan Carlos I".
Desde Por Andalucía justifican esta iniciativa con el argumento de que "la ilegitimidad de origen --de Juan Carlos I-- de ser designado jefe del Estado por decisión del dictador (Francisco Franco), incompatible con los valores democráticos, se ha agravado por la ilegitimidad del ejercicio de sus funciones, marcadas por prácticas corruptas", por lo que "procede alentar lo que ya han comenzado a efectuar diversos municipios ante la creciente controversia pública que suscita mantener honores impropios en una sociedad democrática madura".
En esa línea, el grupo parlamentario de la confluencia de Podemos e IU, entre otras formaciones de izquierda, sostiene en la exposición de motivos de la PNL que "la preservación de honores públicos, distinciones oficiales y espacios de titularidad municipal dedicados a Juan Carlos I constituye hoy una grave distorsión democrática, un anacronismo inadmisible que degrada la dignidad institucional y pone en evidencia la desconexión entre la realidad política y la simbología que nuestras administraciones siguen proyectando a la ciudadanía".
Y es que, en opinión del grupo Por Andalucía, "a la luz de hechos conocidos, investigaciones periodísticas sólidas y actuaciones fiscales que han obligado incluso a regularizaciones millonadas, insistir en mantener honores a Juan Carlos I no solo es irresponsable", sino que "es insultante para una sociedad que exige ejemplaridad".
"Mantener estos homenajes es sostener un decorado ficticio, construido durante décadas en torno a un relato mitificado e interesado, que presentó al exjefe del Estado como un pilar intocable de la convivencia democrática", se puede leer en la iniciativa del grupo de IU y Podemos, para el que "ese relato ya no se sostiene ni moral ni políticamente".
"CUESTIÓN DE PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS"
La proposición no de ley incide en criticar la vinculación de Juan Carlos I con el franquismo al inicio de su reinado, y defiende que "mantener calles, avenidas o centros públicos dedicados a una figura designada por un régimen dictatorial es una contradicción cívica flagrante, una incoherencia histórica y una falta de rigor democrático que nuestra comunidad no puede seguir normalizando". "No es una cuestión estética, es una cuestión de principios democráticos", sentencia la iniciativa.
No obstante, desde Por Andalucía sostienen que "el problema no se limita al origen franquista", sino que "las polémicas que han rodeado a Juan Carlos I durante su reinado y, especialmente, tras su abdicación hacen aún más inasumible que siga recibiendo honores en el espacio público", y al respecto señalan que "las conductas atribuidas al exjefe del Estado, señaladas en investigaciones periodísticas nacionales e internacionales, objeto de diligencias fiscales y reflejadas en regularizaciones millonarias, han deteriorado de forma irreversible su imagen pública y la de la institución que representó".
La iniciativa vincula así al rey emérito con "entramados financieros opacos, cuentas y fundaciones en el extranjero, gastos sufragados por terceros, movimientos económicos bajo investigación, regalos millonarios cuya justificación generó dudas evidentes, así como intermediaciones económicas que nunca debieron formar parte de la actividad de quien ocupaba la más alta magistratura del país".
En esa línea, el grupo que impulsa esta iniciativa sostiene que "mantener calles, plazas o equipamientos en nombre de Juan Carlos I envía un mensaje devastador, especialmente a las generaciones jóvenes, como que la corrupción, la opacidad y los privilegios pueden convivir con honores institucionales; que la herencia del franquismo es aceptable si se reviste de solemnidad", o que "la ética es prescindible cuando se trata de figuras del poder".
"Ese mensaje es profundamente dañino y contrario a cualquier proyecto democrático serio", sentencian desde Por Andalucía antes de añadir que "la ciudadanía andaluza exige cada vez más transparencia, integridad y coherencia en sus instituciones, así como verdad, justicia y reparación ante los hechos ocasionados y derivados del franquismo".
INICIATIVAS DE ALGUNOS AYUNTAMIENTOS
La proposición no de ley se hace eco de iniciativas de ayuntamientos andaluces que "ya han comenzado" a retirar "denominaciones impropias (...), asumiendo su responsabilidad democrática" y "guiados por la presión social, por el sentido común y por la obligación institucional de alinear el espacio público con los valores constitucionales".
"Pero esa acción municipal, aunque valiosa, es desigual y fragmentaria", apostilla el grupo de Por Andalucía, que a renglón seguido sostiene que el Parlamento autonómico "no puede seguir actuando como espectador pasivo ni delegar en los municipios una responsabilidad que le corresponde plenamente", sino que "debe ejercer el liderazgo democrático que se espera de él e impulsar un proceso coherente, homogéneo y riguroso en toda la comunidad autónoma".
Concluye la exposición de motivos para justificar la PNL defendiendo que "corresponde al Consejo de Gobierno trasladar esta orientación a todos los ayuntamientos, instándolos a revisar y retirar las distinciones dedicadas a Juan Carlos I y sustituirlas por denominaciones acordes con una sociedad que aspira a ser plenamente democrática", desde la premisa de que "la revisión de estos honores no es un gesto simbólico ni un ejercicio de revisionismo selectivo", sino que "es una exigencia de salud democrática, un acto de respeto a la verdad histórica y una medida imprescindible de higiene institucional".
"Retirar estos reconocimientos no es un capricho ideológico, sino una corrección democrática necesaria, frente a un relato oficial que hace mucho tiempo dejó de ser sostenible", zanja la iniciativa de Por Andalucía.
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