La cifra de fallecidos a causa de la represión de las protestas en Irán ha generado debate entre diversas fuentes. Según Human Rights Activists in Iran, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, el número de muertes asciende a 5.002, en tanto que los datos oficiales del gobierno iraní reconocen poco más de 3.000 víctimas mortales. Tal como informó Human Rights Activists in Iran, se siguen investigando 9.787 casos adicionales relacionados con las movilizaciones.
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reconoció en un mensaje a la nación que las recientes semanas han estado marcadas por una intensa crisis interna, con un saldo que calificó de profundo sufrimiento. De acuerdo con lo publicado por la página web de la Presidencia de Irán, Pezeshkian atribuyó la situación a lo que describió como una “respuesta vengativa de los enemigos de la nación iraní”, señalando a Estados Unidos e Israel tras su “derrota” en el conflicto de junio de 2025, provocado por la ofensiva israelí a la que después se sumó la participación estadounidense.
En su comunicado, el mandatario destacó que estos hechos transformaron lo que inicialmente fue una protesta legítima en una confrontación violenta. Tal como reportó la Presidencia iraní, Pezeshkian afirmó que “la conspiración de los que desean el mal a Irán convirtió una protesta legítima en una batalla sangrienta y violenta que ha dejado cerca de 3.000 muertos y heridas físicas y mentales a varios miles más”. Según el presidente, quienes impulsaron la violencia son responsables, a su juicio, de crímenes cometidos durante la guerra de doce días ocurrida en junio, y aseguró que “las mismas sucias manos manchadas de sangre por el asesinato de más de mil mujeres y hombres, jóvenes y niños, científicos y generales, durante la guerra de doce días, han actuado de nuevo y, con ayuda de mercenarios, han convertido unas protestas que son un derecho natural en una sociedad dinámica y vibrante en una ira impía en la que cientos de mezquitas, escuelas y espacios públicos quedaron reducidos a cenizas”.
Pezeshkian explicó que aproximadamente 2.500 civiles y personal de las fuerzas de seguridad perdieron la vida en “unos pocos días de caos e inseguridad”, a los que calificó como una experiencia amarga para el país. Además, el presidente iraní manifestó su pésame a los familiares de las víctimas y adelantó que el gobierno ha formado distintos grupos de trabajo con la tarea de analizar a fondo las causas y los factores de los incidentes, con el propósito de identificar y erradicar los orígenes de la violencia.
Según el mensaje difundido por la web de la presidencia, Pezeshkian subrayó el derecho de los ciudadanos a protestar y remarcó la obligación del gobierno de escuchar las demandas del pueblo. Insistió en la necesidad de diferenciar jurídicamente entre manifestantes legítimos y quienes, según sus palabras, participaron en actos de violencia. “Se tenga el máximo cuidado en las investigaciones para que, a través de la justicia y la compasión, se separe a los manifestantes e incluso a los que fueron engañados de aquellos cuyas manos están manchadas con la sangre de personas inocentes”, afirmó.
El mandatario señaló que el Estado tomará medidas para ofrecer compensaciones a los afectados por los acontecimientos y mencionó la importancia de aprender de este episodio para fortalecer las instituciones hacia el futuro. En su discurso, reiteró que “la gran nación iraní forjará un futuro brillante y estable bajo la guía del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, bajo la sombra de su unidad y cohesión y la solidaridad de los tres poderes (del Estado)”.
En contraste con las cifras oficiales, el balance presentado por Human Rights Activists in Iran eleva notablemente el número de víctimas. Según publicó la ONG, entre los 5.002 fallecidos, figuran 4.714 manifestantes, de los cuales 42 eran menores de edad, 207 integrantes de las fuerzas de seguridad y 39 civiles que no estaban participando en las movilizaciones. Además, indicó que 7.391 personas resultaron heridas y 26.852 fueron arrestadas durante la represión, mencionando la emisión de 192 “confesiones forzadas” de parte de personas detenidas por las fuerzas de seguridad.
La organización también informó sobre la persistencia de un bloqueo de Internet que, hasta el momento, se prolonga casi dos semanas, lo que ha dificultado la obtención y verificación de información sobre los hechos. Human Rights Activists in Iran subrayó que la mayoría de las muertes y heridas se produjeron en el contexto de protestas motivadas por la crisis económica y el deterioro de la calidad de vida en el país.
De acuerdo con lo consignado por la ONG, la represión y la respuesta de las fuerzas del orden han afectado a amplios sectores de la sociedad. Las movilizaciones, que comenzaron como manifestaciones acerca del impacto económico y social derivado de la crisis, escalaron hasta convertirse en enfrentamientos que incluyeron la destrucción de cientos de edificios públicos y religiosos.
El medio detalló que, ante la magnitud de los hechos y la presión internacional ejercida por los informes de organizaciones como Human Rights Activists in Iran, las autoridades iraníes han reiterado públicamente que están comprometidas en distinguir entre quienes participaron en protestas pacíficas y aquellos involucrados en actos violentos, así como en proveer asistencia y compensación a los afectados. También mencionaron que la investigación de los hechos y las causas detrás de la violencia continúa en desarrollo.
Según describió la ONG, la proporción de menores entre las víctimas mortales y la cantidad de detenciones, así como el uso de “confesiones forzadas”, han generado inquietud en la comunidad internacional y han llevado a múltiples llamados para que se respeten los derechos humanos y se restablezca el acceso a la información y la libertad de expresión.
El reporte de Human Rights Activists in Iran indica que los sucesos recientes han dejado heridas no solo materiales sino también sociales y políticas dentro de Irán, generando un clima nacional marcado por la confrontación entre versiones oficiales e investigaciones independientes, sumado al bloqueo de la red digital y la persistencia de demandas sociales relacionadas con la situación económica y la vida cotidiana en el país.
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