
La noche del 8 al 10 de enero registró uno de los episodios más violentos en la historia reciente de Irán, con una escalada de asesinatos y enfrentamientos armados en varias localidades fuera de la capital, según la versión del embajador de Irán en España, Reza Zabib. En una entrevista concedida a Europa Press, Zabib declaró que durante ese periodo "más de 2.000 ciudadanos inocentes y agentes de policía" murieron en acciones que atribuyó a grupos violentos. Atribuyó esta cifra a la que describió como “la mayor operación terrorista jamás realizada dentro de Irán”, y responsabilizó a agrupaciones que, según afirmó, recibieron respaldo desde el extranjero.
De acuerdo con el reporte publicado por Europa Press, Zabib precisó que el recuento de víctimas mortales alcanza ya las 3.000 personas, después de semanas de protestas y disturbios. El diplomático diferenció la dinámica de los hechos en tres fases. La primera se limitó a protestas de carácter económico dentro del bazar y el sector privado, principalmente por la inflación y la caída del valor de la moneda nacional. Tras contactos entre autoridades y empresarios, ese primer foco se desactivó con rapidez.
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Según el embajador, la segunda etapa se extendió entre el 1 y el 8 de enero con manifestaciones más amplias en ciudades pequeñas. Señaló que estas manifestaciones se mantuvieron toleradas por las fuerzas de seguridad, pese a que también registraron bajas durante los incidentes. A partir del 8 de enero, sin embargo, la situación se agravó en varias zonas, ya que, según Zabib, comenzaron a circular armas y se registraron asesinatos indiscriminados tanto de policías como de civiles. El diplomático aseguró que "la gente fue disparada y asesinada indiscriminadamente" por estos grupos, que después admitieron públicamente su responsabilidad.
El medio Europa Press reportó que Zabib mencionó la presencia de "fuerzas estadounidenses e israelíes", así como numerosos agentes extranjeros actuando en el terreno. Aseguró que en esos días se reportaron actos de extrema violencia, con policías y manifestantes mutilados, asesinados y quemados, así como ataques contra hospitales y cuerpos de agentes. El embajador destacó que uno de los ataques más graves incluyó el incendio de enfermeras dentro de hospitales y la quema de cadáveres de policías.
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Consultado sobre la autoría y el número de muertos, Zabib indicó que, según las autoridades iraníes, de los casi 3.000 fallecidos, aproximadamente 2.400 serían “víctimas”, mientras el resto correspondería a integrantes de los grupos calificados como terroristas, abatidos durante los enfrentamientos. El diplomático calificó estos acontecimientos como el ataque más letal jamás sufrido por la República Islámica, con información de Europa Press.
Sobre las operaciones de seguridad posteriores, Zabib manifestó que las fuerzas del orden confiscaron una considerable cantidad de armas y que existen grabaciones de comunicaciones donde se instruía a los agresores a "matar a policías y agentes de seguridad", y en última instancia, a cualquier persona en su camino. Al ser consultado sobre el número de agentes detenidos o abatidos, indicó que las cifras serían publicadas oficialmente más adelante, pero aseguró que algunos implicados lograron escapar del país tras su participación.
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Según el embajador, la desaparición de manifestaciones se relaciona directamente con la desarticulación de estos grupos violentos. Sostuvo que ahora la situación interna permanece bajo control y describió el ambiente nacional como “muy calmado”.
Respecto a las demandas económicas de la ciudadanía y el impacto de sanciones internacionales, Zabib señaló a Europa Press que el gobierno persigue un plan en dos frentes. El primero, la transferencia directa de subsidios a los ciudadanos, ya implementada, asegurando que el “90% o 95%” de la población accede tanto a recursos monetarios como a bienes esenciales. La presencia de productos fundamentales en el mercado, según Zabib, resulta de este enfoque gubernamental.
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Un segundo aspecto al que hizo referencia consistió en la restauración del acceso a internet. Reveló que, tras los días de máxima violencia, las autoridades reconectaron gradualmente el servicio: afirma que actualmente la cobertura ha retornado en “alrededor de un 40%”, aunque otras estadísticas elevan la cifra hasta el 60%. Afirmó que el retorno parcial a la conectividad señala una fase de mayor tranquilidad y restauración del orden social.
En cuanto al papel de plataformas tecnológicas extranjeras, Zabib reconoció que desconoce detalles precisos sobre la supuesta intervención de aliados como Rusia o China para neutralizar terminales como Starlink durante las protestas. Aseguró, no obstante, que Irán cuenta desde hace tiempo con la capacidad técnica para operar su infraestructura y que está en permanente contacto con países amigos, pero descartó depender en exclusiva de asistencia externa.
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La cuestión de las ejecuciones judiciales relacionadas con estos hechos suscitó especial interés en la entrevista difundida por Europa Press. Ante la pregunta sobre si se aplicarían castigos ejemplares, Zabib garantizó que en Irán “no hay pena ni castigo por manifestaciones civiles”. Recordó que tras protestas ocurridas dos años atrás, la “mayoría” de los arrestados fueron puestos en libertad sin proceso judicial posterior. Según el embajador, en la hipótesis de una detención errónea por protestar, el afectado sería liberado tras verificarse las circunstancias.
Sin embargo, Zabib diferenció entre manifestantes pacíficos y quienes "mataron a más de 2.000 inocentes o destruyeron bienes", quienes, según insistió, deberán afrontar la justicia. Aportó cifras que ilustran el nivel de los daños sufridos: reportó la destrucción de 305 ambulancias y autobuses públicos, 250 paradas de autobús, 24 estaciones de servicio, 700 comercios privados, 800 vehículos particulares, 300 viviendas, así como la quema o daño de 750 sucursales bancarias, 680 edificios públicos, 750 vehículos policiales, 200 escuelas, 440 mezquitas y decenas de bibliotecas.
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El diplomático expuso que los responsables de estos actos serán procesados judicialmente de acuerdo con los estándares internacionales, asegurando el respeto de sus derechos y el desarrollo de un juicio con todas las garantías legales, sin procesos sumarios. "Nunca los ha habido", afirmó. Negó, así, rumores sobre ejecuciones inmediatas y sostuvo que todos los casos seguirán trámites ordinarios contemplados en la legislación iraní.
Zabib, según Europa Press, subrayó que los disturbios, las víctimas mortales y la destrucción masiva se produjeron como consecuencia de la combinación de factores internos y la intervención de actores externos que, afirmó, “sacaron a la gente a la calle sin disparar una sola bala, mediante sanciones”. Calificó estas acciones de "terrorismo económico", poniendo el foco en las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos y su impacto en la estabilidad social iraní.
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El embajador sostuvo que la derrota de los grupos violentos permitió restablecer el orden y avanzar hacia el cumplimiento de demandas ciudadanas de ayuda económica y reconexión a internet. Insistió en que las autoridades iraníes están comprometidas con mantener la paz social y que los procedimientos legales derivados de estos acontecimientos respetarán las garantías de todos los acusados.
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